La ONDA digital en Instagram la Onda digital esta en Facebook Analisis Politico
Volver al Inicio de la ONDA digital

Bachelet dispara contra el gobierno de Venezuela

Share Button

El análisis de los derechos humanos no escapa a la polarización que se vive en Venezuela y pese a la afirmación de la jefa de la oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la expresidenta chilena Michelle Bachelet, de que el informe divulgado por su oficina la semana pasada no trata de política, en tono duro contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro no escapó a la polémica.

En sus 18 páginas, el informe analiza, principalmente, la situación de los derechos económicos y sociales de la población venezolana y las violaciones a sus derechos civiles y políticos.

Derechos civiles y políticos
Es aquí, en esta segunda parte, donde se concentran las acusaciones más duras contra el gobierno venezolano.

Refiriéndose a información de la ONG Foro Penal Venezolano, una institución crítica del gobierno, el informe del ACNUDH señala que por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, la mayoría de ellas en el contexto de manifestaciones. El informe no lo dice pero, naturalmente, se trata de manifestaciones opositoras. Al 31 de mayo de este año, agrega, “793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad”.

“En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica”, dice el informe.

Añade también que, en la mayoría de esos casos, los detenidos sufrieron “una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

El informe es particularmente crítico con las fuerzas de Acciones Especiales (FAES), “una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado”, que “han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad”.

Señala también que instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, jueces y Defensoría del Pueblo, “generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales”.

Derechos económicos y sociales
El informe analiza también la situación de estos derechos en Venezuela. La población venezolana, afirma, “está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”.

“En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7% de la canasta básica de alimentos”.

“Las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”, dice el informe, que hace especial referencia al colapso del sistema de salud en el país, “resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales”.

En sus conclusiones, el informe señala que “el ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”.

“Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”.

Todo ello –concluye­– “ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos”.

Desaparece el conflicto político
El informe no hace referencia al conflicto político por el que atraviesa el país, de modo que cada lector debe abordar el escenario en que se desarrollan los hechos a los que hace referencia con los antecedentes de que disponga.

De ese modo desaparecen también los efecto de las sanciones y las sanciones mismas a las que está sometido el país, reducidas a un mínimo que las hace prácticamente desaparecer. Del mismo modo tampoco se hace referencia, en el informe, a la violencia opositora y a los intentos de golpe de Estado.

Bachelet defendió su informe afirmando que no “trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

Las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos no son mencionadas explícitamente, sino de una manera discreta, en tres párrafos, bajo el título “Medidas coercitivas unilaterales”.

Eso dio pie a que el gobierno venezolano replicara, afirmando que el informe “nada dice sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas al país”, lo que callifica de omisión “grave e injustificada”.

El gobierno critica también lo que estima “una visión claramente parcializada y selectiva de la realidad venezolana”, citando, entre otras cosas, que el 82% de las 558 entrevistas utilizadas para fundamentar el informe “corresponden a personas ubicadas fuera del territorio nacional”. Son 460 entrevistas, del total de 558, realizadas con refugiados y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, una cifra que el informe no explicita.

El documento, dice el gobierno, “evade la información recabada por su propio equipo en territorio venezolano, mostrando un análisis  ligero sobre la ‘escasez’ y disponibilidad de alimentos, basadas en entrevistas realizadas a venezolanos fuera del territorio de nacional”.

Y critica también el hecho de que “omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercidas por los manifestantes, especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los casos de personas fallecidas y lesionadas”.

Organizaciones de derechos humanos afines al gobierno, agrupadas en la Red venezolana de derechos humanos, también envió un comunicado a la oficina de la ACNUDH refiriéndose al informe.

Afirman que la oficina decidió “no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables”. En su informe, agregan, “no encontramos ni una cita a alguna de nuestras organizaciones”.

También critican las afirmaciones de que “el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela comenzó en el año 2017”.

Es público y notorio, afirman, que ese bloqueo “comenzó el 18 de diciembre de 2014 con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley 113-278 sobre la ‘Defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela’, que establece prohibiciones, restricciones y sanciones para las transacciones con el Estado venezolano, especialmente contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela”. “Ley que empezó a aplicarse inmediatamente y que generó por sí misma afectaciones a la economía venezolana”.

En artículo publicado en el diario mexicano La Jornada, el sociólogo de origen chileno, residente en España, Marcos Roitman, se refirió a afirmaciones de persecución ideológica y censura incluidas en el informe de ACNUDH.

“Se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación”. Ni una palabra –dice Roitman– sobre “las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada”, lo mismo que cerca de 75% de la prensa escrita “y que las radios públicas no superan 30% del conjunto nacional”.

Por Gilberto Lopes
Escritor y politólogo, desde Costa Rica para La ONDA digital
gclopes@racsa.co.cr

La ONDA digital Nº 912 (Síganos en Twitter y facebook)

Print Friendly, PDF & Email

...





LA ONDA Digital Revista Semanal Gratuita    |    De los editores: Las notas que llevan firma reflejan la opinion de sus autores    |    © Copyright Revista LA ONDA digital