Al Buenos Aires que aludía Jorge Luis Borges en su poema de 1963, por lo menos a su sombra final, no lo unía el amor sino el espanto y esto es lo que queda patentemente claro al ver la desesperación del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, por participar en un debate pre electoral. Los artífices de la propaganda electoral del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, han acuñado la frase “lo que nos une” para presentar los rostros del presidenciable y su compañera de fórmula, precisamente porque son conscientes de lo que los agrupa, los junta, los reune, es la común intención de sacar al Frente Amplio del gobierno y recuperar, a toda costa, el gobierno que les permita volver al neoliberalismo de fines del siglo pasado.
Dice mucho sobre el espanto que los une y su fragilidad, la desesperación de Talvi por participar en un debate preelectoral (campo en el que este universitario formado en Estados Unidos se cree especialmente potente y convincente) y el argumento de Lacalle Pou para dejarlo de lado señalando que “para qué va a participar si ellos son los aliados principales de la coalición” anti Frente Amplio. En suma, entre bueyes no hay cornadas.
Esto pasará pronto y Talvi tendrá que conformarse con polemizar con el ex- comandante en jefe, el Gral. Manini que 
ya lo ha desafiado. Los dos necesitan robar cámara: Talvi porque su estrella declina y ya sabe que no llegará al balotaje y que aún el tercer puesto en la puja electoral está en peligro; Manini porque aunque retirado aplica la lógica cuartelera y aspira a encaramarse sobre Talvi para chupar los votos de la derecha más cerril que todavía puedan seguir al macaneador Larrañaga y al Novick en maloliente descomposición a pesar de que se está asegurando el record en plata gastada por cada voto obtenido.
Sin embargo, esto pasará pronto (“sana, sana, culito de rana”) y el espanto desvelará otra faceta de estas elecciones 2019: la “coalición multicolor” de Lacalle Pou ya muestra su endeblez. Se pelean por aparecer en la polémica con Martínez y es de imaginarse la bolsa de gatos que sería un gobierno de semejante coalición. Es verdad que Talvi no es batllista, como no lo es su eminencia oscura, el ex- presidente Sanguinetti. También es verdad que blancos y colorados comparten las posturas de derecha, la pituquería y las políticas neoliberales destinadas a favorecer a los ricos y poderosos, las políticas de shock que, a escondidas, piensan desencadenar mediante una ley de urgente consideración. La coalición multicolor es para eso pero donde ponen la mira es en el gobierno y el poder, en la repartija de cargos, en un botín de canonjías y privilegios. Si ahora se hacen reproches acrimoniosos por aparecer en televisión es de imaginarse la batahola perpetua y fenomenal que será semejante “gobierno de coalición”.
No hay que ser muy sagaz para ver otros síntomas del patrimonialismo siempre presente entre los poderosos. El patrimonialismo es un término proveniente de las ciencias sociales (antropología, sociología, ciencias políticas, historia) que define la tendencia de personas con poder a considerar los bienes públicos como si fueran de su propiedad. Muchas veces se asocia el patrimonialismo con los gobernantes (por ejemplo: el rey Leopoldo II de Bélgica fue dueño a título puramente personal del inmenso Congo belga entre 1865 y 1909 y llevó a cabo allí un sádico genocidio). Sin embargo, el patrimonialismo alcanza a todos los poderes económicos y sociales, a los miembros de corporaciones (iglesias, ejércitos, etc.), a empresarios y dirigentes de todo tipo y se extiende hasta niveles tan modestos como puede ser el pequeño poder de alguien que adopta decisiones en una institución de servicio público. El patrimonialismo es, en todo caso, una forma primitiva de dominar a los demás.
Hay que establecer claramente que, muchas veces, el patrimonialismo no es doloso, no figura en el Código Penal, pero siempre es una falla ética, menor, mayor o descalificante, porque está vinculada a la corrupción. Patrimonialismo y corrupción son un par inseparable. Por ejemplo se ha visto recientemente a un candidato a Vicepresidente de la República, el Dr. Robert Silva que durante años repicó en el campanario y al mismo tiempo revoleó el sahumerio en la procesión, es decir fue a un tiempo secretario general de una unidad pública de contralor (la Ursea) y gerente de una empresa sometida al mismo contralor (Teyma). Si a eso se le agrega por ejemplo “la reserva del cargo público” durante cuatro años (el de secretario general de la Ursea) para ocupar el de consejero del Codicen (pero cobrando $192.000 mensuales de la Ursea y no los $120.000 de consejero) el asunto es una avivada costosísima para el Estado e indefendible por más que este individuo se desgarre y se haga la víctima.
Hay otros casos como el llamado “ñoqui eterno” Graziano Pascale, un acomodado en Antel en las épocas que se ingresaba a dedo, que desempeña múltiples “pases en comisión” como asesor de intendencias municipales del interior adonde no concurre (no trabaja) pero cobra regular y simultáneamente. Ambos son ejemplos de patrimonialismo y, desde luego, de indefendible corrupción.
El nepotismo, es decir la práctica de acomodar a familiares en determinados cargos, es patrimonialismo. El clientelismo, es decir el dar trabajo, empleo o extender privilegios a cambio del voto o favores políticos, es otra forma de patrimonialismo. Ambas formas son notoriamente frecuentes en intendencias municipales del interior del país. Son proverbiales y escandalosos los casos de Artigas, Lavalleja, Soriano (la intendencia que compra el combustible en la estación de servicio del intendente, etc.) y San José. Las arrebatiñas de Cerro Largo, donde cada intendente que llega echa a la calle a todos los acomodados de su antecesor, que dicho de paso era blanco como él.
La defensa de los privilegios de organizaciones corporativas es patrimonialista y corrupta. Cuando los poderosos, por ejemplo las cámaras empresariales y los “autocombos”, presionan a los poderes públicos para obtener privilegios (exenciones impositivas, aumento de la paridad cambiaria, rebaja de impuestos a las riquezas, abolición de la inclusión financiera, etc.) tratan de que el Estado (ese que quieren “achicar”) les ceda una porción cada vez mayor de los bienes colectivos para su apropiación privada. Cuando los titulares del poder político o la administración se apoderan de recursos públicos para amasar su fortuna personal o para mantener privilegios se trata de patrimonialismo.
El patrimonialismo en gran escala se desarrolla junto con el autoritarismo, el patriarcalismo (por lo que no debe extrañar su relación con otras formas de abuso como ser el abuso sexual). A todos los niveles suele existir la idea que los bienes públicos pueden ser tratados como patrimonio privado lo cual se contrapone a una administración transparente a cargo de autoridades legítimas que deben rendir cuentas a la comunidad en forma rigurosa. La Constitución de la República, en su artículo 59 establece un principio que si bien refiere a los funcionarios públicos dependientes puede extenderse sin problemas a todas las personas que tienen algún grado de poder, directo o indirecto, sobre bienes o servicios comunitarios y desde luego, a quienes aspiran a tenerlo. Dice la carta magna en su primer párrafo “La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario” (el subrayado es nuestro). ¿Clarito no?
Por Lic. Fernando Britos V.
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