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El plan oculto de la derecha uruguaya

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Sofismas, falacias y el plan oculto de la derecha uruguaya


Cada vez resulta más claro que el Uruguay se encuentra ante caminos divergentes: el de la izquierda que gobierna o el de la derecha que intenta hacerse del gobierno a partir de las elecciones de este año 2018.

Nuevamente la oligarquía, sacudiendo todo su inmenso aparataje, desde las cámaras empresariales (los grandes industriales, comerciantes, exportadores), la Asociación Rural que representa a los más ricos del agronegocio, los parásitos intermediarios del campo (rematadores, prestamistas, dueños de flotas de camiones y de maquinaria agrícola, etc.) y sus agentes los llamados “autoconvocados” operadores encubiertos del partido blanco y estancieros arrebatados que se atribuyen representaciones y se manifiestan mientras que, de callados, sacan cientos de millones de dólares de sus ganancias para los paraísos fiscales lejos del país.

Como siempre mueven más máquinas que gente, más banderas y cartelería que personas, más caballos que jinetes y reúnen a pescadores del voto conservador. Vienen por sus fueros, por sus ganancias, son insaciables ( “rentabilidad o muerte “ es su lema predilecto). Creen que con sus tractores, camiones y sus 4×4 pueden llevarse al mundo por delante. Padecen de todas las fobias típicas de los ricos del mundo: aporofobia, xenofobia, homofobia. Quieren tomar revancha del Uruguay pacífico, equitativo y respetuoso de los derechos humanos que aborrecen profundamente. Quieren volver al neoliberalismo, el capitalismo salvaje y mezquino con el que colorados y blancos gobernaron hasta el 2005.

Toda su gritería, sus quejidos y sus versiones son amplificadas por varios medios de comunicación y sus periodistas especializados en levantarle centros, en evitar las preguntas incómodas y en adular a los voceros de la derecha. También se percibe como ponen respuestas en sus preguntas a los entrevistados de a pie y como editorializan para pintar los panoramas más negros, siempre que pueden, en los “talk shows” de la radio y la televisión. Son los mercaderes del miedo, los promotores del armamentismo, la militarización y el cercenamiento de derechos que dan cámara a quienes están contra todo: contra el Antel Arena, contra el Ferrocarril Central, contra la reconversión de la matriz energética, contra UPM.

No sería justo olvidarse de algunos encuestadores que están en plena zafra y que con tal de forrar los bolsillos multiplican sus apariciones. Asimismo, en la cloaca abierta de las llamadas redes sociales, amparados en el anonimato y la impunidad, los trolls trabajan a destajo generando todo tipo de rumores, campañas de terror y difusión de calumnias de todo tipo. Si Goebbels no se hubiera suicidado junto con Frau Magda después de asesinar a sus seis hijos, habría sido un viejecito encantado por el éxito de sus epígonos digitales.

Sin embargo, todo esto como el discurso y la existencia misma de algunos candidatos menores, el pintoresquismo de las campañas o algunas propuestas o promesas electoreras y hasta las provocaciones son sofismas de distracción, cortinas de humo que buscan mantener oculto el verdadero plan de la derecha. De hecho lo que se plantea es estafar a buena parte de sus posibles votantes y para eso hay que decir vaguedades susurradas (que como dijera Pascal son como las mentiras a gritos) o mentiras a medias, empleando las falacias de digresión o “el galope Gish” que, como ya hemos visto, tiene burdos practicantes como Larrañaga el macaneador.

Un sofisma de distracción es una trampa, dialéctica o retórica, que se usa para promover conclusiones erróneas o para esquivar los argumentos racionales que se interponen y sobre todo para ocultar las verdaderas intenciones (de ahí lo de “la cortina de humo”). Los sofismas de distracción son peligrosos porque necesariamente deben incluir un barniz engañoso de verdad o de certeza aunque su núcleo sea tramposo, es decir que, a veces, hasta pueden parecer correctos, confiables, mesurados.

Lo que estamos viendo es el uso de sofismas de distracción junto con falacias de digresión. Las falacias de digresión se emplean en un debate cualquiera para impedir que el oponente o el expositor desarrolle una demostración o redondee su pensamiento. Para emplear una falacia de digresión hay que partir de una interpelación o cuestionamiento que lleve el debate hacia asuntos secundarios o fangales envenenados, desviando la atención de lo fundamental.

Un sofisma de distracción es que el especialista en políticas sociales de “Pompita”, proponga dar clases de yoga a los pobres, a los que carecen de vivienda o a liberados de prisión, para mejorar su ánimo e insuflarles energía positiva. Semejante derrame de necia frivolidad solo puede entenderse como  un sofisma de distracción. Las verdaderas propuestas para abordar las políticas sociales pueden permanecer ocultas.

Falacias de digresión son las que permanentemente producen los “autocombos” de “Un solo Uruguay” cuya promoción de “cuanto peor mejor” les sirve para reclamar las medidas más reaccionarias y antipatrióticas, para mentir descaradamente y para ocultar sus verdaderas intenciones. Si no estuviera claro que Bolsonaro es un pobre tipo, charlatán y pendenciero, al que la presidencia de Brasil le queda enorme, serían francamente “bolsonaristas”. Hasta hace unas semanas eran “macristas” y ahora son cualquier cosa. Se pueden desgañitar cantando el himno nacional antes de tomarse unos whiskachos pero no dan la talla. Presentarse como los adalides del campo enfrentado a la ciudad es burdo y su talante de pitucos provocadores es inocultable.

¿Qué es lo que se procura ocultar con sofismas y falacias? La estafa no está inscripta en los programas de gobierno que los candidatos de la oposición esgrimen o balbucean. La clave está oculta tras otra gran falacia: “la coalición multicolor” que menciona Lacalle pero cuya autoría debe atribuirse, sin lugar a dudas, al cerebro de la derecha uruguaya: el doctor Julio María Sanguinetti. En esta coalición “ómnibus”, a la que están invitados a subirse todos los candidatos de partidos menores, el programa es claramente el neoliberalismo crudo y duro.

Independientemente del caudal electoral que les pueda asegurar más o menos cargos legislativos, Manini, Novick y Mieres no son sino comparsas que deberán bailar al ritmo de sus socios mayoritarios Lacalle y Talvi. Los tres, más allá de su desesperación por asegurarse algún lugar, alguna décima en las encuestas o bancas y cargos a repartir, no tienen otro programa que evitar a cualquier costo un cuarto gobierno del Frente Amplio. Los tres ya han vendido su patrimonio moral al bajo precio de la necesidad de figurar y sus organizaciones se estremecen, se integran y desintegran pero no son capaces de presentar una idea que se aparte del voraz neoliberalismo de la oligarquía.

En este marco los debates pueden ser útiles para que se ponga arriba de la mesa el gran proyecto del neoliberalismo y queden al descubierto sus alcances o bien para que se desarrolle una pirotecnia de falacias de digresión y el plan de la derecha siga oculto. Este plan no es otro que la llamada Ley de Urgente Consideración y los 500 artículos (!!??) que los asesores de Lacalle Pou vienen cocinando para desencadenar “la tormenta de shocks” con que quieren reconquistar el tiempo perdido.

En 1966, cuando triunfó la llamada “reforma naranja” que impulsó la derecha blanquicolorada, se abolió el liberal poder ejecutivo colegiado y se instauró la “presidencia fuerte”, recortando las capacidades del Poder Legislativo. Fue esta Constitución Naranja, junto con un parlamento complaciente de blancos baratos y colorados anti batllistas, el que permitió el gobierno autoritario de Pacheco, antesala directa del criminal Bordaberry y la dictadura cívico militar. En el artículo 168º de la Constitución (Sección IX, Del Poder Ejecutivo, capítulo III) aparece entre las competencias del Presidente de la República, en el extenso numeral 7º, el mecanismo de “declaratoria de urgente consideración”.

El texto dice que los Proyectos de Ley de Urgente Consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarlo y votarlo. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realicen modificaciones y deba volver a la cámara a la que ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse en tres meses y no hay tu tía. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá diez días para su promulgación, lo que significa que la ley, corré que te pego, entra en vigencia en un máximo de 100 días.

Esta es la herramienta con la que “la coalición multicolor” si llega a obtener mayoría parlamentaria le propinará a los uruguayos un shock brutal al lado del cual la motosierra de Lacalle Herrera parecerá un juego floral. Veamos que es lo que se ha podido entrever de este proyecto ominoso y antipopular, oculto en la caja de los truenos de la derecha.

Alberto Grille, en Caras y Caretas, ha sido quien, en forma consistente y documentada, viene llamando la atención sobre el plan oculto de la derecha. Recientemente ha advertido que “cuando las ideas y las propuestas se ocultan, cuando los propósitos se vuelven un misterio, cuando se escatiman informaciones que tarde o temprano nos afectarán a todos, la farsa se convierte en un problema ético, en un intento de estafa, en un fraude político. Yo creo que eso es lo que está pasando con muchísima impunidad, porque hasta ahora, con verdadera transparencia, Lacalle y sus principales colaboradores nos han dicho que no nos mostrarán la mencionada ley, hasta después de las elecciones y del probable balotaje de noviembre”. Grille ha sido quien ha investigado y seguido la pista del proyecto de ley de urgente consideración por lo que vale la pena parafrasearlo ampliamente.

La alevosía del candidato blanco, el fundamento de la “política de shock” ya fue expresado hace meses en un reportaje en El Observador. Lacalle Pou dijo entonces que las medidas de shock las va a tomar “de una” porque “si no lo hacés rápido, los efectos negativos se extienden en el tiempo”. Por ejemplo -dijo- si hablás de medidas sindicales, ¿para qué las vas a extender en el tiempo si sabés que las vas a tomar? Cuanto más demores, su efecto va a ser mucho más lento” y para rematar agregó “creo que el gradualismo aplicado de determinadas maneras termina siendo inerte, no sirve, no genera consecuencias ni resultados”.

Claro que estas declaraciones fueron antes del reciente descalabro de Macri en la Argentina. Lacalle Pou, un admirador embelesado de las políticas neoliberales de Macri, se alinea ahora con los políticos reaccionarios de toda laya que le critican al presidente argentino no haber sido lo suficientemente feroz con su shock ni suficientemente radical para imponer sus políticas antipopulares. Está claro que el gradualismo no figura en el manual de los neoliberales, la “revolución conservadora” ha de hacerse mediante un golpe de Estado a tambor batiente o mediante el fraude, la estafa y el engaño a los votantes en una campaña de vaguedades y frases dulzonas llenas de sofismas y falacias.

Lo que ha trascendido sobre el plan oculto es muy poco. Además del ajuste fiscal anunciado por la presunta futura ministra de economía de los blancos, Azucena Arbeleche, para recortar 900 millones de dólares (si, esa misma señora que “se quedó sin aire” y huyó cuando le preguntaron en una rueda de prensa porqué su partido se negaba a tocar los escandalosos privilegios de las jubilaciones militares que le cuestan al erario más de 500 millones de dolares por año) poco se ha filtrado.

El diario de Peirano, El Observador publicó el 10 de agosto pasado una nota sobre los “Doce puntos claves del proyecto de urgente consideración que prepara Lacalle Pou”, en la que cita al doctor Rodrigo Ferrés, un profesional dedicado al derecho administrativo, que estaría coordinando la redacción del mismo. Ferrés es un hombre muy ocupado en el mundo de los negocios, porque además es CEO de una empresa de “depilación integral unisex” propiedad de la veterana Xuxa, la vedette, actriz porno y animadora infantil brasileña, que se ha lanzado a conquistar el mercado uruguayo y argentino.

En El Observador se decía que “el equipo del candidato nacionalista trabaja desde hace varios meses en un proyecto de ley de urgente consideración, al que gustan llamar “ley ómnibus”, que contará con entre 300 y 500 artículos y abarcará gran parte de los temas contemplados en el programa de gobierno que se hará oficial este sábado en la convención nacionalista”, lo cual confirma que se estaba hablando de dos textos distintos.

La nota también afirmaba que “Ferrés trabaja en la redacción del proyecto en coordinación con los referentes técnicos de todas las áreas. Los entre 300 y 500 artículos contendrán temáticas que van desde la economía, políticas sociales, seguridad pública y educación, hasta el mejor manejo de las empresas públicas”.

Las “doce claves” obtenidas por el diario son:

Eliminación de representación docente en la ANEP. Ferrés señaló que el proyecto “incluirá modificaciones a la ley general de educación, como el rediseño de la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que incluye dentro del Consejo Directivo Central a los directores generales de los consejos desconcentrados así como la eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP”. “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por representantes de los ciudadanos”, indica el programa de gobierno. Para un integrante de la oposición que tanto hincapié ha hecho en el supuesto malestar de la educación -sostiene Grille – no debería ser molestia que los docentes (justamente quienes están en contacto directo con los educandos) integren el CDC de ANEP. Seguramente será porque los docentes están agremiados y son, como tales, muy fuertes, y traen ideas nuevas. Y tanto gremios como ideas nuevas no son cosas que le guste a la familia Lacalle Pou. Ojo al piojo – advierte Grille –  la primera sin tocar, los blancos se proponen eliminar la representación de los educadores en los consejos de la ANEP antes de las vacaciones de julio del año próximo.

Crear una regla fiscal para contener el gasto público. La “regla fiscal”, es un latiguillo de los economistas reaccionarios y los políticos de derecha, que pretende sujetar a un guarismo fijo el comportamiento del gobierno. Hemos comentado – dice Gruille – que en ese sentido se parece a la falacia de la “independencia del Banco Central” (que lo que busca en realidad es que la autoridad monetaria esté dominada por los neoliberales partidarios de políticas contractivas) y a la “eliminación de ingresos a la administración pública”, que sirvió para que durante 20 años, en los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti y Batlle no hubiera concursos de ingreso y solo entraran parientes y amigos de colorados y blancos mediante un gran acomodo clientelista.

Lo que quieren los ideólogos neoliberales es quitar poder a los órganos representativos del gobierno para dejarlos en manos de la discrecionalidad del jefe de Estado, para controlar la política monetaria subordinándola al comportamiento monetario de Estados Unidos.

Ferrés dice pomposamente que “con el fin de alinear al país con las mejores prácticas internacionales, nos proponemos dar los pasos para instalar una regla fiscal que favorezca una conducta de gasto público ordenada” y que “la regla fiscal es un instrumento de disciplina para contener el gasto público y que no se gaste más de lo que se debe gastar y no hay ningún impedimento para incluirlo dentro de la ley de urgente consideración”.

Pura falacia – denuncia Grille – lo que debe suceder en el sistema republicano democrático es que el Poder Ejecutivo gobierne y el Poder Legislativo controle. No hay que poner más trabas que las que ya funcionan. Por otra parte, “las mejores prácticas internacionales” son las que utilizan, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, China Popular y Japón; en estos momentos están utilizando las políticas fiscales expansivas, inclusive con déficit fiscal para evitar la recesión y el desempleo. Eso no les importa a los blancos baratos que siguen a Pompita porque la miseria nunca llega a los grandes latifundistas ni a los titulares de las cámaras empresariales que ellos representan, ni a los organismos internacionales de crédito ni a las calificadoras de riesgo que siguen los dictados de los grandes fondos de inversión. A no creerles: la llamada regla fiscal es privatizar la política monetaria, ponerla a disposición de tecnócratas neoliberales y a mucha distancia de las decisiones de política económica que son privativas del gobierno al que le toque conducir los destinos del país y de su gente.

Reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social. “Rodrigo Ferrés indicó que en ese documento, que de llegar al gobierno remitirán al Parlamento, “se incluirá todo lo que respecta a mejorar el Ministerio de Desarrollo Social” y que “uno de los objetivos es tender a una “reorganización paulatina del Mides, que lo concentre en las tareas de rectoría”. La idea es comenzar a elaborar el capítulo vinculado a las políticas sociales con insumos que está aportando el referente del área, Pablo Bartol (que ya vimos lanzando bolazos sobre las clases de yoga). Ferrés puntualizó que se quieren incluir artículos sobre “la protección y el desarrollo de la infancia y sobre la situación de las personas en situación de calle, de aquellas en situación crítica de drogodependencia”.

“Si dijera lo que pienso – advierte Grille – aunque es honesto que no sabemos lo que dice la famosa ley, esta reorganización apuntaría a la eliminación del Mides, o su subordinación a propósitos clientelísticos como los que ya vimos en la administración Lacalle con los acomodos que se hicieron en el Ministerio de Deportes cuando el recientemente fallecido Trobo fue ministro de esa cartera. No puede haber amor ninguno de alguien como Pompita por un instrumento al servicio de los sectores más pobres y desprotegidos del país. Para estos, como su hoy archienemigo Ernesto Talvi, esta gente debería ser tratada por la “destrucción creativa” del economista Schumpeter”.

Proteger el espacio aéreo con una ley de derribo como parte del combate al narcotráfico. Rodrigo Ferrés señaló a El Observador que la seguridad pública será un capítulo importantísimo del Proyecto de Ley de Urgente Consideración y que, entre otras cosas, “se incluirá dentro del proyecto de urgente consideración la ley de derribo, que apunta a proteger el espacio aéreo uruguayo ante presencia de avionetas que se dedican al narcotráfico; otros artículos estarán orientados a la prevención del abigeato”. Es obvio que esta mención un poco tonta al “derribo” de avionetas por “sospechosas” es solo un engañapichanga (sofisma de distracción) que distrae la atención de otras medidas que se incluyen en esta ley, como el punto que sigue a continuación.

Permitir que los policías se puedan defender sin consecuencias penales. El propósito declarado, según Ferrés, es la reforma de la ley de procedimiento policial para “proporcionar a los efectivos policiales la seguridad jurídica y el respaldo necesario para el cumplimiento de sus tareas”, incluyendo dentro del proyecto de ley de urgente consideración, por ejemplo, la “presunción simple de legítima defensa” de los policías, el cuerpo Prefectura Nacional Naval y guardias privados de seguridad armados, a través de la modificación del artículo 26 del Código Penal. Esa medida se quiere instrumentar “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza” que puedan tener cualquiera de esos efectivos». En suma, una ley de “gatillo fácil” que probablemente tenga objeciones y reparos en la propia Policía y que probablemente incremente la violencia en las calles y la de los propios delincuentes.

Controlar las sociedades anónimas de los entes públicos. Señala la nota que una de las banderas de campaña de Lacalle Pou “es el ahorro de US$ 900 millones anuales durante el próximo quinquenio, que tiene entre sus insumos la mejor gobernanza de las empresas públicas”, para las que quieren buscar “una gestión más eficiente”. Nadie se anima a hablar todavía de las empresas públicas propiamente dichas, “ese claro objeto de deseo” de los políticos neoliberales y el sueño de Ramón Díaz. Eso tendrá que esperar. Hablarán sí, en esta Ley de Urgencia, de la libre importación de combustibles refinados y de la limitación de la autonomía de los entes del Estado y de las tarifas de los servicios públicos, de manera de debilitar a UTE y Antel y avanzar en la privatización de algunas áreas estratégicas.

Autonomía absoluta de las unidades reguladoras. Es otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte, por ejemplo, a través de que una parte de su capital cotice en Bolsa.

“La neutralidad política es fundamental en un ente regulador. Nosotros proponemos una autonomía absoluta, sin que haya jerarquía entre uno y otro, indicó Ferrés”.

No es así ni debería ser así. Las empresas, los bancos y la enseñanza pública tienen un fin político y social que es estar al servicio de la población y la jerarquía de los organismos reguladores está ya establecida por la legislación vigente.

Desregulación de la importación de combustible. Bajo el aparente deseo de lograr una rebaja de tarifas públicas, se esconde ese otro gran objeto de deseo que es eliminar Ancap, que no cesa de dar utilidades en los últimos años y es un bastión de soberanía nacional. Señala Ferrés que “uno de los puntos que sí estará incluido en el proyecto que Lacalle Pou enviará apenas asuma, si gana la presidencia, son medidas vinculadas a la ‘desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible’ para ‘liberarla gradualmente a la competencia’”.  Más claro, imposible: a eliminar Ancap.

Eliminar la bancarización obligatoria. La bancarización obligatoria es un motivo de desvelo para Lacalle Pou (y para todos los que quieren esconder sus ganancias). La Ley de Urgencia la querrá eliminar porque controla la legitimidad y legalidad de las transacciones financieras, el comportamiento de las empresas desde el punto de vista fiscal, la inclusión laboral y el derecho de todos los ciudadanos a participar de los beneficios que se implementan desde el sistema bancario y particularmente del Banco República. Uno de los más críticos con ella es uno de los principales generales lacallistas, Ignacio de Posadas, cuyo estudio, al parecer, estaría siendo investigado una vez más por lavado de dinero en relación a la operación Lava Jato.

Conformar una comisión para establecer reformas a la seguridad social. El programa explícito de los blancos baratos plantea la “convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos de primer nivel” que se dedicarán a estudiar el tema. Esa comisión estará conformada por personas designadas por los partidos políticos y tendrá un año para “realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios y definir un menú de estrategias de reforma que aseguren la sustentabilidad de mediano y largo plazo con una visión de la sociedad en conjunto”. Nadie duda de que el tema hay que tratarlo. Su inclusión en esta norma es un adorno dentro de un montón de adefesios. (Sin embargo, se le ven las patas a la sota a través de algunas manifestaciones como, por ejemplo, la de seguir desbaratando el sistema de solidaridad intergeneracional y potenciar las infames AFAPs; todo sin tocar las jubilaciones de privilegio).

Crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. ¡Qué cosa con estos neoliberales! Quieren la menor cantidad de organismos y la reducción del Estado, pero viven creando agencias en las que casualmente van a parar sus amigos. “El proyecto de ley de urgente consideración también incluirá la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas”, a nuestro juicio totalmente innecesaria. Ya tenemos la OPP y la Auditoría Interna de la Nación, además del Tribunal de Cuentas de la República, que blancos y colorados (recordar a Carlos Sténeri) jamás respetaron – señala Grille -. No se precisa nada más, pero no hay que ver en qué consiste esa disposición que olfateo que tratará de poner más trabas a los entes comerciales del Estado, sobre todo a los que compiten con los privados.

Promover un consejo técnico permanente para negociaciones colectivas. Otra agencia para colocar amigos bien remunerados, pero esta, sospecho, con un fin específico. Ferrés dice que “aspectos vinculados a la negociación colectiva también serán incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración. La idea de los blancos es que se optimice un “sistema legal de relaciones laborales que permita facilitar el diálogo y dinamizar la negociación colectiva”. En ese marco, por ejemplo, promoverán “ante el Consejo Superior Tripartito, la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el Pit-Cnt y las Cámaras Empresariales”. “Este consejo tendrá por objetivo suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos macro y microeconómicos relevantes a los efectos de la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial”. Aparte del tufo corporativo mussoliniano (o franquista, teniendo en cuenta las admiraciones de la familia Lacalle), es claro que aquí también se van metiendo instrumentos por si no pueden eliminar los Consejos de Salarios, como es el sueño de las cámaras empresariales que los mandan y que integran la oligarquía blanca.

Hasta acá lo conocido de los «entre 300 y 500 artículos del Proyecto de Ley de Urgente Consideración» que es el verdadero programa de Luis Pompita y que la ciudadanía desconoce. Nada o muy poco de lo visto es bueno ni necesario.

Pero insistimos, la ciudadanía no conoce el programa verdadero del Partido Nacional. Sería imprescindible, entre gentes de buena fe, que lo mostraran cuanto antes. Y sería deseable que los sindicatos y las organizaciones sociales también pidieran cristalinidad, transparencia, lealtad y honestidad a los candidatos. Particularmente, el Pit-Cnt, los trabajadores de Antel, UTE, AEBU, los profesores, maestros y profesores de ANEP, las organizaciones de jubilados y los periodistas que podrán encontrar en esta Ley de Urgencia la verdadera madre de las fake news, descubriendo que detrás del programa de gobierno del Partido Nacional se oculta la gran verdad, la Ley de Urgencia, la que no conocen incluso los convencionales de las minorías del Partido Blanco.

Como colofón a las nítidas advertencias y exhortaciones de Alberto Grille y las reflexiones que a todos nos merecen los manejos ocultos y los divagues de muchos opositores al actual gobierno, hay que señalar que los sofismas de distracción, en tanto cortinas de humo, y las falacias de digresión, para desviar la atención y enmarañar las cuestiones, tienen cierta densidad en si mismas. Es decir no son fáciles de desvelar. Una Ley de Urgente Consideración de 300, 400 o 500 artículos necesariamente incluirá puntos envenenados cuyos efectos no se podrán dimensionar ni siquiera sometidos a disección parlamentaria en un plazo perentorio.

En ese ómnibus habrá pasajeros indeseables como las intenciones balbuceadas para “terminar con el tema de los desaparecidos de una vez por todas”. A los vejetes nostálgicos, jefes y oficiales militares retirados, “les llama la atención la demora en encontrar los restos de los desaparecidos”. Tamaña actitud podrá deberse a la crasa ignorancia histórica o a la simple mala fe. Todo el mundo sabe que asesinar y ocultar un cadáver es rápido pero descubrir la verdad, desenterrar los restos y hacer justicia es un proceso lento y doloroso de décadas, a veces de centurias.

Es muy probable que la “ley ómnibus” incluya también varios intentos de retrogradar en la legislación mediante la derogación de leyes aprobadas desde el 2005 a la fecha. En cuestión podría estar la Ley Orgánica Militar recientemente votada y todas las leyes que han consagrado derechos humanos. Asimismo la ofensiva contra los servidores públicos seguramente irá mucho más allá de la supresión de vacantes y el recorte de los derechos más elementales. Otras viejas aspiraciones archi reaccionarias, como “la reglamentación sindical” para debilitar a los sindicatos y las trampas normativas para poner trabas a la acción de las organizaciones sociales también pueden tener asiento en “la ley ómnibus”. Ni que hablar del viejo sueño de imponer matrícula y limitación en el acceso a la Universidad de la República. El recorte también irá dirigido a las áreas de recreación y deporte comunitario porque la oligarquía aborrece el gasto social.

Es imprescindible que todo salga a luz cuanto antes. No hay debate más importante ni declaración más vital que las que contribuyan a desvelar el plan oculto de la derecha para que la ciudadanía no sea estafada en las elecciones que se avecinan.

Por Lic. Fernando Britos V.

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