Los 13 puntos del acuerdo de la coalición que impulsa a Luis Lacalle Pou a la Presidencia de la República

Documento de la coalición que integran los partidos Nacional, Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto.

Compromiso por el país
Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado 27 de octubre. En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 54 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de 99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos.

Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos. Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas, nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente. Cada uno de esos rumbos se traduce en medidas concretas, sobre las que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando. Fuimos competidores y competimos lealmente entre nosotros. Ahora somos socios comprometidos con un mismo proyecto.

Las grandes líneas estratégicas sobre las que hemos acordado son las siguientes:

1. Un gobierno con las cuentas en orden
Los gobiernos del Frente Amplio no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron. A pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para de crecer, una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Todo esto afecta a las familias y a quienes se esfuerzan por producir. Y todo esto tiene consecuencias indeseables, como la destrucción de empleo.

Nosotros nos comprometemos a un manejo cuidadoso y responsable del dinero de todos.

Los recursos que se vienen malgastando son aportados con esfuerzo por los uruguayos, tanto a través de impuestos como de tarifas que han sido usadas con fines de recaudación. Para cortar este ciclo nos comprometemos a impulsar medidas tales como:
• Disminuir el déficit fiscal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social
• Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una Regla Fiscal de Balance Estructural
• Avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una lógica de “base cero” para todos los gastos discrecionales
• Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles

2. Un Estado inteligente y transparente
Durante los gobiernos del Frente Amplio, el Estado se ha vuelto más grande y más caro. Al mismo tiempo se ha vuelto más ineficiente, más opaco y más burocrático. Nosotros nos comprometemos a impulsar una reforma del Estado que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
• Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea
• Jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria
• Fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica,
• Concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos
• Fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas
• Firmar contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos
• Humanizar la función pública, mejorando de las condiciones de trabajo de los funcionarios
• Modernizar la institucionalidad del Banco Central
• Fortalecer el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
• Avanzar en la descentralización: fortalecer los gobiernos locales, asignándoles más competencias y recursos
• Plan de desburocratización y simplificación de trámites, con apoyo en la tecnología
• Plan de aprovechamiento de inmuebles del Estado

3. Empresas públicas al servicio de la gente
Las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas. Experiencias como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este principio básico. Para recuperar el sentido original de estos organismos que forman parte de nuestras tradiciones institucionales, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas
• Reformar la gobernanza de las empresas públicas
• Aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios
• Obligación de que los directorios presenten planes estratégicos ante el Parlamento
• Máxima transparencia en la difusión de los estados económico-financieros
• Revisión sistemática de las empresas subsidiarias de derecho privado
• Fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias y otorgándoles más independencia y mayores recursos

4. Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad
A la riqueza nacional la generamos los uruguayos con nuestra creatividad, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Por eso se necesita reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Es fundamental implementar medidas que promuevan la competitividad y mejoren las condiciones de vida de los uruguayos. Para eso nos
comprometemos a medidas tales como:
• Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad
• Autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución
• Impulsar medidas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES)
• Fomentar la cultura emprendedora. La generación de nuevas unidades de negocio crea fuentes de empleo, pero además debe ser concebida como una herramienta para el desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de riqueza.
• Modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales, eliminarsuperposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados
• Modificar la política tributaria del agro, que debe estar basada en la renta como ocurre en los demás sectores de la economía
• Plan de mejora de la seguridad rural
• Medidas de protección de la lechería, la granja, la vitivinicultura, la producción familiar y la ruralidad
• Implementar un sistema se seguros agropecuarios
• Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales
• Promover la formación de Clusters de Conocimiento y Experiencias agroalimentarias entre universidades, centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario doméstico e internacional
• Elaborar y poner en práctica de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con visión logística y territorial
• Promover la creación de parques industriales y mejorar la Ley de Promoción de Inversiones
• Facilitar los procedimientos de admisión temporaria para industrias orientadas a la exportación
• Promover el turismo, desestacionalizando la actividad y diversificando los públicos
• Fortalecer del mercado de valores
• Eliminar la obligación financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera

5. Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas
Tras años de una política exterior movida por las “afinidades ideológicas”, el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos.
Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo, sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos. Por eso nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho
• Fortalecer la diplomacia comercial. Se impulsará una estrategia de diversificación
de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos
• Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible
• Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral
• Hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades que presentan los
acuerdos ya firmados por Uruguay, como el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC.
• Impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente con los principales países del Sudeste asiático.
• Potenciar la función de las Oficinas Comerciales del Servicio Exterior mediante su adecuada profesionalización; incrementar su presencia en los mercados de mayor potencial de crecimiento
• Estimular el comercio electrónico mediante el uso de plataformas digitales.
• Fortalecer a las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones, potenciando su impacto y eliminando duplicaciones
• Desarrollar una política de fronteras que responda a desequilibrios de corto y mediano plazo. Hay que analizar la estructura de costos del comercio fronterizo, implementando medidas que permitan su competitividad
• Desarrollar la diplomacia cultural

6. Una policía respetada, una sociedad pacífica
El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como instrumentos de rehabilitación, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Frente a esta situación escandalosa, nos comprometemos a impulsar medidas como:
• Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República.
• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado.
• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias
• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio
• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal
• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza
• Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios
• Establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (artículos 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294)
• Pena perpetua revisable para delitos gravísimos
• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por niveles de peligrosidad de los internos
• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socioeducativos
• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)
• Excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico (arts. 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294), homicidio simple (art. 310 del Código Penal), homicidio agravado (art. 311 del Código Penal), homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal), 105 lesiones graves (art. 317 del Código Penal), lesiones gravísimas (art. 318 del Código Penal), rapiña (art. 344
del Código Penal), rapiña con privación de libertad (art. 344 bis del Código Penal), y secuestro (art. 346 del Código Penal)
• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales
• Profundizar y ampliar la formación policial en todas sus especialidades
• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género
• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior
• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos, extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias

7. Una política de defensa adecuada al siglo XXI
En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de su
componente esencial, la política militar, es tarea del poder civil. La conducción de la
política de defensa es una de las responsabilidades de todo gobierno. Hoy hace falta
ajustar esa política a los desafíos de un siglo XXI que plantea una diversidad de
desafíos: narcotráfico, nuevas modalidades de terrorismo, nuevas necesidades de
protección de los recursos naturales. En este marco, nos proponemos impulsar
medidas tales como:
• Asegurar la continuidad de las Misiones de Paz de Naciones Unidas, mediante el
despliegue de contingentes militares, observadores militares, policiales e
integrantes en Estados Mayores Multinacionales.
• Protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo el
subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo
• Desarrollar una planificación de largo plazo para la incorporación de los medios
necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las misiones encomendadas a
las Fuerzas Armadas, recurriendo entre otras cosas a acuerdos de Estado a Estado
• Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando una visión moderna que
permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones
y cometidos.
• Vivienda militar. Se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal
subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se
desarrollarán en esta materia
• Reforzar la presencia del país en el Continente Antártico

8. Transformar la educación
El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto
plazo los problemas de cobertura, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el
riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los gobiernos
del Frente Amplio han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo,
nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Fortalecimiento del Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de
la política educativa nacional
• Fortalecimiento de los centros educativos como escenarios privilegiados de la
generación de aprendizajes
• Reforma de los estatutos del personal docente y no docente de ANEP, respetando
los derechos adquiridos de los funcionarios actuales
• Plan nacional de construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables, que
funcionarán en marco de un nuevo Estatuto Docente
• Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los 18 años, y que
incluya la formación por competencias
• Impulso a la formación dual y otras modalidades que favorezcan la igualdad de
oportunidades en el acceso al mundo de la producción y del trabajo
• Expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del
país. Esta formación consigue buenos resultados en términos de retención y
aprendizaje, a costos reducidos y atendiendo a una población que en una
proporción importante proviene de sectores vulnerables
• Modificación de la gobernanza de ANEP: sustitución de los actuales consejos
desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al CODICEN;
los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN, con voz y sin voto
• Plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema
de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones
formadoras
• Fortalecer las funciones de dirección y supervisión, mediante la formación de
recursos humanos y la creación de condiciones institucionales para nuevas
modalidades de liderazgo educativo
• Fortalecer al INEEd como agencia evaluadora independiente, a la que se dotará de
los recursos adecuados y de una gobernanza adecuada, que cumpla el principio de
que quien presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa
• Efectivizar la alianza estratégica entre tecnología y educación
• Fortalecer las asambleas Técnico Docentes como ámbitos de reflexión y propuesta
educativa
• Fortalecer el desarrollo de la UTEC, particularmente en las regiones norte y oeste
del país, apostando a la creación de nuevas carreras tecnológicas y aumentando el
número de plazas disponibles

9. Proteger a los más débiles
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es recuperar la
integración y la justicia social. Siempre fuimos la sociedad más integrada y con mejor
distribución del ingreso en América Latina. El Frente Amplio ha pretendido apropiarse
de esos méritos que no le pertenecen, al mismo tiempo que se revelaba incapaz de
desarrollar políticas superadoras de la fractura social, de la marginalidad y de la
dependencia. Nosotros queremos romper esos ciclos generadores de desigualdad y de
exclusión. Para eso nos comprometemos, entre otras cosas, a impulsar las siguientes
medidas:
• Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES, reduciendo la
burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas
sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los
gobiernos departamentales, con las familias y con la propia sociedad
• Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de la formación de la
persona y como momento en el que se juega buena parte de la igualdad de
oportunidades. Nos proponemos asegurar una atención integral que alcance a
todos los niños en situación de vulnerabilidad
• Reformular las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria,
dando coherencia al conjunto y poniéndolas al servicio de una auténtica
integración generadora de oportunidades
• Desarrollar políticas sociales en diálogo y articulación con las familias, como
agente fundamental de protección, contención e impulso al desarrollo personal.

Las políticas sociales no deben focalizarse en los individuos aislados, como si el
entorno familiar no existiera, sino articular con él y tomar las precauciones
necesarias para preservarlo. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud de
diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias
• Reorganizar y coordinar el conjunto de agencias estatales que actúan en lo social:
MIDES, INAU, ANEP, INJU, programas específicos del MSP, Ministerio de Vivienda,
ANV y de los gobiernos departamentales, etc.
• Fortalecer los centros CAIF y reformular el convenio ASSE-CAIF
• Profundizar las políticas de combate al maltrato y al abuso infantil
• Revisar y rediseñar los mecanismos de adopción, promoviendo un acortamiento
de procesos en un marco de garantías adecuadas para todas las partes
• Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de
Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los
servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión
regular a la red de energía eléctrica.
• Reformular la institucionalidad de la vivienda, y promover el acceso mediante un
conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, la reducción
de costos fiscales, la incorporación de nuevos sistemas constructivos, la
generación de nuevos mecanismos de alquiler y la promoción de la ayuda mutua y
de la autoconstrucción
• Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de
adultos mayores y niños dentro de la propia familia
• Promover el deporte desde un enfoque social, aprovechando sus potencialidades
como instrumento de integración social, de construcción de sentido comunitario y
de desarrollo personal
• Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al
tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol
• Crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al
conjunto de acciones dirigidas a esta población
• Impulsar el desarrollo de ciudades accesibles, priorizando la solución de problemas
de accesibilidad a centros educativos, dependencias estatales y espacios públicos
• Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida
base técnica y amplio apoyo político
• Reducir progresivamente las tasas de los préstamos que el BPS y el Banco
República ofrecen a los pasivos

10. Agenda de derechos
Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa y protección
de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de fronteras. Esta tarea, tal como
la concebimos, desde permear toda la acción de gobierno, incluyendo, entre otras, a
las políticas sociales, la política educativa, la política carcelaria y la política exterior. En
este marco, nos comprometemos entre otras cosas a impulsar las siguientes acciones:
• Combate frontal a la violencia basada en género y a la discriminación por
orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de
derechos y de oportunidades
• Rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes, víctimas
de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y todo otro grupo
que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación
• Permanencia de las leyes que han sido votadas en los últimos años en beneficio de
grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen
étnico o por su orientación sexual
• Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los
instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para
avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y
las instituciones de defensa de los derechos humanos
• En el campo de la política exterior, denunciaremos a los regímenes políticos
violadores de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, sean del
signo político que sean. No creemos en la defensa intermitente de los derechos
humanos, sino en una defensa constante y coherente.

11. Proteger el mundo del trabajo
Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo
centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y
estamos comprometidos con su continuidad. Nuestro compromiso es desarrollar un
sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las
partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del
conflicto. Al mismo tiempo hace falta dar respuesta a los cambios sustanciales que se
están produciendo, de la mano de la revolución tecnológica y la rápida transformación
de las formas de vida.
• Reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza clave del sistema
uruguayo de relaciones laborales
• Creación de Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean
propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que se
encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos
relevantes para la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes
pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial
• Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las
condiciones económicas particulares de las diferentes empresas
• Defensa del poder de compra de los trabajadores. Para que la política salarial sea
sostenible y el salario real crezca a lo largo del tiempo, es necesario poner énfasis
en mejorar los niveles de productividad.
• Levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación
colectiva
• Legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, en el marco de lo
establecido en el artículo 57 de la Constitución
• Actualización y sistematización de la normativa sobre salud y seguridad en el
trabajo
• Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional Continua, que asegure
permanentes oportunidades de mejora a los trabajadores, al tiempo que favorezca
la innovación y la productividad
• Mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja” (Ley 18.240), en el
entendido que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan el mayor
apoyo del Estado
• Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas,
tales como adultos de más de 50 años y jefas o jefes de hogar desocupados, entre
otros, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos como los
establecidos por la Ley 19.689 del 23 de octubre de 2018
• Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que claramente no han
generado los efectos esperados. Crearemos a tal efecto un grupo de trabajo
multipartidario con sólido apoyo técnico
• Impulso al cooperativismo

12. Cuidar la salud de los uruguayos
Uruguay gasta más del 9 % del PBI en salud. Se trata de una cifra muy alta,
comparable a la que gastan los países escandinavos. Con ese volumen de gasto, todos
los uruguayos deberían estar accediendo a una salud de primer nivel. Pero no es eso lo
que ocurre. La conclusión, una vez más, es que se está gastando mucho pero se está
gastando mal. Los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud no están en los
principios que lo rigen (universalización, fortalecimiento de la medicina preventiva,
complementación de servicios, canasta mínima de prestaciones garantizadas, subsidio
de la demanda) sino a la inmensa distancia que existe entre esos principios y el
funcionamiento real del sistema. Nosotros nos proponemos reducir esa brecha. Para
eso, nos comprometemos entre otras cosas a:
• Fortalecer el peso del MSP en el funcionamiento del sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria que le daba la Ley N°9.202, y posteriormente la Ley N°18.211

• Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los prestadores.

Eliminaremos el “corralito” mutual, buscando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema

• Implementar la Receta Única Nacional (ya proyectada), con el fin de que cada usuario del Sistema de Salud pueda retirar sus medicamentos en cualquier farmacia del país

• Equiparar las obligaciones y el paquete de prestaciones de ASSE al de los demás prestadores integrales de salud, a la luz de lo definido en el Plan Integrado de Atención en Salud (PIAS). Al mismo tiempo, no adjudicar a ASSE cometidos que vayan más allá de los que se derivan del cumplimiento de esas prestaciones.

• Mejorar el sistema de información en salud, mediante la incorporación intensiva de TIC

• Adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona

• Reforzar los acuerdos con organismos que se ocupan del desarrollo humano (por ejemplo, SOCAT del MIDES, ANEP, INAU), así como con la comunidad organizada, para apuntalar en el Primer Nivel de Atención la coordinación y eficacia de las acciones dirigidas a los grupos de mayor riesgo de la población

• Concretar la complementación de servicios públicos y privados en todo el país, sumando a los gobiernos departamentales (complementariedad interinstitucional)

• Crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior

• Desarrollar una telemedicina de calidad y organizar rondas sanitarias periódicas en zonas rurales y pequeños centros urbanos, con móviles equipados con ecógrafo, equipo de RX, mamógrafo, electrocardiógrafo, sillón odontológico, equipamiento para extracción y conservación de muestras de laboratorio, kits de tamizaje para patologías prevalentes, etc., con uso de la telemedicina

• Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, en su financiamiento, en apuntar a aumentar ingresos y sobre todo en auditar y gestionar egresos de manera eficiente y sustentable.

• Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional (urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual, bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación. Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes.

13. Medio ambiente y bienestar animal
Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las generaciones
futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos sufrido
procesos de deterioro ambiental a los que no han sido capaces de responder con
suficiente eficacia los gobiernos del Frente Amplio. En este marco de sensibilidad y
preocupación, nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación de
funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente
en el MVOTMA. Esta reorganización asegurará un funcionamiento más ordenado y
profesional, y fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que
pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica
• Incrementar la participación ciudadana en temas ambientales, dando especial
protagonismo a las comunidades locales. Implementar políticas públicas
participativas en temas ambientales
• Desarrollar una Política Nacional de Aguas, sostenible y solidaria con las
generaciones futuras, que proteja al recurso natural de maneras compatibles con
una actividad productiva sana y un desarrollo urbano que satisfaga las necesidades
de los uruguayos
• Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando los estudios de impacto
ambiental antes de autorizar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y
de la minería a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies
• Reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fortaleciendo las medidas de
fiscalización y construyendo puentes con actividades como el ecoturismo. Velar
por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona
• Examinar el Proyecto de Ley de la creación de Delitos Ambientales de 2017 y
promover su votación con los cambios necesarios
• Promover en el agro la economía circular y la responsabilidad extendida de los
productores
• Profundizar el uso, seguimiento e interpretación de indicadores ambientales en
todas las áreas
• Crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un
Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema
Nacional de Ecoparques y Reservas Animales, y un Sistema Nacional de Salud para
animales de compañía
• Actualizar la normativa en materia de ruido y emisiones vehiculares a los efectos
de incorporar las buenas prácticas internacionales
• Avanzar en la creación de un Sistema nacional de Gestión de Residuos, en
coordinación con los gobiernos departamentales, para lograr altos niveles de
reciclaje, disminuir la necesidad de incineración y garantizar el manejo seguro de
residuos tóxicos.
• Fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y niveles de enseñanza. En
particular, desarrollar programas de educación no formal, en el marco de una
cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier
edad y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de actitud de
los ciudadanos en su relación con el ambiente

Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este documento.

La construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando y especificando otras líneas de
acción y nuevas medidas concretas. Lo que queda expresado aquí son los grandes rumbos
estratégicos que darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición. Este es
nuestro compromiso. Aquí están nuestras certezas. Seremos un gobierno fundado en la
confianza recíproca y en la cooperación.

Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, Edgardo Novick

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