Sobre ley de fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo

Sobre el proyecto de ley de
fortalecimiento de la Inspección
General de Trabajo y Seguridad Social

En estos días, presenté un proyecto de Ley, con el respaldo de los compañeros de mi Bancada de Senadores del MPP y otros Compañeros integrantes de la Bancada Frenteamplista. El mismo refiere al fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social.

En los últimos tiempos, hemos observado como la jurisprudencia en materia de justicia administrativa, ha variado sus fallos ante demandas anulatorias de multas dispuestas por la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del M.T.S.S., presentadas por los empleadores. Una situación por demás preocupante, ya que tendría -entre otros efectos- el de volver ineficaz la actuación administrativa y desmotivar las denuncias de los trabajadores ante dicha Inspección, ocultando situaciones vulneratorias a los derechos sindicales consagrados por la OIT y demás normativa, entre otras.

Funciones de la Inspección General
La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social cumple un rol fundamental en el control y defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Es el órgano que controla el cumplimiento de la normativa a la cual el empleador se encuentra obligado; verifica el cumplimiento en materia de condiciones generales (salarios mínimos, rubros salariales, etc); las condiciones de seguridad, salud e higiene; y, aspectos vinculados al respeto de la actividad sindical, disponiendo sanciones en caso de injerencia o discriminación.

Además de su rol de “policía”, inspeccionando los lugares de trabajo, recabando informes, tomando actas y, eventualmente, disponiendo sanciones administrativas, promueve la negociación tripartita en materia de seguridad, salud e higiene en el ámbito laboral.

Los nuevos fallos
Estos fallos han adoptado la postura de anular varias sanciones administrativas dispuestas por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, utilizando una serie de fundamentos perjudiciales para los intereses de los trabajadores. En este sentido, vale como ejemplo una sentencia que dispuso la anulación de una multa impuesta por la Inspección a una empresa que había cometido persecución sindical. Dicha sentencia, entendió que el acto impugnado era ilegítimo por ilicitud de la prueba producida por la Inspección. La misma se componía de varios testimonios vertidos por trabajadores donde se expresaba -describiendo hechos- la forma en que se materializaba la persecución sindical. La prueba fue declarada ilícita por la justicia administrativa, debido a que la Inspección preservó la identidad de los trabajadores denunciantes y testigos. Para ello, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social aplicó por analogía disposiciones de la Ley Nº 18.561 aplicable a situaciones de acoso sexual.

En el caso, los inspectores tomaron declaraciones a los testigos sin que constara en actas la identificación de los mismos, resultando las mismas por lógica, el principal medio probatorio producido en el procedimiento. Este fue uno de los fundamentos principales para echar por tierra la sanción impuesta. Una medida, cuya finalidad era proteger la identidad de los trabajadores ante eventuales situaciones de vulneración de derechos, sirvió como argumento para anular la multa impuesta al empleador.

Discrepamos con la posición que afirma que la prueba recogida en vía administrativa es ilícita, imposible de controlar y viola el principio de defensa, por el solo hecho de que esta preserve la identidad de los trabajadores interrogados.

No acceder a la identidad de quien declara, no implica no acceder a los contenidos de lo declarado, para que el empleador pueda ejercer su defensa ante lo que se dice y no ante quien lo dice. Lo relevante, a nivel probatorio, son los contenidos de lo que se expresa y no quien lo expresa. En una relación laboral donde la realidad indica que existe un verdadero desequilibrio de poder, no preservar la identidad del trabajador, implica imponer una ley de omertá o silencio, ante los eventuales abusos perpetrados por los empleadores. ¿Qué trabajador se atrevería a declarar contra un empleador si el día de mañana puede quedar a merced de sufrir represalias o, directamente, ser despedido?

En estos días han trascendido algunas situaciones de violencia ocurridas dentro del ámbito laboral. Hace unas semanas trascendió públicamente (y tuvo repercusiones a nivel judicial), una denuncia realizada por un peón rural en el departamento de Salto, donde manifestó haber sido agredido en el establecimiento donde trabajaba. A su vez, el día 17 de octubre la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, denunció otro hecho de violencia ocurrido en el ámbito rural. Allí se denunció que un trabajador de los arrozales fue agredido con un arma blanca por parte de otro funcionario, y eso le bastó como causal al empleador para despedirlo junto al agresor.

En estos casos, como en otros de igual envergadura la prueba por excelencia no es otra que la prueba testimonial. Una medida que por su naturaleza y para que represente de manera fidedigna la verdad material de los hechos ocurridos, debe ser reservada.

Por lo expuesto se hace necesaria una ley que establezca a texto expreso la reserva y fundado en esa necesidad es que hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley que consagre el derecho a preservar la identidad de los trabajadores.

Proyecto de ley
En un artículo único, el proyecto propuesto establece que la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social «dispondrá de amplias facultades de investigación sobre los hechos denunciados, acordándose especial relevancia a la actuación realizada en el lugar de trabajo y a las entrevistas producidas en el lugar que crea más conveniente, para interrogar a los denunciantes, denunciados y testigos y, recoger todas las pruebas que resulten pertinentes». Asimismo, «cuando la inspección proceda a interrogar personas que por su vinculación con los implicados (laboral o de otra índole), puedan tener un conocimiento directo de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en forma reservada, y sin identificar en el expediente los datos de los deponentes.»

A modo de conclusión, basta decir que en el marco actual una eventual actividad de la Inspección que investigase hechos notorios, como por ejemplo los que involucraron al peón de Salto agredido u otras irregularidades que ya han sido denunciadas, harían ineficaz cualquier tipo de medida a adoptar. Por todos estos motivos, es fundamental y urgente la aprobación de esta ley correctiva.

Por Dr. Charles Carrera Leal
Senador de la República – MPP – FA

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