Muchos en el Uruguay han perdido la memoria. Algunos futuros jerarcas de gobierno han puesto cara de enojados o rostro semblante cuando se viene planteando -con serios fundamentos- que hay indicios de querer volver al proyecto “Uruguay Plaza Financiera” que nos marcó en toda la década del 80, 90 y los primeros años del 2000.
La afirmación ha sido tajante “Uruguay nunca fue un paraíso fiscal” y parece que en el pasado hubiéremos sido los reyes de la transparencia.
Creo que un repaso de que significa ser un Paraíso Fiscal hoy a nivel internacional puede ser ilustrativo. Es claro que los requisitos actuales son muchísimos más exigentes para los países que en la década del 90, donde el lavado de dinero y los flujos financieros pululaban con escaso control por el mundo; hoy la realidad es otra.
No hay una definición unánime ni acabada de cuando estamos ante un paraíso fiscal. Los diferentes organismos internacionales tienen 
distintas definiciones del concepto.
La OCDE define a los paraísos fiscales como “aquellas juridicciones que se configuran a si mismas como tales con el fin principal de evadir impuestos realizando prácticas fiscales perjudiciales para otros sistemas tributarios estatales, pues suponen competencia para las normas de protección de datos y privacidad”.
Ellos constituyen instituciones elegidas por actores empresariales y personas para tratar de eludir impuestos encontrando vacíos legales y requisitos que permiten posicionar las enormes ganancias en territorios de baja o nula tributación. Estos instrumentos han sido utilizados por las grandes multinacionales para minimizar sus pagos de impuestos en el mundo, dejando un agujero negro que cada día se volvía más insostenible.
No solamente la evasión impositiva a gran escala, sino que los paraísos fiscales han sido y son refugio de delincuentes organizados para llevar a cabo procesos de blanqueo de capitales proveniente de todo tipo de actividades ilícitas que van desde el narcotràfico, coimas y sobornos, secuestro de personas, trata de blancas o terrorismo por citar algunas.
Combatir estas prácticas no son solo temas económicos y de recaudación de los estados. Se trata de un tema ético y de seguridad y protección de nuestros ciudadanos.
En el documento “Estandares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” a través de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos da una idea del estado actual de exigencias en esta materia.
Algunos de los puntos más relevantes lo podemos resumir en:
a) Cooperación y coordinación de datos entre países. En el mundo de los 90 el intercambio de información entre países era nulo. En el caso de Uruguay constituía una “cuestión de Estado”, negarse o directamente obstaculizar cualquier dato de carácter tributario; era una cuestión “estratégica” para facilitar la llegada de cualquier tipo de capital, no importaba ni su monto ni su orígen. Los argentinos en particular encontraban en Uruguay un lugar privilegiado para traer sus fondos de dudoso orígen sin ninguna restricción.
Esto perjudicaba claramente a la Argentina, pero nosotros eramos “los vivos” que la teníamos clara. De más está decir, que esta realidad cambió radicalmente con los gobiernos frenteamplistas. Hoy estamos llenos de tratados de intercambio de información con una gran cantidad de países y en particular con la Argentina.
b) Que las leyes existentes sobre el secreto de las instituciones financieras no impidan la implementación de las recomendaciones de GAFI. Necesitamos tan solo recordar lo que era el secreto bancario en esas décadas. Sacrosanto, intocado, base de todo el sistema económico uruguayo, una especie de vaca sagrada que era equivalente a desarrollo a cualquier costo y a cualquier precio. El secreto bancario -y junto con él secreto tributario- primaba ante cualquier cosa. Era un corsé, un limitante extraordinario para combatir mínimamente el mundo financiero oscuro, que pululaba por nuestro país lo más campante.
Tampoco debemos recordar que esta realidad también cambió totalmente en estos 15 años. El secreto bancario fué perforado por todos lados y hoy se utiliza para su verdadero fin; proteger la privacidad de las personas, no proteger a los delincuentes nacionales e internacionales.
c) Exigencia a las instituciones financieras de conocer sus clientes, establecer de donde provienen sus fondos, como se mueve, la necesidad de reportar las operaciones por montos importantes o de carácter sospechoso. Recuerdo los años 90; te presentabas en un banco, te pedían el número de cédula, abrías una cuenta y salvo casos muy groseros, nadie controlaba absolutamente nada ni del orígen de los fondos ni la reputación del cliente. El Chapo Guzmán o la familia Bin Laden abrían una cuenta sin inconvenientes en aquel Uruguay.
Es meloso decir que esa realidad también cambió drásticamente en estos últimos 15 años. Hoy los bancos tienen requisitos muy fuertes de control de sus clientes, de reportes de cualquier operación fuera de lo normal y el dinero no corre como perico por su casa en ninguna institución financiera del Uruguay.
d) La definición de OCDE habla de “tratamiento diferencial en la tributación de nacionales y extranjeros” y “no realizar prácticas fiscales que perjudiquen los sistemas tributarios de otros estados”. Existían en nuestra legislación las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFIs) creadas exactamente para hacer lo contrario a lo que nos recomiendan los organismos internacionales. Eran tipos de sociedades usadas por personas extranjeras que permitían una bajísima tributación y que en general perjudicaban enormemente las tributaciones de otros estados. Brasil en particular, fué uno de los países que se quejó amargamente de este tipo de sociedades durante años. De más está decir; los gobiernos del Frente Amplio las derogaron.
Como me dijera un baqueano. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y dice guau guau es posible que no sea un perro…..pero se le parece bastante..
No sé si técnicamente el Uruguay era un Paraíso Fiscal en las década de los 80 y los 90. En realidad se trata de una distinción semántica de escasa importancia.
Si sé muy bien como se manejaba el Uruguay en esas décadas, en el mundo de hoy -si esas prácticas y esas normas estuvieran vigentes- estaríamos borrados del concierto mundial.
No es para poner cara de enojado.
No es para poner cara de sorprendido. Ni para hacerse el distraído.
Si alguno está pensando en retroceder y volver a esto, está simplemente trasnochado.
Por Gerardo “Negro” Gadea
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