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Estado y déficit fiscal

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Estamos a menos de 40 días de las elecciones nacionales y es difícil encontrar elementos programáticos en los candidatos de la oposición, salvo lo relativo al déficit fiscal. Arbeleche, candidata a Ministra de Economía de Lacalle Pou, sólo habla del déficit fiscal y de la caída del gasto público de 900 millones de dólares. Talvi quiere bajar el gasto público en 1000 millones de dólares. Todo parecería indicar que el déficit fiscal es la causa de todos los males económicos y sociales. Pero detrás del déficit fiscal, lo que realmente le importa a la derecha, es el papel del Estado.

Quieren bajar la participación del Estado, limitarlo, achicarlo, reducirlo a su mínimo expresión, porque parten de que el libre juego del mercado resuelve todos los problemas económicos y sociales. La realidad muestra múltiples ocasiones donde la desregulación origina crisis, que el mercado no está en condiciones de resolver, como ocurrió con la crisis financiera del 2008 en los EE UU.

Históricamente se planteaba que el déficit fiscal era la causa central de los procesos inflacionarios.   No hay demostración empírica para ello. En el Uruguay de hoy el déficit fiscal se acerca al 5% sobre el PBI, pero la inflación se mantiene en un dígito. Hoy se plantea que el déficit fiscal eleva el endeudamiento del Estado y que estaríamos a punto de perder el grado inversor. Campaña electoral mediante todo  se exagera. Las calificadoras de riesgo, al servicio de los sectores financieros y de los acreedores, mantienen el grado inversor. En la realidad el gobierno del Frente Amplio mantiene altos niveles de reservas internacionales y créditos contingentes de los organismos financieros internacionales que le permitirían cubrir cualquier nuevo desequilibrio financiero. No hay absolutamente ningún riesgo de incumplimiento en el pago de los servicios de la deuda externa. El gobierno frentista se plantea resolver el déficit fiscal por la vía del crecimiento económico, que generarían los ingresos fiscales suficientes para atenderlo gradualmente.

Enfrentar el déficit fiscal tiene un elemento ideológico central que es bajar nítidamente la participación del Estado. Para esta concepción, adoptada por toda la  oposición uruguaya, el papel del Estado se restringe a garantizar el pago de los servicios de la deuda y contener la inflación. Para ello se plantean ajustes económicos en dos planos: en materia salarial y en la política fiscal. En materia laboral se plantea la flexibilización de la negociación colectiva y la fijación solo del salario mínimo. Se busca una nueva relación capital-trabajo donde perderían poder de negociación los sindicatos de los trabajadores. Ello significaría un claro incremento de la desigualdad social.

El ajuste fiscal significaría un descenso del gasto público para bajar el déficit fiscal. Pero como se tiene como objetivo bajar la participación económica del Estado se buscarían descensos en el ámbito impositivo. Se intentaría bajar la presión tributaria, generalmente para que las empresas paguen menos, con el objetivo de aumentar la inversión. Pero muchas veces ocurre que las empresas ganan más en la especulación financiera que en sus actividades normales y que estas nuevas  ganancias las usan financieramente y no incrementan la inversión productiva. Estas rebajas impositivas aumentan la desigualdad de ingresos entre los distintos sectores sociales. La rebaja del gasto público generalmente afectan al gasto público social y aumentan las desigualdades sociales.

El ajuste económico que plantean Lacalle Pou y Talvi no es distinto que el que propugna clásicamente el FMI, y sus resultados son conocidos históricamente en la América Latina, hoy en la Argentina de Macri, en los últimos años en la Unión Europea y antes en Grecia.  En el caso del Uruguay afectan los dos campos donde los gobiernos del FA consiguieron resultados positivos en términos de igualdad: en el ámbito salarial y en el gasto público social. Las rebajas salariales y el menor gasto en educación, salud, vivienda y seguridad social, además de los propios retrocesos sociales, significan menor demanda interna, menor consumo, menor producto y mayores niveles de desempleo. Los gobiernos de Lacalle Pou o de Talvi no son conservadores, no van a mantener el statu quo, sino que van a generar relevantes retrocesos sociales.  70.000 menos empleos públicos significan menos maestros, médicos y policías y afectarán los servicios de educación, vivienda, salud y  seguridad. La no alternancia política no genera dictaduras como plantea Lacalle Pou. El necesario cuarto gobierno del Frente Amplio es indispensable para mantener y garantizar la democracia plena que ostenta Uruguay, junto con Canadá, en el conjunto del continente americano. Si al ajuste se le agregan procesos de liberalización, desregulación y privatización los retrocesos se multiplicarán.

Los jóvenes y nuevos votantes no conocieron gobiernos blancos y colorados y debieran entender los logros de los gobiernos frentistas y no aceptar retrocesos sino la continuidad de esas mejoras. Los sectores vulnerables debieran entender que salieron de la pobreza gracias a las políticas sociales de los gobiernos frentistas. Los trabajadores saben que mejoraron sustantivamente sus salarios reales por el accionar del gobierno progresista. Las capas medias descontentas y desencantadas debieran reflexionar sobre los retrocesos que significarían que el Frente Amplio no alcance el cuarto gobierno consecutivo.

Por Alberto Couriel
Economista y ex senador

La ONDA digital Nº 922 (Síganos en Twitter y facebook)

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