Honduras: El laboratorio del fraude

El 18 de diciembre, el Tribunal Electoral declaró a Juan Orlando Hernández presidente de Honduras, quien asumió el 27 de enero su segundo mandato, a pesar de las múltiples denuncias de fraude presentadas por la oposición y el pedido de la OEA y otros organismos internacionales de repetir los comicios.

La ceremonia de asunción se realizó en el Estadio Nacional, donde se había montado un fuerte operativo de seguridad tanto alrededor de dicho estadio con varios anillos policiales y militares, como a más de 500 metros de la ceremonia.
Sus adversarios se concentraron en la colina capitalina de Miraflores donde fueron reprimidos con gases mientras marchaban hacia el estadio.

Desde las elecciones del 26 de noviembre se registran movilizaciones masivas contra el fraude con un saldo de 40 hondureños asesinados por la represión.

El fraude
Al día siguiente de la elección, los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral con el 57% del recuento realizado, el candidato de la alianza de la oposición Salvador Nasralla obtiene una ventaja de 5 puntos por sobre Juan Orlando Hernández. Tras una más que sospechosa caída del sistema informático, faltando retransmitir 5000 actas, se ofrece un nuevo recuento donde Orlando Hernández supera por 1.6 puntos a Nasralla. El fraude se consolida el 18 de diciembre cuando el TSE ofrece los resultados finales otorgando la victoria a Juan Orlando Hernández por 42.95% frente al 41.5% de Nasralla.

El descaro fue tan evidente que la propia OEA cuyo jefe de Misión Electoral era el boliviano Tuto Quiroga, ex Vicepresidente del dictador Banzer, señaló en un comunicado: “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.”

Cronología
El 28 de Junio de 2009 era la fecha prevista en Honduras para una consulta popular (la Cuarta Urna) para una posible convocatoria de una Asamblea Constituyente que ponía el tema de la reforma constitucional en el centro de la agenda pública, cuestionando las estructuras políticas más tradicionales y conservadoras. Ese mismo 28 de junio Manuel Zelaya, en pijamas, es sacado a la fuerza por militares encapuchados y lo deportan a Costa Rica pasando por una base militar de Estados Unidos en Honduras. La convocatoria de este golpe fue gestado por el sector empresarial, medios hegemónicos de comunicación, la Iglesia, un apoyo logístico de Estados Unidos y el ejército hondureño.

Honduras fue el campo de entrenamiento y logística de la CIA en la década del ‘80, utilizada para la contra nicaragüense y con convenios internacionales desde la década del ‘50 que permite al ejército de Estados Unidos realizar maniobras e instalar bases militares.

Honduras es un país de un gran interés estratégico geopolítico para los Estados Unidos, limita con prácticamente 4 países de Centro América y posee salida al Pacífico y al Atlántico. El acercamiento y el viraje de Zelaya en su alianza regional con Venezuela y la inclusión de Honduras en el Petrocaribe y más tarde al ALBA fueron los causantes del inicio del golpe de Estado en dicho país.

Pero algunas características, que vale señalar, es que el golpe en Honduras marcó una nueva etapa regional en materia de golpes parlamentarios blandos que fue efectivo, con un anterior ensayo fallido en el 2002 en Venezuela y que después se sucedieron en Paraguay y Brasil. En el 2012, sin permitir el debido proceso, el Congreso paraguayo destituyó a Fernando Lugo en tan solo 72 horas. En el “juicio político” el Senado lo declaró “culpable de mal desempeño de las funciones presidenciales” por la muerte de 17 personas durante el desalojo de campesinos en Curuguaty.

En 2016 en Brasil, diputados acusados de corrupción rompen su alianza con la coalición de gobierno y promueven un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. En Honduras el golpe tuvo su apoyo por parte del Congreso y el cambio de presidente se hizo efectivo mediante una firma de renuncia falsificada de Zelaya entregando la presidencia a Roberto Michelletti, presidente del Congreso Nacional, destacando que dicho proceso no está amparado por la Constitución Nacional.

En un marco de conflictividad social donde las manifestaciones duraron más de 6 meses con el pueblo hondureño en las calles, se dio lugar a un frente de Resistencia al golpe de Estado y re agrupamiento del movimiento social lo que transformó al golpe de Estado en una crisis hegemónica y política. Ante esto, el Gobierno emite dos decretos que ordenan la restricción de los derechos a las libertades personales, así como de asociación, reunión, libre tránsito y, al mismo tiempo, facultaba las detenciones arbitrarias y la incomunicación por más de 24 horas, desconociendo los derechos civiles y políticos contenidos en los artículos 69, 71, 78 y 81 de la Constitución de la República.

Mediante este instrumento se estableció el toque de queda y se restringió la libre circulación. Además, quedó prohibida toda reunión pública, emitir publicaciones por cualquier medio “escrito, hablado o televisado” que ofendieran a los “funcionarios públicos”. Igualmente, autorizó a CONATEL a intervenir y cancelar las frecuencias de medios de comunicación. A través de este decreto se autorizó a las fuerzas del orden a detener a toda persona considerada sospechosa, sin necesidad de una orden judicial, y a desalojar toda instalación o espacio público por la fuerza militar.

Con Zelaya extraditado y en un contexto de restricciones de derechos y libertades se realizaron las elecciones que dio como ganador a Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional (derecha), quien negoció durante los dos primeros años de su gestión el retorno de Zelaya a Honduras y quien forma un nuevo espacio Político LIBRE (Libertad y Refundación). El 24 de noviembre del 2013 se produce un nuevo cambio de gobierno de la misma fuerza política resultando electo Juan Orlando Hernández.

Modelo extractivista y represivo
En ambas gestiones post golpe, además del incremento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, se puso en marcha, con la justificación de atraer inversiones extranjeras, una serie de leyes de corte neoliberal que condujeron a la entrega de territorios con la pérdida de su soberanía frente a las transnacionales. Los inversionistas extranjeros se definen como libertarios y no vacilan en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno. Uno de los requisitos otorgados por el gobierno hondureño es que los litigios sean resueltos por cortes internacionales, ignorando las legislaciones nacionales de Honduras.

Ambos gobiernos dieron lugar al programa de “Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, conocido por sus siglas en inglés como REDD, promovido por Naciones Unidas y el Banco Mundial. Este programa según la CLOC y otras organizaciones de campesinos, es como el caballo de Troya para el extractivismo, el etnocidio y ecocidio.

Una investigación de la ONG Global Witness descubre que en Honduras se vive uno de los niveles más altos de violencia contra los activistas ambientales: más de 120 muertes desde 2010. Los investigadores dicen que la culpa es principalmente de la corrupción del gobierno que rodea a los proyectos de desarrollo como represas, minas y plantaciones de aceite de palma. Su informe también destaca que algunas instituciones financieras internacionales tienen su propio papel en los conflictos relacionados con proyectos hidroeléctricos, al igual que las ayudas estadounidenses al ejército hondureño y los cuerpos de policía, que se han visto implicados en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.

El caso más notorio fue el asesinato de Berta Cáceres, conocida activista hondureña que luchaba por los derechos de los indígenas y ganadora del premio ambiental Goldman, que fue asesinada a quemarropa en su casa. Ella había estado recibiendo amenazas relacionadas con su trabajo con las comunidades que se oponen a la construcción de la presa de energía hidroeléctrica Agua Zarca en la zona occidental de Honduras. Entre los sospechosos arrestados en conexión con su asesinato se encuentran personas con vínculos con el ejército hondureño y DESA, la empresa tras el proyecto de la presa. Según estadísticas de organizaciones campesinas, el 70% de las tierras cultivables está en manos de un 3% de propietarios y 7 de cada diez campesinos carecen de propiedad.

Honduras tiene una población de aproximadamente 9 millones y se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe: “para junio de 2017, el 68.8% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos se encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo y el 40.7% se encuentran en condición de pobreza crónica, al no tener sus necesidades básicas satisfechas y sus ingresos están por debajo de la Línea de Pobreza”.

En este contexto, los gobiernos post golpe pusieron en marcha una “ley para optimizar la administración pública” que contempla que el Congreso renuncia a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo en especial la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarias de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas”. Este rediseño del Estado forma parte de la concepción de una “democracia con seguridad y sin violencia” contenida en el programa de gobierno “Plan de Todos para una Vida Mejor”. Un hecho definitivo es que en las administraciones Lobo-Hernández, como una herencia del golpe de Estado, los militares se han colocado como actores centrales en la gestión pública, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Este reposicionamiento de los militares en la gestión pública ha significado un incremento del presupuesto militar de más del 128 % en todo el periodo post golpe mientras que el de educación creció un 18.21% y el de salud 41.37%

Honduras, en el 2009, fue el laboratorio y el primer ensayo efectivo de un golpe de Estado de nuevas modalidades en este nuevo ciclo que tienen como características un impulso político desde el Poder Judicial junto a la manipulación mediática. La aplicación de políticas neoliberales, el extractivismo entregador de la soberanía y de derechos individuales y colectivos son garantizados en una reestructuración del Estado y leyes que permitan la “legalidad” de la usura poniendo en marcha el aparato de las fuerzas de seguridad y represivas que garanticen la gobernabilidad de estos modelos neoliberales. El golpe fue una tragedia para Honduras y el fraude que se consolida es una farsa para las democracias. Honduras es uno de los países de mayor pobreza y de violencia del continente y se ha convertido en un laboratorio donde se fabrican y se implementan estrategias que luego se aplican al resto del mundo.

 

Por Nicolas Honigesz

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