La ONDA digital en Instagram la Onda digital esta en Facebook Analisis Politico
Volver al Inicio de la ONDA digital

Plata y escombros

Share Button

Voy a rememorar y contar historias relativas al encanto perverso que el dinero contante y sonante parece ejercer sobre algunas personas, los males que acarrea y la explotación – por parte de algunos oportunistas – de las ansiedades y temores, los placeres ocultos y la inconsciencia u obnubilación crematística que es capaz de provocar.

El estacionero asesinado, los remeseros incautos y el alcalde prestamista – El lunes 5 de diciembre del año 2011, por la tarde, Alexander Latecki, de 54 años, dueño de dos estaciones de servicio ubicadas en el centro de Montevideo, había recogido lo recaudado durante el fin de semana y como solía hacerlo siempre se desplazaba manejando su auto por la calle Canelones hasta que en medio del denso tránsito de esa hora lo detuvo el semáforo en  Bulevar Artigas. Latecki llevaba, en una bolsa de plástico en el asiento a su lado, una abultada suma de efectivo que iba a depositar en un banco del barrio Pocitos.

Apenas se detuvo dos sujetos en moto se colocaron a su lado, lo encañonaron y le reclamaron el dinero. Se negó y recibió un balazo en el tórax que le ocasionó la muerte poco después. Transcurridos cuatro meses (en abril del 2012) la policía aclaró el caso. El asesino, Marcelo Fabián Silva, ya estaba preso por reiterados intentos de rapiña y lesiones personales que había cometido después del asesinato del empresario. El Juez Penal de 13er turno lo procesó por homicidio. Este crimen tenía numerosos antecedentes. Empresarios y comerciantes siguen trasladando grandes sumas de dinero sin precaución alguna y son asaltados. Lo que la policía desde tiempos inmemoriales considera como asaltos “entregados”.

Por aquellos años nos encontramos con un amigo sentados en espera de que nos atendieran en la caja de la sucursal del Banco República que operaba en Sayago, adosada al supermercado. Ante nuestra vista y a corta distancia pasaban a las cajas quienes nos precedían. El Banco estaba lleno de gente. Entonces llegó el turno de un hombre de mediana edad, vestido con vaqueros y una chaqueta corta, que llevaba al hombro la clásica matera de cuero donde los uruguayos suelen cargar el mate, el termo y una buena provisión de yerba mate. Sin disimulo abrió la matera y empezó a sacar gruesos fajos de billetes que por su color eran de mil pesos y a alcanzarlos al cajero. Por el espesor de los fajos y el sonido de la máquina de contar cada uno debía tener no menos de cien billetes.

Mi amigo y yo no coincidimos en la cuenta pero cualquier cifra entre 25 y 30 fajos podría haber sido el contenido de la matera. Después de vaciarla, el hombre extrajo de un cinturón apenas oculto por su campera seis u ocho fajos más de idéntico porte. Allí en un lapso que no fue breve todo el mundo presenció un depósito en efectivo superior a los tres millones de pesos. Cuando el trámite concluyó miramos por los ventanales del banco hacia el exterior, considerando que el depositante debía contar con una custodia armada propia y con un vehículo que debía haberlo traído. Nada de eso. Se fue caminando tranquilamente por más de 100 metros a través del estacionamiento del supermercado hasta alcanzar el bulevar Batlle y Ordoñez y se perdió de vista. Rato después concluido lo nuestro nos encontramos, ya fuera del local bancario, con un compañero de trabajo que operaba frecuentemente allí y le comentamos asombrados lo que habíamos visto. Mayor fue nuestra sorpresa cuando nos describió al depositante y nos aseguró que todos los viernes concurría, siempre solo, con su matera cargada más o menos a la misma hora.

El presidente del gremio de los dueños de estaciones de servicio (la unión de vendedores de nafta) ha hecho punta, desde hace años, en combatir el uso de tarjetas de crédito y débito para el pago del combustible. Se opone a que el dinero contante y sonante deje de juntarse en los establecimientos. Ante esas razones de seguridad pública ha llegado a decir que, en última instancia, a muchos de sus asociados les gusta manejar el dinero en efectivo. Un problema de gustos que obnubila cualquier razonamiento.

A principios de agosto del 2016, a media mañana, tres individuos en una elegante 4×4 negra llegaron hasta la casa de Dámaso Pani, el alcalde de San Antonio en el departamento de Canelones, entraron a la vivienda donde en ese momento no había nadie y se llevaron 170.000 dólares y un arma que el jerarca escondía debajo de su cama. Pani es caudillo local del Partido Nacional (blanco), dueño del supermercado del pueblo y otros comercios y además un prestamista y descontador de cheques, un usurero, conocido en toda la zona.

Ese avaricioso manejo del dinero, entre otras cosas, permite el uso non sancto, la usura, el ocultamiento de las ganancias, y otras anomalías y lleva, muchas veces, a que se ponga en riesgo la vida, sobre todo la de los empleados e incluso la de los propietarios. Está claro que los bancos suelen ser instituciones peligrosas, basta recordar a los Peirano, pero la mentalidad de estos Ricos Mac Pato les seguirá llevando a guardar la plata en el colchón, a hacer sus negocios y esconder los billetes en el ropero o abajo de la cama y a rechazar horrorizados la posibilidad de que sus andanzas sean conocidas. Al final, que los ladrones se enteren y les den un zarpazo no es más que un producto del ocultamiento de las cuentas, la defraudación e informalidad tributaria, la ingenua negación o el miedo inducido.

Secuelas del terror neoliberal y el cuento del corralito – Actualmente trece denuncias por estafa a personas de la tercera edad vienen siendo manejadas por el Dr. Enrique Rodríguez, fiscal especializado en delitos económicos. El fiscal solicitó a la policía que advierta a la población acerca del conocido “cuento del corralito”. Esta modalidad tiene antecedentes muy añejos. Quien haya visto la película argentina de Bielinsky  “Nueve reinas” (2000) recordará al pícaro representado por Ricardo Darín estafando unos cientos de pesos a una veterana a través del intercomunicador del edificio al hacerse pasar por un sobrino en apuros.

El 3 de diciembre del 2001, el gobierno de De la Rúa sumido en la brutal crisis económica heredada del menemismo, decretó la restricción a la libre disponibilidad del dinero depositado en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos. El gobierno argentino intentaba contener el pánico y la corrida bancaria pero no pudo evitar el colapso del sistema. Cayó De la Rúa y aunque el corralito se levantó en diciembre del 2002 las consecuencias fueron devastadoras. Ahora el gobierno de Macri se aproxima velozmente a una situación parecida a la de hace 18 años y el terror que provoca en la población ahorrista ha sido el caldo de cultivo para el resurgimiento del “cuento del corralito”, nacido y practicado en la Argentina.

En el Uruguay actual, los que se empeñan en fogonear una presunta crisis económica, tratan de evitar que se hagan comparaciones de entre las propuestas neoliberales con las del desastroso gobierno de Macri. Al mismo tiempo favorecen el clima de temor que sirve a los estafadores oportunistas. El sistema es siempre el mismo.

El teléfono es la herramienta. Los estafadores se hacen pasar por nietos o sobrinos de las víctimas. Si la persona nombra a alguno de sus familiares (“¿quién habla… fulanito? _ Si abuela soy yo, te llamo para decirte que tenés que sacar la plata que tenés en el banco porque se viene un corralito, apurate porque hay que sacar la plata hoy…etc.” “Más tarde va a pasar un gerente amigo mío por tu casa para ponerla a salvo”.

Entre la gran cantidad de casos una mujer de 73 años recibió la llamada de un  presunto sobrino, que le mencionó los nombres de dos sobrinos reales de la víctima y le dijo que estaban en el Banco República para sacar el dinero porque se venía un corralito y que debía hacer lo mismo. La mujer tomó un taxi se fue al banco y solicitó retirar $ 200.000. Un funcionario advirtió que podía tratarse de una estafa, se comunicó con un familiar y con la policía. Esta le indicó a la mujer que mantuviera el contacto con los estafadores y una argentina fue detenida cuando fue al domicilio en busca del dinero. La delincuente fue formalizada por tres delitos idénticos y el cuarto y último como tentativa de estafa.

Hace pocos días un matrimonio español, de 81 y 80 años, antiguos residentes en Uruguay con dos hijos y varios nietos, se preparaban a viajar al país natal. Un hombre que se hizo pasar por uno de los nietos le dijo a la señora que los llamaba de parte de su madre, la hija de ellos, para que retiraran el dinero que tenían en el banco porque “se venía un corralito” y que debían depositarlo en otro lado. La señora dudó porque no reconoció la voz y su interlocutor la tranquilizó diciéndole “si abuela, estoy mal de la garganta pero hay que apurarse, les mando un remise para llevarlos al banco”. Los dos ancianos hicieron lo que les pedían y retiraron más de 30.000 dólares. Volvieron en taxi a su casa y entregaron el dinero a una mujer bien vestida que su “nieto” les había dicho pasaría a buscarlo. Poco después les volvieron a llamar y terminaron de aterrorizarlos diciendo que debían poner a salvo los valores que tenían en la casa por la crisis catastrófica inminente. Le dieron a la amable emisaria 5.000 euros y valiosas alhajas. Los estafadores no han sido descubiertos.

El extraño caso del señor Jones – Los hechos que se referirán a continuación son verídicos aunque emplearé un nombre supuesto porque lo que interesa no es presentar un caso de psicopatología sino un ejemplo tragicómico de aversión malintencionada a la inclusión financiera.

A fines del siglo pasado, los principales responsables administrativos de una Facultad de la Universidad de la República (el Secretario de la misma y su subordinado el Director del Departamento de Contaduría) habían probado todos los sistemas para el pago de sueldos a unos 1.200 funcionarios docentes y no docentes. El dinero para los sueldos que habitualmente se entregaba en efectivo a la Tesorería de la Facultad en los primeros días hábiles del mes (según liquidación oportunamente elevada), era ensobrado y entregado persona por persona, en un mostrador durante “el día de pago”.

A mediados de la década de los 90 fue asaltada la Tesorería de la Facultad de Agronomía. Para evitar ese riesgo, se consiguió que, en la planta baja de la Tesorería General de la Nación (TGN), en Colonia y Paraguay, se facilitara una sección para que las funcionarias de la Tesorería de la Facultad efectuaran los pagos allí. Este sistema parecía más seguro pero aparejaba grandes inconvenientes. Los pagos se retrasaban 24 horas porque las funcionarias debían trabajar una jornada antes cotejando y ensobrando. Por otra parte, durante el día de pagos buena parte de los 1.200 funcionarios debían ser autorizados a abandonar la Facultad durante más de dos o tres horas para concurrir a cobrar en la TGN. Esto se sumaba a que cientos de personas debían desplazarse con su sueldo en el bolsillo o la cartera lo que, ya entonces era la tentación del punguista, el arrebatador y toda la fauna de estafadoras y estafadores como los que solían pulular en aquel entonces en los alrededores del BPS desplumando jubilados.

Durante muchos meses se instrumentó el pago con cheques a la orden de los funcionarios lo que tenía dos grandes inconvenientes. Por un lado el costo de las chequeras era elevado y la elaboración de los cheques engorrosa. Por otro, aquellos funcionarios que no tenían una cuenta bancaria (algunos docentes y la gran mayoría de los no docentes) enfrentaban dificultades e incomodidades para hacer efectivo el cheque en alguna de las sucursales del BROU.

Por fin y después de haberlo estudiado cuidadosamente, el Secretario y el Contador, le propusieron al Decano y al Consejo, licitar el pago de sueldos a través de un cajero automático mediante tarjetas magnéticas. Primero hubo que vencer la obcecada oposición de algunas expertas contables que aseguraban que tal licitación no podía llevarse a cabo porque “la Facultad solamente podía operar con el BROU”. La objeción no tenía asidero porque cada funcionario contaría con una cuenta personal, una caja de ahorros sin límite en el número de operaciones y sin costo operativo alguno. La Facultad transferiría el monto de los sueldos al banco ganador de la licitación junto con la correspondiente liquidación por medios electrónicos y este efectuaría el depósito correspondiente en la cuenta de cada funcionario.

Otras objeciones, como el presunto retraso en el pago de los sueldos, también fueron sorteadas en la elaboración del pliego para la licitación. La institución ganadora debía  “anticipar” por unas horas los fondos para efectuar los pagos y obviar cualquier demora entre la recepción de la liquidación y la transferencia de los fondos desde la TGN. Además el pliego preveía que la licitación se adjudicaría al banco oferente que no solamente propusiera el costo más bajo para el servicio sino que ofreciera las mayores donaciones modales en dinero para aplicarlas a los fines de la Facultad.

El proyecto fue aprobado. La licitación se llevó a cabo y fue adjudicada a un banco privado. Este hizo instalar un cajero automático en la Facultad como se había estipulado sin perjuicio que los cobros se podían hacer en cualquiera de los numerosos cajeros de la red a nivel de todo el país. Se efectuaron un par de jornadas en las que cada funcionario formalizó la apertura de su cuenta, recibió su tarjeta magnética y las instrucciones para operar. Según parece esta fue una de las primeras aplicaciones y tal vez la primera en cumplirse en el país como modalidad para el pago de sueldos, hace más de 20 años.

Todo funcionó bien, sin quejas ni errores. La comodidad y la seguridad de los usuarios se incrementó muy significativamente. Y aquí aparece el señor Jones. Este personaje era un viejo funcionario administrativo de la Facultad que había alcanzado, por concurso, cargos jerárquicos. El señor Jones Irisarri era un ser estrafalario y años de observación habían llevado a quienes le rodeaban a considerarle como alguien que “se hacía el loco para pasarla bien”, en todo caso para no trabajar. Su carga horaria era baja (30 horas semanales) porque tenía otro empleo.

Era jefe de una ignota sección en un banco privado donde la curia tenía vara alta y según se decía había accedido a ese puesto por su condición de laico muy compenetrado con las jerarquías eclesiales. Hacía mucho tiempo que las autoridades de la Facultad habían desistido de encomendarle función alguna porque siempre se las arreglaba para no cumplir. Con su talante taciturno (jamás sonreía y siempre se encontraba como enajenado y distante) carecía de iniciativa y de interés por ejercer cualquier función acorde con su cargo de Director de Departamento del escalafón administrativo.  Era de hecho un incontrolable, un ente a quien nadie pedía ayuda o le encomendaba nada pese a lo cual tenía su protector, un respetado docente  que justificaba sus omisiones, sus “salidas en comisión” y otras trapacerías.

El señor Jones insistía en la alcurnia de sus ancestros británicos, exigía que se le llamase “yóunss” y ocultaba su segundo apellido vascuence. Lo que cumplía estrictamente era su horario de salida. Se retiraba puntualmente a las doce porque a las 13 horas debía ingresar al banco. Era un hombre desaliñado y casposo aunque no necesariamente sucio, su apariencia era insignificante y sus capacidades sociales ínfimas. Quienes lo conocían aseguraban que no era un demente o un oligofrénico (de hecho no le había ido mal en los concursos de ascenso) y tenía un buen pasar (vivía en un lujoso noveno piso en el barrio Pocitos) pero decían que “se disfrazaba de pobre”, que se había separado de su esposa y que había tenido hijos pero estos últimos detalles parecían haber sucedido en otra vida o en otra galaxia. Cuando los sucesos que se relatan contaba una edad indefinida entre los 50 y los 55 años.

Como se dijo, el el pago de sueldos funcionaba muy bien, en forma oportuna y sin contratiempos. Cuando ya hacía seis meses de su operación, una mañana, el señor Jones entregó un escrito en la mesa de entrada de la Facultad. Se trataba de una demanda, suscrita por él con la firma de su abogado, mediante la cual acusaba a la Facultad y concretamente al Secretario y al Contador de la misma de retención indebida de sus haberes y peculado. En pocos minutos los funcionarios se enteraron de lo que sucedía. Durante seis meses el señor Jones había recibido puntualmente en la caja de ahorros los montos correspondientes a sus sueldos. Consultado el banco resultó que no había retirado ni un peso y se le habían acreditado intereses. Aunque se avino a abrir un caja de ahorros (en ese banco que no era el mismo en el que él trabajaba) se había negado a recibir la tarjeta magnética.

Cuando se le preguntó las razones por las que no seguía el procedimiento adoptado por la Facultad contestó con un farragoso escrito en el que señalaba que por principios se oponía a utilizar tarjetas, que rechazaba pagos que no provinieran del Banco de la República (tan luego él que era funcionario de un banco privado) y reclamaba por su derecho libérrimo a cobrar en efectivo, en moneda nacional y en la sede de la Facultad. Quedó claro que su propósito era poner trabas al sistema. Él no necesitaba el sueldo de la Facultad y su gesto demencial, esgrimiendo el sacrosanto derecho de propiedad de su dinero en billetes y monedas, provocó desde un primer momento que se le ofreciera, por parte del banco pagador, la alternativa de presentarse en la caja de cualquier sucursal con su documento de identidad para cobrar allí en efectivo.

El señor Jones se negó a notificarse y rechazó enfáticamente la opción que se le ofrecía: él quería cobrar en la Facultad, “como había sido siempre”, quería contar su dinero antes de echárselo al bolsillo. Su recurso fue rechazado y los funcionarios acusados por él reclamaron que se le demandara por acusaciones temerarias, falsedad e intento de entorpecer ilícitamente el funcionamiento de la institución.

Los meses fueron transcurriendo y dicen que sucesivos abogados del señor Jones lo  abandonaron en la medida en que comprobaban que, en formas caprichosa, su cliente no quería percibir sus haberes sino quebrantar el sistema y poner de rodillas a la Facultad. Así transcurrieron casi dos años. A pesar que los sueldos universitarios eran muy bajos, el señor Jones había acumulado cientos de miles de pesos.

El episodio terminó, tres o cuatro abogados después, cuando tomó el caso una laboralista conocida que reunió a Jones con las autoridades de la Facultad y lo intimó a proceder a cobrar como se le había ofrecido (sin tarjeta magnética) so pena de exponerlo por mala fe y difamación. La profesional no estaba dispuesta a ser utilizada para un capricho ilegal.

A todo esto se había llegado al 20 de junio del 2002 y la crisis en que estaba sumido el país ya se había llevado por delante al banco en el que trabajaba Jones (según parece el Banco la Caja Obrera que en el 2001 había sido fagocitado por los Peirano) por lo que su soberbia económica se había esfumado. Además, al otro día se produjo una devaluación superior al 30%. Cuando Jones fue con su bolsa de plástico a retirar los sueldos depositados en la caja de ahorros, el 21 de junio del 2002, estos se habían reducido a la mitad.

Los cuatro argumentos del ministro Astori – En estos días Danilo Astori destacó lo fundamental de la Ley de Inclusión Financiera: la inclusión, la seguridad, la transparencia y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. En cierto modo, las historias precedentes parecen confirmar de un modo u otro la mayoría de esos cuatro aspectos: 1º) el hecho de que muchas personas que nunca habían tenido la posibilidad de tener una cuenta y de operar con crédito o sin él puedan hacerlo; 2º) la reducción notable del dinero en efectivo lo que fortalece la seguridad pública y se refleja, muy claramente, a nivel individual; 3º) el control de las transacciones y la informalidad cosa que inquieta a todos los operadores del capitalismo negro, las transacciones ilegales y la evasión tributaria; 4º) el beneficio para la operación de las pequeñas y medianas empresas que pueden mejorar su operativa y por ende sus actividades económicas y comerciales.

Es falso de que la ley sea obligatoria: una imposición. Los que la atacan mediáticamente suelen saberlo. La única obligación es la relativa al pago de sueldos y salarios, en cuyo caso los haberes de los trabajadores deben depositarse en una cuanta elegida por ellos. Esto es una garantía para todos los que viven de su trabajo y evita las estafas y engaños de quienes ofrecen pagar más “pero no te pongo en caja”. Las motivaciones de quienes se oponen a la Ley de Inclusión Financiera saben que la misma tampoco favorece a los bancos sino a la población. Libertades como la del señor Jones no son verdaderas libertades o derechos inalienables sino, en la enorme mayoría de los casos, impulsos arbitrarios, caprichos oscuros o el griterío de intereses ocultos que rechazan la transparencia porque solo pueden medrar en la oscuridad.

Por Lic. Fernando Britos V.

La ONDA digital Nº 902 (Síganos en Twitter y facebook

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

...





LA ONDA Digital Revista Semanal Gratuita    |    De los editores: Las notas que llevan firma reflejan la opinion de sus autores    |    © Copyright Revista LA ONDA digital