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Acuerdo firmado por los partidos de la coalición para gobernar luego del balotaje

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Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado 27 de octubre. En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 56 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de  99)  y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos.

Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos. Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas, nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente. Cada uno de esos rumbos se traduce en medidas concretas, sobre las que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando.

Las grandes líneas estratégicas sobre las que hemos acordado son las siguientes:

 

1.UN GOBIERNO CON LAS CUENTAS EN ORDEN
Los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron. A pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para de crecer, una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Las necesidades fiscales, traducidas en aumentos de impuestos y tarifas, en emisión de deuda y en atraso cambiario, han puesto contra las cuerdas al sector productivo, lo que derivó en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Nosotros nos comprometemos a un manejo cuidadoso y responsable del dinero de todos. Los recursos que se vienen malgastandoson aportados con esfuerzo por los uruguayos. Para cortar este ciclo nos comprometemos a impulsar medidas tales como:

  • Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio
  • Realizar durante 2020 una auditoría de gestión, dentro del marco constitucional vigente, que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos
  • Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables
  • Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una Regla Fiscal de Balance Estructural
  • Avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una lógica de “base cero” para todos los gastos discrecionales
  • Reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, en consonancia con las necesidades de cada repartición
  • Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles
  • Reducir los cargos de particular confianza, especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte

de ellos por cargos de alta dirección pública

  • Reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindible

2.UN ESTADO INTELIGENTE Y TRANSPARENTE

Durante los últimos años, el Estado se ha vuelto más ineficiente, más opaco y más burocrático. Nosotros nos comprometemos a impulsar una reforma del Estado que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

  • Crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
  • Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea
  • Jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria
  • Fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica,
  • Concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso,

inducción y redistribución de funcionarios públicos

  • Fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas
  • Firmar contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos
  • Humanizar la función pública, mejorando de las condiciones de trabajo de los funcionarios
  • Fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas
  • Fortalecer las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva
  • Avanzar en la descentralización: fortalecer los gobiernos locales, asignándoles más competencias y recursos
  • Promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales
  • Plan de desburocratización y simplificación de trámites, con apoyo en la tecnología
  • Plan de aprovechamiento y evaluación del estado de conservación de inmuebles del Estado
  • Incorporación de un paquete de leyes anticorrupción: enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio

 

3.EMPRESAS PÚBLICAS AL SERVICIO DE LA GENTE

Las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas. Experiencias como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este principio básico. Para recuperar el sentido original de estos organismos que forman parte de nuestras tradiciones institucionales, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

 

  • Concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas
  • Aplicar a las empresas públicas las mejores

 

prácticas de gobierno corporativo

 

  • Aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios
  • Promover la designación directorios profesionales, y

 

establecer la obligación de coordinar con el Parlamento la presentación y seguimiento de planes estratégicos

 

  • Revisar los criterios de presentación de los estados económico-financieros

 

  • Establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las

 

empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión

 

  • Fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias y otorgándoles más independencia y mayores recursos
  • Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras

4.IMPULSO AL CRECIMIENTO: DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

 

A la riqueza nacional la generamos los uruguayos con nuestra creatividad, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Por eso se necesita reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Es fundamental implementar medidas que mejoren las condiciones de vida de los uruguayos. Para eso nos comprometemos a medidas tales como:

  • Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad

 

  • Avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas

 

  • Avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica
  • Impulsar al sector agropecuario como motor de la economía

 

  • Avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad
  • Fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que promuevan una producción ambientalmente sostenible.

 

  • Impulso a la agroindustria. Estímulo a la formación de Clusters de Conocimiento y Experiencias agroalimentarias entre universidades, centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario doméstico e internacional. Impulso y fomento a la incorporación de I+D+i

 

  • Plan de mejora de la seguridad rural, particularmente en relación al abigeato

 

  • Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad, que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad

 

  • Promover la contratación de seguros agropecuarios en

 

sectores que hoy cuentan con bajos niveles de cobertura

 

  • Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales

 

  • Elaborar y poner progresivamente en práctica de un programa

 

de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con visión logística y territorial, que reduzca los costos asociados de transporte al mismo tiempo que actúe como generador de empleo

 

  • Modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados

 

  • Impulsar medidas de apoyo a las micro y pequeñas

 

empresas, incluyendo un régimen tributario especial

 

 

  • Fomentar la cultura emprendedora. La generación de nuevos emprendimientos crea empleo, pero además debe ser concebida como una herramienta para el desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora de las condiciones de vida

 

  • Promover la creación de parques industriales y

 

mejorar la Ley de Promoción de Inversiones

 

  • Promover un turismo sostenible y competitivo, desestacionalizando la actividad, diversificando los públicos y mejorando la conectividad aérea, terrestre y marítima

 

  • Fortalecer el mercado de valores como vía para generar mejores oportunidades de financiación a las micro y pequeñas empresas
  • Modificar la Ley de Inclusión Financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario

5.INSERCIÓN INTERNACIONAL: ABRIR MERCADOS Y HACER ALIANZAS

 

Tras años de una política exterior movida por las “afinidades ideológicas”, el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado

del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo, sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos. Por eso nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

 

 

  • Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho

 

  • Establecer un Plan Estratégico de Política exterior

 

2020-2025, que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivo

 

  • Reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial. Se impulsará una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos

 

  • Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible


Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral

 

  • Hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades

 

que presentan los acuerdos ya firmados por Uruguay, como el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC

 

  • Impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente con los principales países del Sudeste y Sur de Asia
  • Estimular el comercio electrónico mediante

 

el uso de plataformas digitales

 

  • Programa de internacionalización de la tecnología que incluya la instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y para promover la cooperación de la industria local con industrias globales

 

  • Fortalecer a las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones, potenciando su impacto y eliminando duplicaciones
  • Desarrollar una política de fronteras que responda a

 

desequilibrios de corto y mediano plazo. Hay que analizar la estructura de costos del comercio fronterizo, implementando medidas que permitan su competitividad

 

  • Desarrollar la diplomacia cultural

6.UNA POLICÍA RESPETADA,UNA SOCIEDAD PACÍFICA

 

El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Medidas como las que se proponen en esta sección deben ir acompañadas de un trabajo de más largo aliento sobre las causas del delito, en particular la exclusión social:

 

  • Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República

 

  • Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado

 

  • Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos

 

y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias

 

  • Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral. Profesionalizar los procesos de selección y valoración de competencias, desarrollar capacidades institucionales para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado

 

  • Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio

 

  • Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal
  • Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y fronteras, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza

 

  • Modificar la normativa vigente para permitir registros

 

personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios

 

  • Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad
  • Construcción de una cárcel de máxima seguridad para

 

integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad

 

  • Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socio-educativos

 

  • Revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento
  • Revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas

 

  • Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos, preservando su confidencialidad. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)

 

  • Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana,

 

que incorporará bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales, regionales o móviles

 

  • Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas, creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional

 

  • Fortalecer el vínculo y coordinación entre la Policía, la Fiscalía

 

y la Justicia Penal. Reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas

 

  • Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones
  • Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género
  • Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través

 

del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario

  • Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos,

 

extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias

 

7.UNA POLÍTICA DE DEFENSA ADECUADA AL SIGLO XXI

 

En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de su componente esencial, la política militar, es tarea del poder civil. La conducción de la política de defensa, y de su componente esencial: la política militar, es una de las responsabilidades de todo gobierno. Hoy hace falta ajustar esa política a los desafíos de un siglo XXI que plantea nuevas realidades. En este marco, nos proponemos impulsar medidas tales como:

 

  • Asegurar la continuidad de la participación en Operaciones de Paz, en el marco de la organización de Naciones Unidas y en cumplimiento de acuerdos internacionales suscriptos, mediante el despliegue de contingentes militares, observadores militares, policiales e integrantes en Estados Mayores Multinacionales

 

  • Protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo el subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo

 

  • Desarrollar una planificación de largo plazo para la incorporación de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y

eficaz de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas, recurriendo entre otras cosas a acuerdos de Estado a Estado

  • Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando

 

una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos

 

  • Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas

y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos

 

  • Reforzar la presencia del país en el Continente Antártico

 

  1. TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

 

El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los últimos gobiernos han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

 

  • Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia, con foco en el niño y su derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender

 

  • Fortalecimiento del rol de Ministerio de Educación y Cultura como institución responsable de la política educativa nacional, sin perjuicio de los cometidos de la ANEP, la UDELAR y la UTEC

 

  • Fortalecimiento de los centros educativos como comunidades privilegiadas para la generación de aprendizajes
  • Modificar el Estatuto Docente de ANEP, para que la antigüedad deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos

 

  • Extensión del tiempo pedagógico y de permanencia

 

de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el país

 

  • Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP

 

  • Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los


18 años, y que se fundamente en la formación por competencias

 

  • Impulso a la formación dual y otras modalidades que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo de la producción y del trabajo
  • Desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la incorporación de nuevas tecnologías constructivas
  • Fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes

 

  • Plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras

 

  • Profesionalizar las funciones de dirección y supervisión, mediante la formación de recursos humanos y la creación de condiciones institucionales para nuevas modalidades de liderazgo educativo

 

  • Impulsar al INEEd como agencia evaluadora independiente, a la que se dotará de los recursos y de una gobernanza adecuada, que cumpla el principio de que quien presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa

 

  • Profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación, apoyándonos en la experiencia del Plan Ceibal y de la UTU
  • Integrar a las familias al proceso educativo

 

  • Trabajar para lograr un cambio cultural desde una educación segregada hacia una educación inclusiva, que respete la diversidad y reconozca la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad

 

  • Fortalecer las asambleas Técnico Docentes como ámbitos de reflexión y propuesta educativa

 

  • Desarrollar de la UTEC del país, apostando a la creación de nuevas carreras tecnológicas en el interior del país y aumentando el número de plazas disponibles

 

  • Asegurar la efectiva vigencia del principio

 

de laicidad en la educación pública

 

9.PROTEGER A LOS MÁS DÉBILES

 

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es recuperar la integración y la justicia social. Siempre fuimos la sociedad más integrada y con mejor distribución del ingreso en América Latina. Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la vulnerabilidad económica de muchos hogares. Nosotros queremos romper los ciclos generadores de desigualdad y de exclusión. Para eso nos comprometemos, entre otras cosas, a impulsar las siguientes medidas:

 

  • Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES, incrementando su efectividad, reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, con las familias y con la sociedad civil

 

  • Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de

 

la formación de la persona y como momento en el que se juega

 

buena parte de la igualdad de oportunidades. Nos proponemos

 

asegurar una atención integral que alcance a todos los niños

 

  • Mejorar la eficacia de las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria, manteniendo el nivel de las prestaciones
  • Desarrollar políticas sociales en diálogo y articulación con las familias, como agente fundamental de protección, contención e impulso al desarrollo personal. Las políticas sociales no deben focalizarse en los individuos aislados, como si el entorno familiar no existiera, sino articular con él y tomar las precauciones necesarias para preservarlo. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias

 

  • Reorganizar y coordinar el conjunto de agencias estatales que actúan en lo social: MIDES, INAU, ANEP, INJU, programas específicos del MSP, Ministerio de Vivienda, ANV y de los gobiernos departamentales, etc.

 

  • Fortalecer y ampliar la cobertura de los centros CAIF

 

  • Profundizar las políticas de prevención a

 

bordaje al maltrato y al abuso infantil

 

  • Revisar y rediseñar los mecanismos de adopción, promoviendo un acortamiento de procesos en un marco de garantías adecuadas para todas las partes

 

  • Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.

 

  • Reformular la institucionalidad de la vivienda, y promover el acceso mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, la reducción de costos fiscales, la incorporación de nuevos sistemas constructivos, la generación de nuevos mecanismos de alquiler y la promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción

 

  • Fortalecimiento del programa MEVIR, complementándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios
  • Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia

 

  • Promover el deporte desde un enfoque social, aprovechando sus potencialidades como instrumento de integración social, de construcción de sentido comunitario y de desarrollo personal

 

  • Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol
  • Crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población

 

  • Estandarizar los criterios para certificar la discapacidad, eliminando la inequidad en el acceso a las ayudas extraordinarias AYEX y las pensiones otorgadas por el BPS

 

  • Impulsar el desarrollo de ciudades accesibles, priorizando

 

la solución de problemas de accesibilidad a centros educativos, dependencias estatales y espacios públicos

 

  • Desarrollo de programas que compensen las desventajas generadas por la diabetes y la enfermedad celíaca
  • Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad

 

  • Reducir progresivamente las tasas de los préstamos que

 

el BPS y el Banco República ofrecen a los pasivos

 

  • En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS

 

  1. AGENDA DE DERECHOS

 

Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de fronteras. Esta tarea, tal como la concebimos, debe permear toda la acción de gobierno, incluyendo, entre otras, a las políticas sociales, la política educativa, la política carcelaria y la política exterior. En este marco, nos comprometemos entre otras cosas a impulsar las siguientes acciones:

 

  • Combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades

 

  • Fomento de políticas públicas de conciliación entre

 

la vida laboral y la vida doméstica, como manera de

 

disminuir la brecha de oportunidades entre géneros

 

  • Rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes, víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación

 

  • Mantener la legislación vigente y continuar trabajando

 

en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales

 

  • Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos

 

  • Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.

 

11.PROTEGER EL MUNDO DEL TRABAJO

 

Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. Al mismo tiempo hace falta dar respuesta a los cambios sustanciales que se están produciendo, de la mano de la revolución tecnológica y la rápida transformación de las formas de vida.

 

  • Defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos
  • Reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales
  • Creación de Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial

 

  • Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la

 

diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores

 

  • Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo largo del tiempo, se pondrá énfasis en mejorar los niveles de productividad.

 

  • Levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva
  • Legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos
  • Actualización y sistematización de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo

 

  • Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad
  • Mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja” (Ley

 

18.240), en el entendido que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado

 

  • Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos como los establecidos por la Ley 19.689 del 23 de octubre de 2018

 

  • Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que claramente no han generado los efectos esperados. Crearemos a tal efecto un grupo de trabajo multipartidario con sólido apoyo técnico

 

  • Impulso al cooperativismo
  1. CUIDAR LA SALUD DE LOS URUGUAYOS

 

Uruguay gasta más del 9 % del PBI en salud. Se trata de una cifra muy alta, comparable a la que gastan los países escandinavos. Con ese volumen de gas-to, todos los uruguayos deberían estar accediendo a una salud de primer nivel. Pero no es eso lo que ocurre. La conclusión, una vez más, es que se está gastan-do mal. Los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud no están en los principios que lo rigen (universalización, fortalecimiento de la medicina preven-tiva, complementación de servicios, canasta mínima de prestaciones garantiza-das, subsidio de la demanda) sino en la inmensa distancia que existe entre esos principios y el funcionamiento real del sistema. Nosotros nos proponemos redu-cir esa brecha. Para eso, nos comprometemos entre otras cosas a:

 

  • Fortalecer el peso del MSP en el funcionamiento del sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria que le daba la Ley N°9.202, y posteriormente la Ley N°18.211

 

  • Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los prestadores. Es necesario superar el “corralito” mutual, buscando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema

 

  • Emprender una reforma integral de ASSE, para transformarla

 

en un prestador eficaz y eficiente. Equiparar las obligaciones y el paquete de prestaciones de ASSE al de los demás prestadores integrales de salud, a la luz de lo definido en el Plan Integrado de Atención en Salud (PIAS). Para las prestaciones que no incluye el PIAS, se estudiará caso a caso la mejor forma de cubrirlas.

 

  • Crear una agencia independiente de evaluación de tecnologías.

 

  • Mejorar el sistema de información en salud, mediante la incorporación intensiva de TIC al proceso de toma de decisiones
  • Adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona
  • Reforzar los acuerdos con organismos que se ocupan del desarrollo humano (por ejemplo, SOCAT del MIDES, ANEP, INAU), así como con la comunidad organizada, para apuntalar en el Primer Nivel de Atención la coordinación y eficacia de las acciones dirigidas a los grupos de mayor riesgo de la población

 

  • Concretar la complementación de servicios públicos y privados en todo el país (complementariedad interinstitucional)
  • Crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior
  • Desarrollar una telemedicina de calidad y organizar rondas sanitarias periódicas en zonas rurales y pequeños centros urbanos, con móviles equipados con ecógrafo, equipo de RX, mamógrafo, electrocardiógrafo, sillón odontológico, equipamiento para extracción y conservación de muestras de laboratorio, kits de tamizaje para patologías prevalentes, etc., con uso de la telemedicina

 

  • Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, y en su financiamiento.
  • Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional (urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual, bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación.

 

Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes.

 

  1. MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

 

Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las genera-ciones futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no se ha respondido con suficiente eficacia. Por eso apuntamos a una política ambiental que sea pilar del desarrollo productivo y turístico al tiempo que asegura la protección de nuestros recursos naturales. En este marco de sensibilidad y preocupación, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:

  • Crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el MVOTMA. Esta reorganización asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, y fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica

 

  • Incrementar la participación ciudadana en temas ambientales, dando especial protagonismo a las comunidades locales. Implementar políticas públicas participativas en temas ambientales
  • Desarrollar una política integrada de medidas de recuperación, monitoreo y protección de la calidad de los cursos de agua, suelos y aire, que haga posibles una actividad productiva y un desarrollo urbano que sean sostenibles y solidarios con las generaciones futuras
  • Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies
  • Velar por el pleno cumplimiento del marco legal ambiental durante los procesos de construcción y funcionamiento de emprendimientos industriales
  • Reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona

 

  • Examinar el Proyecto de Ley de la creación de Delitos Ambientales de 2017 y promover su votación con los cambios necesarios
  • Promover la economía circular y la responsabilidad

 

extendida de los productores

 

  • Profundizar el uso, seguimiento e interpretación de indicadores ambientales en todas las áreas
  • Crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales,

 

y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía

 

  • Actualizar la normativa en materia de ruido y emisiones vehiculares a los efectos de incorporar las buenas prácticas internacionales

 

  • Avanzar en la creación de un Sistema nacional de Gestión de Residuos, en coordinación con los gobiernos departamentales, para lograr altos niveles de reciclaje, disminuir la necesidad de incineración y garantizar el manejo seguro de residuos tóxicos

 

  • Fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y niveles de enseñanza. En particular, desarrollar programas de educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier edad y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente

Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este documento. La construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando y especificando otras líneas de acción y nuevas medidas concretas. Lo que queda expresado aquí son los grandes rumbos estratégicos que darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición.

Este es nuestro compromiso. Aquí están nuestras certezas. Seremos un gobierno fundado en la confianza recíproca y en la cooperación.

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