¿Inconstitucionalidad o transparencia?

A propósito de la ley que regula el concurso,
ascenso y traslado de los jueces.
A la opinión pública:

Si bien desde hace tiempo veníamos meditando la idea de impulsar una ley que le brindara mayores garantías a la carrera judicial, protegiendo la carrera de los jueces y dotándola de transparencia, fue un caso particular el que terminó de poner de manifiesto la necesidad imperiosa de aprobar una ley de este tipo. En la Comisión de Asuntos Administrativos se nos presentó un caso donde se solicitaba el ascenso de un Juez cuyos méritos no estaban claros y donde podría haber otros candidatos con mayores idoneidades para el ascenso, siendo -por tanto- bastante opinable la propuesta realizada. Esa situación terminó de convencer a la totalidad de los integrantes de la Comisión de que debíamos hacer algo al respecto, que debíamos atacar ese problema.

Dr. Charles Carrera Leal

Estamos convencidos que cualquier forma de arbitrariedad, debe siempre contar con las mayores trabas legales. La ley debe tener como misión primordial ser la limitante ante el exceso y el abuso de la discrecionalidad. La discrecionalidad está dentro del marco de decisión de las personas y como tal, cuando existe un uso abusivo, se termina cayendo en su versión más perversa, que es justamente la “arbitrariedad”. Por este motivo, consideramos que cualquier ley que regule el ejercicio de la discrecionalidad debe ser bienvenida y se ajusta a la necesidad de que, en un Estado de Derecho, se evite por cualquier medio el abuso de poder.

Por este motivo, consideramos que esta ley, que establece aspectos fundamentales como el concurso para el ingreso y ascenso de los jueces, así como la vista previa para los traslados, no vulnera nuestra Constitución. La Constitución NO dice que no deba haber mecanismos transparentes para el ingreso, ascenso y traslado dentro de la Magistratura. Según nuestra humilde opinión, resultaría bastante paradójico que fuera la propia Constitución (con todas sus garantías reconocidas), la que consagrare la arbitrariedad y la falta de transparencia.

En particular, respecto de los traslados, resulta llamativo que se invoque la inconstitucionalidad, impidiendo al magistrado la posibilidad de ser oído previo a disponer su nuevo destino. Además, creer que no deba fundarse el traslado de un juez resulta igualmente llamativo, en la medida que esto es un imperativo de toda la Administración Pública. Cuando se traslada a un funcionario, en cualquier ámbito de trabajo, se debe invocar una razón, de lo contrario se termina cayendo en la arbitrariedad. Esta falta de fundamento implica una violación a la transparencia de los procedimientos, al Derecho a la carrera judicial y al principio de Juez Natural.

Cabe recordar además de que esta ley no innova en cuanto a regular aspectos relativos a la carrera judicial. La Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (LOT) regula aspectos inherentes a la carrera judicial y su constitucionalidad nunca fue cuestionada. De hecho, del punto de vista formal, esta ley lo que hace son algunos ajustes a la LOT, por lo que no existe una innovación en ese sentido.
Tal vez, lo más importante de todo esto, es que abre la oportunidad para un gran debate nacional sobre como debe ser el sistema judicial en una República democrática. Convencidos de que esta Ley aborda una mínima parte de los problemas que tiene nuestro sistema de justicia, tal vez sea esta la oportunidad de plantear otros asuntos de mayor envergadura. De nuestra parte, como legítimos representantes de la gente, en cada ámbito de decisión que nos toque estar, seguiremos apostando por la Justicia, promoviendo la transparencia en el obrar de los Jerarcas y apostando por dotar de mayores garantías a todos los funcionarios, sin exclusiones.

Por Dr. Charles Carrera Leal
Senador de la República / MPP – Espacio 609 – FRENTE AMPLIO 

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