Está decidido que habrá un Ministerio de Medio Ambiente. Parece estar de acuerdo todos los interesados en el deterioro ambiental que sufrimos. ¿Pero, es un ministerio la mejor solución?
Esta es una nota de verano. El autor no es jurista, ni administrativista, ni tiene conocimientos sobre programas de medio ambiente y ni de experiencias extranjeras para comparar. Pero lo interesante de escribir o leer algo es que puede surgir un aspecto distinto, aunque luego se deseche porque no conmueve convicciones anteriores.
Uruguay tiene problemas ambientales generalizados. En campos y ciudades, ríos y costas, aires y subsuelos, paisajes y seres vivos. Además, pese a que el Mvotma tiene tres décadas, hay mucho atraso para encarar las situaciones.
Además, muchas de las herramientas que tiene el Estado no dependen del Ministerio de Medio Ambiente, sino otros, como el de Ganadería y su control de uso de suelos, o de intendencias. Así que el problema no es menor. Y mi pregunta es si conviene que todo dependa del nuevo Ministerio.
Vale insistir en que no es sólo una medida del futuro oficialismo pentapartito. En la Comisión de Programa del Frente Amplio toda la Unidad Temática de Medio Ambiente consideraba a la creación del Ministerio como el punto fundamental de la plataforma. Tanto que, como había cinco propuestas de nuevos ministerior (Medio Ambiente, Cultura, Género, Deporte y Ciencia), y como había acuerdo de que era mucho, Ricardo Ehrlich propuso no incluir ninguna propuesta a texto expreso, sino usar una fórmula como “jerarquizar la institucionalidad” en esas áreas. Bueno, los integrantes de la Unidad Temática de Ambiente sostuvieron su posición a tal punto que ese fue, que recuerde, el único asunto que no salió por consenso, sino que hubo que votar.
El principal argumento a favor de la creación de un ministerio específico para el área es precisamente “fortalecimiento político-institucional ambiental”. Un ministro tiene autoridad y recursos para hacer planes y para ejecutar programas, acciones e inversiones, dependiendo sólo del Presupuesto y el apoyo del Presidente. Un Director General está mucho más limitado desde todo punto de vista.
Ahora, una de las potestades fundamentales de la actual Dirección de Medio Ambiente (Dinama) es aprobar o no y luego controlar los emprendimientos que puedan afectar el entorno. El problema es que el Poder Ejecutivo es el primer interesado en que las inversiones se hagan, las obras se ejecuten y los recursos se pongan en valor.
Ante este interés, jerarquizado institucionalmente si los hay, está mucho más comprometida la independencia de un ministro,que asiste semanalmente a una reunión con el Presidente y sus pares, que la de un director que está más ligado a sus técnicos.
Esta no es una sospecha paranoica. Durante el quinquenio 2010-2014, fue denunciada la presión sobre la Dinama en relación a varios grandes proyectos como Aratirí, un puerto de aguas profundas o una planta regasificadora. Todos ellos contaron con apoyo entusiasta del Presidente, que se refería con frecuencia ante la prensa sobre el estado de estos expedientes o se quejaba por su demora.
No importa ahora si eso implicó alguna presión real. Importa que el armazón jurídico institucional lo hubiera permitido. Y con un ministerio lo permitirá más agudamente.
Otros países, por eso mismo, han separado estas oficinas técnicas del Poder Ejecutivo. En Uruguay existen pocos mecanismos para concretar algo así. Ursec y Ursea se separaron de los entes comerciales, pero dependen de la OPP. Fiscalía tiene por ley independencia técnica, aunque es un servicio descentralizado dependiente del MEC. Otro ejemplo es el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, que está fuera del Ejecutivo, pero justificado en la funcion de fiscalización del Ejecutivo por parte del Legislativo, lo que no sería el caso en la autorización de emprendimientos privados.
En definitiva, no sé cómo podría diseñarse mejor. Baste por hoy con dejar prendida una luz roja en torno al diseño del nuevo ministerio.
Por Jaime Secco
periodista uruguayo
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