El gobierno respondió a los autoconvocados rurales

Este martes 27, la Presidencia informó a través el mensaje de radio y televisión que desde 2015 se limitó el ingreso de personal con la incorporación de 2 funcionarios como máximo por cada 3 vacantes generadas por retiros. Como resultado, en los últimos dos años disminuyeron aproximadamente 2.000 vínculos laborales en las empresas públicas. Por otra parte, se priorizaron los vínculos en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad.

En lo que refiere a los viáticos, el Gobierno actual redujo a la mitad los viajes oficiales entre 2014 y 2017. Además, el año pasado se promulgó el decreto que obliga a los cargos jerárquicos a rendir cuentas de toda misión oficial y devolver los viáticos sobrantes, lo que permite mayores controles y reglas claras para su devolución.

Respecto a los gasto del Estado en publicidad, en 2016 se redujo este rubro más del 30 % en comparación con el promedio anual del período anterior. La reducción fue generalizada, tanto en la administración central como en empresas públicas. Esto demuestra los significativos esfuerzos por racionalizarlo y limitarlo a campañas de información pública y a empresas públicas que se encuentran en competencia, señala el mensaje simultáneo.

Mensaje completo del Gobierno Nacional

La flota oficial está compuesta de 14.770 vehículos, el 0,61% de todos los vehículos que circulan en el país. Se implementó un sistema electrónico que permite controlar en tiempo real los recorridos y el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal. Gran parte de la flota se utiliza para brindar a la población servicios básicos e imprescindibles como la seguridad. Al cierre de 2017, casi la totalidad de la flota oficial se encuentra registrada. El cambio ha producido un ahorro de, al menos, 15 % en el consumo de combustible.
Acerca de aprobar una ley fiscal, el país cuenta desde 2006 con la Ley 17.947, que fija un tope al endeudamiento neto para todo el sector público. Este endeudamiento mejoró su perfil mediante la conversión de dólares a unidades indexadas de dicho tope e incluyendo todas las fuentes de financiamiento posibles.

“Fijar dicho tope equivale a establecer un compromiso sobre el resultado global del sector público, lo que contribuye a la sostenibilidad de la deuda y permite suficiente flexibilidad para acomodar las fluctuaciones de la economía”, explica el mensaje. “La alternativa de mantener siempre un resultado fiscal donde se gasta lo que ingresa sería altamente procíclica, ya que implicaría ajustes fiscales en recesiones y no crea incentivos a ahorrar durante la fase expansiva del ciclo”, sostiene.

En la actualidad, todas las calificadoras de riesgo asignan a la deuda pública uruguaya la categoría de “grado inversor”, y tres de ellas, en un hecho sin precedentes en la historia del país, la categorizaron por encima del escalón mínimo.

Las empresas públicas establecieron compromisos de gestión, política cuyo objetivo principal es promover la calidad y eficiencia de los bienes y servicios públicos, incorporándose también medidas de racionalización del gasto.

En lo que refiere a los costos de energía, aumentó la cobertura de la electrificación rural a un precio unificado nacional. Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina, con una tasa de 99,7 %.

En lo que respecta a las tarifas eléctricas para los sectores industriales, los estudios técnicos muestran que las tarifas de UTE se encuentran en el entorno de los valores promedios de Chile y Brasil. No obstante, existe un marco de trabajo técnico coordinado y permanente para ofrecer alternativas más adecuadas a los consumidores y para que los cambios en la matriz energética se transfieran a la producción, como descuentos comerciales a los grandes consumidores que modulen su producción, para utilizar energía en los horarios en los que cuesta menos producirla, descuentos a industrias electro intensivas, o el nuevo pliego tarifario para consumo no residencial en baja tensión, denominada Tarifa General Hora Estacional.

En lo que refiere a la política de combustibles, en los últimos cinco años el precio del gasoil en nuestro país se abarató en términos relativos tanto con Brasil como con Argentina. El gobierno es consciente de la relevancia que tiene el gasoil como insumo del sector productivo, y por eso ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para lograr un abaratamiento relativo de su tarifa. Es así que los ajustes de precios recientes han implicado que el gasoil aumente menos que la gasolina, lo cual se evidenció con claridad en junio de 2017 cuando el gasoil se redujo un 8 porciento mientras que la gasolina permaneció constante y en enero de 2018, cuando el gasoil aumentó un 4,9 por ciento mientras que la gasolina lo hizo en 9,8 porciento.

Desde 2002, nuestro país cuenta con un régimen de tipo de cambio flexible, lo que permite absorber mejor los vaivenes de la economía internacional que, naturalmente, existen para una economía pequeña y abierta como la nuestra.

El Banco Central del Uruguay interviene ocasionalmente para evitar fluctuaciones bruscas en la cotización de la moneda. Por ejemplo, desde el 15 de diciembre, esta entidad compró 922 millones de dólares, para evitar una caída del tipo de cambio que pudiera afectar a la economía real.

La caída reciente de la cotización del dólar no es exclusiva de Uruguay. El incremento de tasas de interés en Estados Unidos se presenta a un ritmo más gradual que lo esperado, lo que generó una apreciación de casi todas las monedas en relación al dólar.

Se ha argumentado que existe en nuestro país atraso cambiario. Sin embargo, un fuerte atraso cambiario no es compatible ni con el régimen de libre flotación que existe, ni con lo que se observa en las cifras comerciales del país.

Pobreza en el medio rural cayó del 16 % en 2006 al 2,1 % en 2016
Durante el mensaje simultáneo de radio y televisión emitido el martes 27, Presidencia informó sobre el abatimiento de la pobreza en el medio rural en diez años, fruto de las políticas y leyes sociales implementadas, los consejos de salarios.

“Hoy los trabajadores rurales tienen mejores salarios y una mayor protección de sus derechos laborales. Tienen cobertura de salud para ellos y su familia, mejor acceso a la educación para sus hijos y mayor disponibilidad de servicios básicos y de esparcimiento”, señaló.

Estos avances se explican por “el desarrollo de la red de protección social, las políticas salariales y la ley de 8 horas en el medio rural”, que permitió una mejora generalizada en “la calidad de vida de todos los habitantes de la campaña”.

En términos de seguridad social, lo volcado en el sector agropecuario es más de tres veces lo recaudado, asegura. En materia de salud, se volcó al sector el doble de lo que recibió. El Estado uruguayo dedica más del 7 % del producto bruto interno agropecuario para apoyar al sector, lo que implica un costo cercano a la carga tributaria que tiene.

Uruguay duplicó la cantidad de países que compran su carne gracias a políticas públicas como la trazabilidad
Uruguay es el único país del mundo donde la trazabilidad es obligatoria para todo el rodeo vacuno, lo que abrió los mercados más rentables a la producción. Para esto, el Estado invierte por año 12,5 millones de dólares. Además, desde 2003 Uruguay está calificado como país libre de aftosa con vacunación. En 2017, el Estado invirtió 13 millones de dólares para la compra de vacunas que se distribuyen gratuitamente a los productores.

Estas acciones fueron fundamentales para duplicar la cantidad de mercados abiertos a las exportaciones de carne bovina, de unos 60 en 2005 a más de 120 en 2017. El incremento de empresas uruguayas exportadoras también se observa en la venta de soja. Por ejemplo, en 2005, solo 16 empresas estaban habilitadas a exportar este oleaginoso a China, el año pasado fueron 46.

Las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones oficiales encabezadas por el presidente Tabaré Vázquez propiciaron esta apertura, que también incrementó notablemente y de modo casi ininterrumpido las exportaciones, lo que incluye un trabajo intenso para resolver, por ejemplo, habilitaciones sanitarias.

A estas políticas se suman los respaldos estatales y las políticas públicas para preservar el patrimonio de todos los uruguayos. Por ejemplo, la Dirección General de Desarrollo Rural apoyó con 40 millones de dólares a los productores de menor escala para aumentar la productividad. Se creó un Fondo Agropecuario de Emergencia, que destinó a la fecha cerca de 16 millones de dólares para enfrentar emergencias como sequías e inundaciones.

El impulso al uso responsable y sostenible del suelo es otra prioridad. Para evitar la pérdida de este recurso por erosión, se han puesto en marcha más de 15.000 planes de uso y manejo, es decir, el 88 % de la superficie plantada.

El Gobierno promulgó la Ley de Riego, que permitirá un uso más eficiente de un recurso vital. Se han apoyado proyectos de riego asociativo de más de 750 productores con 3 millones de dólares. Además, 400 productores fueron respaldados por el Ministerio de Ganadería con 2 millones de dólares que acompañaron las inversiones que los privados efectuaron como contrapartida por el mismo monto.

Los productores de frutas, verduras, hortalizas, aves y apicultores hoy cuentan con un seguro subsidiado contra eventos climáticos, que varía según el tamaño de su producción. Actualmente, abarca al 80 % del sector frutícola y 50 % del sector hortícola.

Se creó un sistema integral para la promoción de inversiones, que en este período se utilizó como nunca en la historia. Para el sector agropecuario, desde 2008, fueron promovidos 727 proyectos, unos 1.000 millones de dólares que impactan en la productividad del sector y en su capacidad de posicionarse a primer nivel mundial.

Gobierno detalló las siete medidas inmediatas para el sector agropecuarioEl Gobierno ha tenido una actitud proactiva y abierta para que el trabajo conjunto con los productores encuentre soluciones a sus problemas. Como consecuencia de las dificultades coyunturales que hoy enfrentan algunos de los sectores, se entendió oportuno atenderlas de forma inmediata a través de instrumentos específicos, con el esfuerzo que ello implica.

Como resultado del último mes de trabajo con los diferentes actores del rubro agropecuario, el Gobierno decidió la implementación de medidas adicionales, como el fortalecimiento del Fondo Arrocero por 60 millones de dólares, que beneficiará a 560 productores. O el tercer fideicomiso lechero por casi 79 millones de dólares, creado en 2015 y financiado por los productores en función de los litros remitidos a plantas industrializadoras.

También fue mencionado el Fondo de Garantías para el Sector Lácteo, creado para otorgar garantías que faciliten la reestructuración del endeudamiento del sector con instituciones financieras, con las industrias lácteas y con proveedores de bienes y servicios. Además, servirá para mejorar el acceso a préstamos para la reconversión tecnológica.

Otro punto destacado es la rebaja de la tarifa eléctrica, que implicó un costo fiscal de casi 5 millones de dólares, la congelación del pago de renta para productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización y compras de ración o concentrados a productores ganaderos afectados por la sequía.

Esta semana fue remitido al Parlamento el proyecto de ley que determina la exoneración del 18 % en la contribución inmobiliaria rural, más un 10 % de descuento adicional para los productores con una superficie menor a las 1.000 hectáreas, lo que beneficiará al 91 % del total de estas explotaciones rurales.

Por otro lado, a partir de marzo se establecerá un mecanismo de devolución del IVA del gasoil consumido por los productores lecheros, arroceros y hortifrutícolas que aportan por el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba). La medida alcanzará a nueve de cada diez productores de estos rubros, que verán una rebaja efectiva de 18 % en el costo del gasoil.

“El Gobierno nacional reafirma el compromiso por continuar apostando por las mesas de diálogo que ya se encuentran en funcionamiento. Solamente unidos podemos construir un país para todos. Un futuro próspero, más justo y más solidario. Una democracia plantea que todos podemos expresarnos, marcar nuestras diferencias y también, sin lugar a duda, construir acuerdos y consensos”, finaliza el mensaje.

Productores rurales cuentan con amplios beneficios fiscales, incluidos los más grandes
Desde hace décadas, el sector agropecuario tiene un tratamiento tributario más favorable que el régimen general, especialmente para productores rurales pequeños y medianos a fin de favorecer su competitividad, “uno de los puntales de la inserción internacional del Uruguay”, según el mensaje simultáneo emitido este martes 27.

Por el diseño del Imeba y del IVA en el sector agropecuario, la mitad de los productores no son contribuyentes directos de la Dirección General Impositiva. El único tributo que grava su producción es el IVA contenido en sus insumos, que están exonerados de ese impuesto en casi todos los casos.

Los productores agropecuarios pequeños y medianos también tienen un tratamiento favorable para el pago del impuesto de primaria y del impuesto al patrimonio.

En aquellos casos en que sí son contribuyentes directos de la DGI, el 75 % está gravado únicamente por el impuesto a las enajenaciones de bienes agropecuarios (Imeba) y, por tanto, pagan un porcentaje de sus ventas que va hasta 2,5 %, según el producto.

Uruguay duplicó la cantidad de países que compran su carne gracias a políticas públicas como la trazabilidad
Uruguay es el único país del mundo donde la trazabilidad es obligatoria para todo el rodeo vacuno, lo que abrió los mercados más rentables a la producción. Para esto, el Estado invierte por año 12,5 millones de dólares. Además, desde 2003 Uruguay está calificado como país libre de aftosa con vacunación. En 2017, el Estado invirtió 13 millones de dólares para la compra de vacunas que se distribuyen gratuitamente a los productores.

Estas acciones fueron fundamentales para duplicar la cantidad de mercados abiertos a las exportaciones de carne bovina, de unos 60 en 2005 a más de 120 en 2017. El incremento de empresas uruguayas exportadoras también se observa en la venta de soja. Por ejemplo, en 2005, solo 16 empresas estaban habilitadas a exportar este oleaginoso a China, el año pasado fueron 46.

Las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones oficiales encabezadas por el presidente Tabaré Vázquez propiciaron esta apertura, que también incrementó notablemente y de modo casi ininterrumpido las exportaciones, lo que incluye un trabajo intenso para resolver, por ejemplo, habilitaciones sanitarias.

A estas políticas se suman los respaldos estatales y las políticas públicas para preservar el patrimonio de todos los uruguayos. Por ejemplo, la Dirección General de Desarrollo Rural apoyó con 40 millones de dólares a los productores de menor escala para aumentar la productividad. Se creó un Fondo Agropecuario de Emergencia, que destinó a la fecha cerca de 16 millones de dólares para enfrentar emergencias como sequías e inundaciones.

El impulso al uso responsable y sostenible del suelo es otra prioridad. Para evitar la pérdida de este recurso por erosión, se han puesto en marcha más de 15.000 planes de uso y manejo, es decir, el 88 % de la superficie plantada.

El Gobierno promulgó la Ley de Riego, que permitirá un uso más eficiente de un recurso vital. Se han apoyado proyectos de riego asociativo de más de 750 productores con 3 millones de dólares. Además, 400 productores fueron respaldados por el Ministerio de Ganadería con 2 millones de dólares que acompañaron las inversiones que los privados efectuaron como contrapartida por el mismo monto.

Los productores de frutas, verduras, hortalizas, aves y apicultores hoy cuentan con un seguro subsidiado contra eventos climáticos, que varía según el tamaño de su producción. Actualmente, abarca al 80 % del sector frutícola y 50 % del sector hortícola.

Se creó un sistema integral para la promoción de inversiones, que en este período se utilizó como nunca en la historia. Para el sector agropecuario, desde 2008, fueron promovidos 727 proyectos, unos 1.000 millones de dólares que impactan en la productividad del sector y en su capacidad de posicionarse a primer nivel mundial.

Con este mensaje «Presidencia explica políticas a la población ante planteos del sector agropecuario» (27 de febrero 2018)

 

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