Brasil: "Hay disputa al interior del propio Ejército", considera especialista

Para el profesor Alexandre Fuccille, de la Universidad Estadual Paulista (UNESP), los generales Eduardo Villas Bôas y Sérgio Etchegoyen encabezan dos vertientes opuestas del Ejército: una profesional y otra conservadora.

Villas Boas y Etchegoyen: El primero nombrado por Dilma, el segundo alineado a Temer.
(foro de Marcelo Camargo/Agência Brasil e Wikimedia Commons)

La intervención federal decretada por el presidente Michel Temer el viernes 16 puede ser inédita, pero no es la primera vez que militares son convocados para ir a las calles en Rio en plena democracia. Desde 1992, se trata de la 37ª operación en involucrar la presencia de fuerzas armadas en la Ciudad Maravillosa.

No porque sí, Alexandre Fuccille recurre con frecuencia a las experiencias anteriores con el Ejército para explicar la situación actual. “No se busca combatir el crimen organizado o mejorar las condiciones de seguridad de la población fluminense. Hay otros intereses”, afirmó el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estadual Paulista (Unesp).

La int1ervención tiene todos los elementos para no funcionar, dice el especialista.

Fuccille, que trabajó en el Ministerio de Defensa durante el primer mandato del ex-presidente Lula y presidió la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, ve el servicio militar como esencial para la seguridad interna y defiende un debate claro entre militares y civiles.

El especialista considera que hay una disputa al interior del propio Ejército sobre qué conducta debe ser asumida. «Hay por lo menos dos vertientes del Ejército brasileño», afirma. Una es la del Comandante del Ejército (el general Villas Bôas) que encuentra temeraria esa banalización del empleo de las fuerzas armadas en misiones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO). La otra vertiente es la encabezada por el ministro-jefe del gabinete de Seguridad Institucional, [el general] Sérgio Etchegoyen, que dice no ver ningún problema y utiliza la vieja máxima entre los militares de que misión dada es misión cumplida.

Fuccille es también un optimista. Para él, la intervención es una oportunidad para que avance en la población el diálogo sobre el papel del Ejército en la sociedad — y una prueba de que la mentalidad militar no cambió en nada en las últimas décadas.

ENTREVISTA

– Carta Capital: ¿A qué refiere la intervención federal en Río sobre la relación entre los militares y el poder político?
– Alexandre Fuccille: Ahí tiene un debate de fondo que no está siendo encarado – principalmente por parte de la Presidencia de la República – que son las cuestiones sociales. Se deben resolver los problemas sociales del Brasil y de Río para acabar con la violencia y la criminalidad.

Otra cuestión importante es la ausencia de un debate más serio sobre la cuestión de las drogas o de la descriminalización de las drogas. Rio de Janeiro no tiene frontera con ningún otro país y la mayor parte das drogas consumidas en el Brasil viene de afuera. Eso sí es una atribución del gobierno federal, que no ha respondido a satisfacción. A partir de la “PEC do Teto” [Promulgada Enmienda Constitucional sobe el Techo en Gastos Públicos], la implementación del sistema de monitoreo de fronteras camina a paso de tortuga.

El tercer punto de ese debate es la reforma de las policías, un problema fundamental que se arrastra desde la redemocratización, en 1985, y que hasta el momento no tuvo ninguna respuesta apropiada por parte del poder político. Los diferentes sistemas policiales, prácticamente la única estructura del Estado no período post autoritario, no pasaron por ningún tipo de reforma. Y así, continúan estructurados básicamente de la misma forma que en el régimen de excepción.

– CC: ¿Qué mensaje lleva consigo la elección de un general para comandar una intervención civil?
– AF: Para una democracia robusta y saludable, no es la mejor decisión. La forma como es construida esa cadena de mando – o sea, el hecho de que el general no se reportará al comandante del Ejército, e sí al presidente de la República – no es deseable. En el limite, eso puede encaminarse para que Braga Netto [General de Brigada Walter Souza Braga Netto, interventor militar en Río, que tuviera a un hermano asesinado, también en Río de Janeiro) tenga bajo su responsabilidad a 50 mil hombres del Ejército, o un cuarto de los efectivos de la fuerza terrestre del país.

– CC: ¿Cuáles son las consecuencias de la intervención en la rutina del Ejército, especialmente en Río?
– AF: Los términos aun están muy nebulosos, pero creo que lo que mude sea muy poco. El efecto es mucho más pirotécnico que real o de cambio de la situación concreta. El riesgo es que los militares acaben contaminados por la criminalidad. Eso ya ocurrió una que otra vez con militares siendo aprehendidos con drogas y armamentos (ilegales). Hasta porque el soldado vigila durante el día, pero regresa, cuando termina, a la favela en la que vive.

Obviamente, no es sólo en la policía de Río donde hay “bandos corrompidos”, y que el Ejército no conseguirá resolver eso en seis meses, un año o dos años. La preparación militar es completamente distinta de la preparación para la seguridad pública. La preparación militar es la preparación para la guerra. Usted no declara la guerra contra conciudadanos. Desde el punto de vista de la falta de respeto a los derechos humanos, hay un riesgo muy grande.

– CC: Para el sector más conservador del Ejército – a ejemplo del general Mourão, el año pasado, y de Bolsonaro, que criticó la intervención -, ¿la medida representaría una pérdida de autonomía para la entidad? ¿Qué puede venir de la resistencia de esos militares?
– AF: Hay por lo menos dos vertientes del Ejército brasileño. Una es la del Comandante del Ejército, (el general Villas Bôas), que encuentra temeraria esa banalización del empleo de las fuerzas armadas en misiones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO). La otra vertiente es la encabezada por el ministro-jefe del gabinete de Seguridad Institucion1al, [el general] Sérgio Etchegoyen, que dice no ver ningún problema y utiliza la vieja máxima entre los militares de que misión dada es misión cumplida.

Hay una disputa al interior del propio Ejército sobre cuál debe ser la conducta a ser asumida. Desde el punto de vista político, Etchegoyen está mucho más cerca del presidente Temer, hasta porque fue nombrado por él en la reorganización del gabinete, que había sido extinguido por la ex presidente Dilma. En tanto que Villas Bôas fue nombrado por el gobierno Dilma. Me parece mucho más prudente la posición del Comandante, que inclusive saldrá en marzo – y ahí entrará alguien más alineado a Temer, lo que veo con mucha preocupación.

– CC: El ministro Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), afirmó que la intervención puede desgastar al Ejército, tanto en imagen como en la parte logística. En su visión, ¿es eso probable?
– AF: Sin duda. El Ejército y las fuerzas armadas pueden salir con su imagen chamuscada ante la opinión pública brasileña al final de esa intervención. Hoy ellos gozan de un prestigio bastante elevado ante la población, conforme lo indican varias encuestas de opinión.

La población siempre apoya eso. Cuando la operación (Rio I, en la cual el entonces presidente Itamar Franco movilizó 20 mil soldados para ocupar las favelas tenidas como peligrosas) termina en 1995, y las encuestas indicaban casi un 90% de apoyo a las fuerzas armadas.

Un tanque de guerra con la torre de tiro vuelta hacia la favela, un soldado armado en el bulevar de Copacabana — eso trae, principalmente entre la clase media, una sensación de mejora de la seguridad pública. Las personas se sienten más seguras, pero es una percepción equivocada.

Hay un gran show, el gobierno [está] haciendo un gran espectáculo para la sociedad, y una buena parte de los grandes medios de comunicación está yendo detrás y saludándolo por eso. Me parece una gran maniobra por parte de Temer, mucho más una jugada política por parte de su gobierno — que adolece de una legitimidad impugnada, una popularidad bajísima, con serias dificultades para aprobar la reforma de la Previsión Social — de crear una cortina de humo para el proceso electoral que se avecina.

La cuestión logística (de la intervención) comprende un costo extremamente caro. Usted tiene viáticos, alimentación, una serie de cosas que, se estuvieran siendo destinadas originalmente para el área social, o a la experiencia de las UPPs [Unidades de Policías Pacificadoras] — que comenzó de manera interesante y acabó degenerándose completamente — podría resultar en algo diferente.

El área de la seguridad pública incomoda a todos y alcanza desde el rico al pobre de forma indistinta. Obviamente que la comunidad pobre, “favelada”, negra, siente eso literalmente en la piel, pero yo diría que no hubo ningún hecho de envergadura que justificara la intervención. Río continúa viviendo un proceso de degradación muy triste, y nada cambió substantivamente.

– CC: ¿Debe aumentar la desconformidad de esa ala “más profesional” del ejército?
– AF: Puede aumentar, pero yo espero que siga apenas como desconformidad. Es importante recordar que el presidente da República es también el comandante en jefe de las fuerzas armadas. O sea, es Temer quien tiene la legitimidad para decidir acerca del empleo de las fuerzas armadas a la luz de la Constitución. Él, como profesor de derecho constitucional, sabe muy bien como hacer eso.

Encuentro positivo que las fuerzas armadas mantengan esa posición profesional. Aun tenemos el Ministerio de Defensa que en su interior está muy militarizado, y es importante fortalecer la ocupación por parte de civiles de varios cargos claves (del ministerio). No es que una persona por cambiar el uniforme por un pijama vaya a cambiar la socialización de quien pasa veinte, treinta años, con una mentalidad militar.

– CC: ¿Cómo ve usted la declaración de Villas Bôas de que los “militares precisan tener garantías para actuar sin el riesgo de surgir una nueva Comisión de la Verdad”?
– AF: Quedé boquiabierto al oír esa declaración. Lo que muestra que ellos no entendieron nada de lo que significa la Comisión de la Verdad. Más aun, muestra que no habrá cambio de fondo en la mentalidad de nuestras fuerzas armadas. Es obvio que los militares deben tener garantías para actuar, pero eso no es un cheque en blanco para que ellos actúen como quieran.

– CC: Aun sobre Villas Bôas: en la reunión del Consejo de Seguridad, el general sugirió un mandato de búsqueda y aprehensión colectivo en Río, que fue atendido por el presidente y debe seguir para el poder Judicial. ¿Cuál es su evaluación sobre esa decisión?
– AF: Imagino que ese tipo de presión sobre el Comandante venga de la corporación. Es absolutamente lamentable. Obviamente, el mandato colectivo no es para entrar en una residencia en la avenida Atlántica, en la avenida Cinco, entre otros lugares. Sabemos para donde apunta ese mandato colectivo, y los resultados prácticos que eso acaba teniendo.

Tal vez mi lectura sea demasiado optimista, pero creo que (los mandatos) estén mucho más para que el Ejército cuente con una carta en la manga antes que para ser utilizados rutinariamente. La criminalidad y las facciones se sentirían perseguidas a partir de un mandato colectivo y tendría un enfriamiento de la onda de violencia por un período temporario.

Si tuviéramos un STF efectivamente guardián de la Constitución, no aceptaría eso de ninguna manera. Sabemos sobre quien recae el costo real y concreto (del mandato). Eso tiene dirección geográfica, color y classe social. No debería constar ni en la Constitución en aquella parte que dice que las fuerzas armadas son responsables por la garantía de la ley y del orden.

Lo que es ley para una persona es relativamente pacífico, pero el orden es un concepto absolutamente subjetivo. Ese tipo de redacción acaba sirviendo de medio para que las fuerzas armadas sean utilizadas en defensa del gobierno e no del Estado, como debería ser.

– CC: Usted defiende un debate claro y transparente entre la sociedad civil y el sector militar. El nuevo papel dado a las fuerzas armadas en Río ¿adelanta o retrocede el diálogo?
– AF: La intervención es lamentable, pero el debate que suscita es absolutamente positivo, porque permite puntuar los riesgos a los que la población está expuesta, en especial la población de bajos ingresos y más fragilizada socialmente. Tiene un acceso pedagógico para nosotros podamos discutir con un número mayor de personas el tipo de riesgo que ese empleo trata. Es para decir: “Mira, ¿a qué intereses sirve esa intervención en Rio de Janeiro?”

Es un debate importante porque las personas, en el día a día, no se dan cuenta de eso. Muchas veces, ellas encuentras que los militares van (a las calles) para garantizar la vida de las personas. No estoy diciendo que los militares sean mal intencionados, ellos fueron colocados en eso por el presidente, pero es importante enfrentar ese debate. En varios países las fuerzas armadas tienen prohibido el ser empleadas internamente, porque existen para ser empleadas contra extranjeros, lo que no es el caso.

– CC: La intervención debe ir hasta inicios del 2019. En caso de que la situación de seguridad en Río no mejore, ¿los militares pueden incomodarse con el hecho de asumir tal responsabilidad?
– AF: Eso puede traer consigo un descontento en el interior de la caverna, y una eventual irritación de ánimos entre esas dos alas del Ejército. Pero más allá de eso, es difícil pronosticar.

– CC: ¿Temer puede beneficiarse de esa maniobra? De ser así, ¿hasta qué punto?
– AF: Él puede llegar a beneficiarse, pero es difícil revertir la situación de un gobierno cuya aprobación no llega a los dos dígitos. Hubo especulaciones en la prensa de que la intervención podría impactar en la posibilidad de su relección, lo que me parece fuera de la realidad.

Eso confunde todo el juego. Tiene varios aliados, de Rodrigo Maia a Alckmin, que son precandidatos a la Presidencia. En razón de todo ese complejo proceso, es difícil imaginar cuál va ser el resultado que tenga esa operación. Pero es cierto que el gobierno espera facturar dividendos políticos con la intervención en Río. No se busca combatir el crimen organizado o mejorar las condiciones de seguridad de la población fluminense, ahí hay otros intereses. Está por verse si él lo conseguirá o no. Encuentro improbable que lo consiga.

– CC: El presidente señaló la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, aun sin titular, que estará subordinado al Ministerio de Justicia. ¿Qué efectos tendrá la existencia de una cartera más?
– AF: La creación de un ministerio más es mucho más mediática, en el sentido de señalar a la sociedad que el gobierno está haciendo algo, antes que presentar resultados prácticos. No veo sentido en la creación de una estructura ministerial para eso.

Interesa mucho más la ausencia de políticas públicas efectivas en otras áreas, que podrían traer consigo la reducción de la violencia. Hay una serie de medidas que podrían ser tomadas y no se está haciendo. También me preocupa un posible desplazamiento de Etchegoyen como ministro de Seguridad Pública. Continuamos yendo en la dirección errada.

– CC: ¿La intervención en Río puede abrir camino para posibles guiñadas aun más autoritarias en el país?
– AF: Creo que no se trata de una guiñada autoritaria, aunque no sea deseable. Lo que sucede es que se dan una serie de movimientos en que los militares están ganando protagonismo nuevamente, debido a la inercia de la sociedad civil. Conforme abrimos los periódicos, percibimos cómo los militares están implicados en Río; en la cuestión de los inmigrantes y en otros lugares, porque los civiles están tirando eso en las espaldas uniformadas.

Por Laura Castanho
Fuente: CARTA CAPITAL, www.cartacapital.com.br (21.02.2018)

Traducido por Héctor Valle para La ONDA digital

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