En estos días, continúan los debates sobre el Acuerdo de Libre Comercio Uruguay – Chile en los grandes medios de comunicación, con una evaluación ya decidida. Por un lado, están los que apoyan este acuerdo de servicios.
Son los buenos, los aperturistas que buscan abrir nuevos mercados. Por el otro lado, están los malos, los que están en contra de dicho acuerdo. Son los que tienen posiciones ideologizadas, los cerrados, los negativos, los que les cae mal la expresión TLC o Acuerdos.
La realidad es completamente distinta. Se intenta debatir con argumentos, con 
fundamentos. Casagrande a través de Natalia Carrau y Gustavo Buquet han realizado una gran tarea de conocimientos y comunicación que le hace muy bien al Frente Amplio. En lo personal escribí varios artículos críticos sobre el tema, que pudieran ayudar a la mejor comprensión del Acuerdo.
La resolución del Plenario del Frente, el de mayor poder dentro de la orgánica de la fuerza política, postergaba las decisiones sobre el acuerdo y resolvió “solicitarle al gobierno un análisis de impacto para maximizar los insumos a la hora de tomar posición”. El estudio sobre impacto no estaba elaborado, y se entrega 30 días después de su solicitud. En el momento de la firma del Acuerdo no había estudio de impactos económicos ni sociales de dicho Acuerdo. Conocido el estudio de evaluación de dichos impactos, podríamos seguir afirmando que no hay evaluación de impactos. En la parte final del documento se expresa: “Cabe aclarar que las limitaciones estadísticas de la información disponible sobre comercio de servicios por destino y origen, imposibilitan la estimación de impactos de este Acuerdo en materia de servicios”.
Sin embargo el documento del Poder Ejecutivo expresa sin fundamentos que el Acuerdo genera beneficios desde punto de vista económico, político, medio ambiental y social. En todo caso, afirma que se aumentarían las exportaciones de bienes de Uruguay a Chile en 15 millones de dólares por la facilitación del comercio. Una cifra muy moderada como explicita el propio documento, pero no surgen mejoras de exportaciones de servicios que debiera ser el centro de los beneficios del Acuerdo.
El documento se extiende en temas colaterales sobre el Acuerdo, como los cambios estructurales de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay o explicita la evolución cuantitativa de los servicios y los servicios modernos en el mundo, en los principales países vinculados a los servicios y a algunos países de la región. Sobre las transformaciones de la Aduana se expresa, en negrita o sea como relevante, que con la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE,” se eliminaron más de 14 millones de hojas de papel, los que representan más de 1700 árboles salvados y más de 4 millones de litros de agua ahorrados” También se expresan” 22 dólares de ahorro promedio por cada trámite gestionado en VUCE y más de 400.000 horas hombre eliminados en tareas de escaso valor”. Sobre estos temas mis conocimientos limitados me impiden encontrar una vinculación directa de estos resultados con el acuerdo de servicios entre Uruguay y Chile.
El documento también expresa que el Acuerdo se logra “sin costos económicos ni compromisos de la capacidad regulatoria del estado uruguayo en ninguna área o materia considerada estratégica”. No se sabe cuáles son las áreas ni las materias consideradas estratégicas.
Este es un punto central del acuerdo porque entendemos, a diferencia de los gobiernos progresistas de Chile, que el papel del Estado es vital para la elaboración de una estrategia de desarrollo, para avanzar hacia la igualdad en materia de distribución del ingreso, para enfrentar las desigualdades entre sectores sociales, de etnia o raza, de género y generacional, para atender los principales problemas sociales, para tener la capacidad adecuada y suficiente para las necesarias negociaciones requeridas en el plano internacional.
Chile tiene diversos acuerdos comerciales donde se limita la futura acción del Estado, y en este acuerdo existen clausulas provenientes del Tisa que Uruguay ya había reprobado. Un buen ejemplo, es la existencia de la clausula trinquete por la cual los Estados no pueden proveer ni apoyar servicios, ni regularlos ni permite avances del Estado sobre su participación en determinados servicios. Por el contrario, la clausula permite avanzar hacia la liberalización, desregulación y privatización de los servicios.
El documento expresa que los Ministerios tienen la capacidad suficiente para definir los rubros a excluir en las listas negativas de servicios. Pero a nuestro entender los futuros servicios quedarían liberalizados de cualquier intervención del Estado, que es clave para los intereses de las grandes empresas transnacionales. No olvidemos que vivimos en el mundo del conocimiento y de las permanentes innovaciones y cambios tecnológicos que facilita la generación de nuevos servicios.
En el documento del Poder Ejecutivo se expresa que este acuerdo “ es concebido como un primer paso interesante y una señal política hacia un Uruguay más integrado en América Latina y con un acceso creciente y predecible en terceros mercados mundiales”. Esta es la posición aperturista que criticamos. Hay que realizar acuerdos comerciales, pero hay que evaluar las ventajas y los costos de los mismos, sobre todo para que la inserción económica internacional no se limite a exportar exclusivamente productos primarios, porque lleva a afectar las posibilidades de atender el empleo productivo y digno, elemento central para la igualdad.
Los acuerdos comerciales no debieran afectar a sectores industriales y de servicios que en el futuro puedan participar en cadenas de valor regionales, que nos posibilite vender rubros de alta y media tecnología, como las distintas actividades industriales que se plantean en la futura estrategia de la OPP. Por todos estos fundamentos mantenemos nuestra posición de que el Plenario se pronuncie en contra de la aprobación del Acuerdo de servicios entre Uruguay y Chile, votándolo negativamente o mantenerlo archivado sin definición.
En la presentación del Canciller, en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, se expresa que hay un diálogo permanente entre los negociadores del acuerdo Mercosur-Unión Europea con diversos sectores empresariales. Nos parece muy positivo y sería conveniente que esa información, en la etapa de negociación, llegara también a parlamentarios del FA, a la fuerza política y a la central de trabajadores.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
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