La ONDA digital en Instagram la Onda digital esta en Facebook Analisis Politico
Volver al Inicio de la ONDA digital

División revela las dos caras con las que la antigua FARC mira la política colombiana

Share Button

Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión, dijo hace dos semanas el que había sido el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez.

La alusión a Marquetalia recuerda la localidad de Tolima, entre Bogotá y Medellín, donde, hace poco más de 50 años, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas fundaron las FARC.

Una vuelta más en la rueda de un conflicto político que, en Colombia, ha tenido, con mucha frecuencia, carácter armado.

Hernando Chindoy: Avanzar en el acuerdo de paz es muy importante para Colombia. (Entrevista de; Gilberto Lopes)
Para quienes les gusta que corra sangre de hombres y mujeres empobrecidos aquí tienen otro argumento más para la guerra, dijo Hernando Chindoy al conocerse el anuncio de que un sector de las FARC retomaban las armas en Colombia.

Exgobernador del territorio Inga, un resguardo indígena en el empobrecido municipio de El Tablón de Gómez, en Nariño, al sur de Colombia, Chindoy encabezó una lucha por erradicar la presencia de grupos armados en la zona y las plantaciones de amapola cn la que producían heroína: más de dos toneladas por semana.

Bombardeos, fumigaciones, masacres dejaron más de seis mil muertos en este escenario de producción de narcóticos. Hace 15 años decidieron expulsar a los grupos aramados, erradicar manualmente la amapola e iniciar la producción  de otros cultivos, principalmente café.

Ahora venden su producto en Bogotá y comienzan a explorar la posibilidad de expandir el negocio inclusive al extranjero. Ganan menos, pero no viven la violencia ni la congoja que trae el narcotráfico.

Conversamos por teléfono con Chindoy, desde Bogotá, sobre la experiencia Inga y las perspectivas de un renovado conflicto político armado en Colombia.

Gilberto Lopes – Ud. expresó su rechazo a la decisión de un sector de las FARC de volver a la lucha armada. Quienes critican esa decisión reiteran la necesidad de perseverar en la aplicación del Acuerdo de Paz. ¿Esa es su visión, es eso posible aún?

Hernando Chindoy – Yo estoy convencido de que avanzar en el acuerdo de paz es muy importante para Colombia, dado que, por lo menos, tenemos un grupo alzado en armas menos que en los últimos 50 años. Que haya un grupo alzado en armas menos es un avance, desde mi punto de vista.

Todo proceso de paz tiene gente que no esta de acuerdo. En este caso, del 100% de quienes se desarmaron de las FARC ,un 80% sigue activo en esa decisión. Solo 20% ha dicho “no”.

Me parece que este nuevo anuncio es un tema más de tipo delincuencial.

GL – El Plan de Paz firmado entre el gobierno y la guerrilla contemplaba promover un plan integral para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Casi tres años después de la firma de los acuerdos la producción de coca se ha multiplicado más de tres veces. Los cultivos, que ocupaban casi 48 mil ha. han pasado a casi 170 mil. ¿Cómo se explica eso?

HC – Lo que ocurre es que las zonas donde están presentes los cultivos ilícitos, de coca o de amapola, son regiones donde la gente no alcanza a tener un salario suficiente con su trabajo en al agricultura. No logran más allá de unos 150 o 200 mil pesos mensuales, no alcanzan ni siquiera a 45 o 50 dólares mensuales,.

Si se involucran en el narcotráfico alcanzan a tener de 500 a 600 mil pesos colombianos, cerca de 200 dólares mensuales. Entonces el cambio es muy fuerte.

La gente que vive ahí no tiene una formación académica o tecnológica, no tiene una alternativa y su alternativa es engrosar las filas del narcotráfico.

El Estado no está invirtiendo recursos para revertir esa situación en los campos. El gobierno proponía dar a cada cultivador unos 500 mil pesos, lo que representa unos 161 dólares por mes para el reemplazo del cultivo ilícito por uno legal. Pero la gente podía lograr hasta diez millones de pesos semanales con el ilícito

Ud. encuentra niños que están en la escuela, pero ellos mismos tienen que construir sus locales, sus pupitres. Los profesores apenas llegan a esas comunidades aisladas.

De esto se aprovechan las mafias y también la gente que quiere seguir en la guerra para reclutarlos.

GL – Ud. ha promovido en el territorio Inga, en el Tablón de Gómez, en Nariño, (360 km al sur de Cali y a más de 800 km de Bogotá) un exitoso plan de recuperación del territorio donde operaban grupos armados y de sustitución de cultivos ilícitos por café de alta calidad. ¿Cómo explica el éxito de su iniciativa? ¿Por qué no se ha podido reproducir en otras zonas de Colombia.

HC – El éxito de Wuasikamas (guardianes de la tierra) radica que fue una decisión que se tomó desde la misma comunidad. Una comunidad de poco más de cuatro mil personas que desde 1991 hasta 2002 había sufrido la pérdida de más de 150 indígenas asesinados y que durante más de 20 año vivió secuestrada en su propia tierra.

El narcotráfico estaba afectando los páramos. La amapola se cultivaba en la altura, desde 1.800 hasta 2.600 metros. Estamos ahora 100% libres de esto.

Entonces la comunidad tenía solo tres profesionales. El resto estaba involucrado en narcotráfico. Los estudiantes no iban al colegio, no terminaban al bachillerato, sino que iban a trabajar en los cultivos de amapolas.

Observando esto las mujeres, afectadas por la violencia, fueron las primeras en desarrollar la sensibilidad para decir que ese no era el camino.

No se trata de resolver el problema del narcotráfico desde el punto de vista individual, sino colectivo, de involucar a las instituciones, pero también a los actores armados. El problema no era de dinero.

Dijimos “no más presencia de actores armados dentro de este territorio”, aunque nos empezaron a amenazar y a algunos nos mataron, tanto los de las FARC como los paramilitares.

En lo económico, cada familia tiene su predio para la producción de café. Cosechamos 340 toneladas cada año, pero la comercialización la hacen en términos colectivos. Tenemos nuestra planta de café. A eso mismo queremos llegar con las frutas, las carnes. Y poder comercializar las excedentes, desarrollando nuestras propias marcas.

Hoy nuestra comunidad tiene distintos jóvenes en varias universidades, entre 15 a 25 muchachos que retornan cada año al territorio para participar en sus actividades. Administran su propio sistema de salud, tienen su propia institución educativa, administración los servicios públicos de acueductos, de alcantarillados, de desechos.

Hemos avanzado también en las medidas para fundar una universidad indígena, en Piamonte, entre Putumayo y Cauca. Ahí nacen los ríos Caquetá, Putumayo y Patía. Ahí mismo se va a abrir las puertas para campesinos y afros. Se trata de fortalecer la capacidad de pueblos indigenas en la parte sur del pais que están en peligro de desaparecer.

No es que no se hay podido reproducir esta experiencia. Nuestro ejercicio lo han tomado otras comunidades. Hay algunas que son emblemáticas, que la han compartido, como la comunidad de El Páramo, también en Nariño.

GL – El acuerdo de paz contemplaba un plan para el desmonte del paramilitarismo. Entiendo que en menos de un año 150 líderes indígenas y sociales han sido asesinados en los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño, en el sur del país. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, es notorio el incumplimiento del gobierno en esta materia. ¿Desde su punto de vista, eso es así?

HC – Eso es cierto. La cantidad de muertos es cierta. Antes de ayer el ejército asesinó a indígenas de la guardia indígena en el valle del Cauca. Son distintos actores los que intervienen en estos asesinatos.

Ellos siguen actuando ahí, no es solo el paramilitarismo el que mata a nuestros líderes, sino agentes del Estado, gente de las FARC, del cartel de Sinaloa, que operan en la región.

Hay que recordar que hay 37 pueblos indígenas en Colombia en peligro de extinción por esa violencia.

GL – El acuerdo de paz contemplaba también proyectos de apoyo económico para los campesinos que dejaran las armas. Márquez afirmó que tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos de mejoramiento de vida en el campo han quedado en el olvido. ¿Eso es así? ¿En su opinión, son aspectos esenciales que explican el regreso a las armas de esos grupos?

HC – El gobierno ha incumplido los acuerdos de paz. El actual gobierno, desde que ganaron el plebiscito que rechazaba los acuerdos, ha venido impulsando la idea de que hay que revisarlos. Pero no lo han logrado y lo que han hecho es que han venido incumpliendo lo acordado.Pero no comparto que eso sea razón suficiente para volver las armas.

Esas situaciones son más de tipo económico. El tema fundamental tiene que ver más con volver al narcotráfico, a la explotación de la minería ilegal.

Intervenir en las nuevas dinámicas políticas de la sociedad después del acuerdo requiere otras capacidades, y la mayor parte de esa gente no las tiene. La mayoría de los que siguen en el acuerdo han empezado a terminar la primaria, a validar su bachillerato o terminar una carrera universitaria.

GL – Finalmente, ¿cuáles son sus perspectivas para las elecciones regionales del 27 de octubre?

HC – Está difícil. En Colombia los que han estado al frente del poder, las voces del gobierno, son fuertes para exigir acabar con el ELN. Ellos manifestan que los acuerdos no están bien hechos y que, por eso, este grupo de las antiguas FARC se alzó de nuevo en armas. Con el ELN tampoco han avanzado en el diálogo.

Pero hay quienes pensamos que se puede avanzar en el proceso de paz y defenderlo desde las urnas. Hay candidatos que defienden eso y ojalá logren apoyo.

Gilberto Lopes

Márquez encabezó la delegación de las FARC que negoció, hace tres años, el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Un acuerdo que está ahora bajo presión, tanto del gobierno de Iván Duque como del grupo de las FARC que anunció su regreso a las armas.

Armas a cambio de nada
La decisión anunciada por Márquez no contó con el apoyo de un sector mayoritario de la organización agrupado hoy en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cuya sigla es también FARC, formado por antiguos integrantes de la guerrilla.

Hoy cuentan con diez asientos en el senado, algo que les aseguró el acuerdo de paz. Márquez era uno de ellos, pero nunca asumió el cargo y, finalmente, decidió abandonar el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle, donde se reúne una parte de los 13 mil antiguos guerrilleros, para reaparecer con un grupo de militantes, en traje de fatiga, convocando a un nuevo alzamiento militar contra lo que llamó “traición de los acuerdos de paz”.

Calificó como un “desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada” los acuerdos de La Habana y reiteró que no “cesa la matazón” de antiguos guerrilleros y de líderes sociales en el país.

En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados. Suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado, afirmó.

Rechazo
Poco después de conocerse el anuncio de Márquez, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que “el 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”.

No fue el único a criticar la decisión. El número uno de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, uno de los senadores asignados a la agrupación, calificó de “equivocación delirante” la decisión de Márquez.

“Los Acuerdos de Paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país”, dijo Londoño.

El senador estimó que no hay una motivación política para esa decisión. Hay otra motivación, afirmó. “Yo no sé si narcotráfico o qué, pero en todo yo veo una motivación personal, individual”.

Estimó lamentable que se utilizara para volver a las armas el argumento de que no se estaban cumpliendo los acuerdos de paz. Habíamos discutido esa posibilidad en su momento internamente, señaló. “Cuando tomamos la decisión de firmar los acuerdos, sabíamos que la sola firma no garantizaba que se iba a cumplir todo lo que estaba en el papel. No era un punto de llegada, sino un punto de partida para iniciar una lucha mucho más compleja y difícil, en la cual necesitábamos hacernos acompañar de amplios sectores de la sociedad colombiana e incluso de sectores de la clase dirigente”, agregó, en una entrevista a la BBC.

Violaciones
Las violaciones a los acuerdos de paz han sido denunciadas por diversos sectores en Colombia. El partido de gobierno y el propio presidente Duque han manifestado su desacuerdo con diversas de sus disposiciones, entre ellas la jurisdicción especial para juzgar delitos cometidos en esa época. Pero el incumplimiento del acuerdo es mucho más generalizado, aunque muchas voces rechazan justificar con eso el retorno a las armas.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia ha expresado sus críticas a esas violaciones, destacando diversas medidas adoptadas por el presidente Duque. Se ha militarizado intensamente los territorios mediante la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y desplegado las Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido (Fudras) recientemente en el Catatumbo, señalaron.

El Observatorio denunció la promoción de mandos militares implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado y la conformación de una nueva cúpula militar con nueve mandos cuestionados por este tipo de prácticas.

Las consecuencias de esas medidas no se hicieron esperar, destaca el informe, que cita el “asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril”. Este crimen, agregan, puso en evidencia la reiteración de la prácticas de “falsos positivos”, como se llama en Colombia una práctica del ejército en tiempos del presidente Álvaro Uribe, de asesinar campesinos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

Torres, después de ser objeto de seguimiento por varios días, fue detenido y torturado. Luego los militares pretendieron desaparecer su cadáver. “Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos”, agrega el informe.

Venezuela
La iniciativa de Márquez permitió también al gobierno y a sectores académicos acusar a Venezuela de responsabilidades en este anuncio.

El medio colombiano La Silla Académica entrevistó al profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto armado, Fernando Trejos, para quien Márquez y su grupo hablaron desde el Táchira o del estado Bolívar, en Venezuela, donde habrían buscado refugio.

“Mientras no se resuelva la profunda crisis de Venezuela es casi imposible que podamos controlar efectivamente las disidencias y los grupos rearmados que operan en la frontera”, afirmó Trejos, una tesis que ha defendido también el gobierno de Colombia.

Pero Londoño se expresó con claridad sobre esto: –Tengo la completa seguridad de que de parte del gobierno bolivariano no están recibiendo ningún apoyo. Si están recibiendo algún apoyo en la frontera será por ahí de personajes, de individuos que no comprometen al gobierno bolivariano”.

El gobierno bolivariano –agregó–, desde la época del presidente Hugo Chávez y continuando por Maduro, “siempre estuvo apoyándonos en el harto y difícil trabajo que fue llegar al acuerdo firmado en La Habana”.-

 

 

Por Gilberto Lopes
Escritor y politólogo, desde Costa Rica para La ONDA digital
gclopes@racsa.co.cr

La ONDA digital Nº 921 (Síganos en Twitter y facebook)

Print Friendly, PDF & Email

...





LA ONDA Digital Revista Semanal Gratuita    |    De los editores: Las notas que llevan firma reflejan la opinion de sus autores    |    © Copyright Revista LA ONDA digital