Ahora la realidad: las plazas de deportes del siglo XXI

Otorgar mayor autonomía, mayor capacidad de decisión a las Plazas de Deportes, parece absolutamente necesario y como intención figura en las declaraciones y propósitos de los organismos rectores del deporte comunitario en el Uruguay. La descentralización puede efectivamente conducir a una gestión más eficiente y a una mejor adecuación a las necesidades de los habitantes pero hay que tener en cuenta que, más allá de la retórica, puede abarcar diferentes aspectos y un puesta en práctica realmente participativa y bien planificada.

Gobernanza, descentralización y asimetrías –  Tratar de avanzar en la concreción de cambios institucionales de profunda significación social, como los mencionados antes en “Las Plazas de Deportes y las trampas de la gobernanza” (en La Onda Digital N.º 832) requiere meter el escalpelo un poco más en la subpolítica, con la aclaración debida que la invocación de la gobernanza por actores públicos puede provenir de cierta ingenuidad lejana de cualquier intención verdaderamente tramposa.

La sociedad civil ha venido asumiendo diferentes tipos de iniciativas al margen de los sistemas políticos tradicionales. La sociedad civil y los individuos encuentran en la acción política y el ejercicio del poder para la toma de decisiones, un espacio de gestión que muchas veces – como por ejemplo en el caso de las Plazas de Deportes – surge como un intento de transferencia por parte de un ente estatal.

Estas iniciativas implican cambios en la institucionalidad estatal porque entrañan modificaciones en el ejercicio del poder que recaen fuera de las instituciones clásicas representativas del sistema político. Por otra parte, los cambios se apoyan en niveles de organización de los actores sociales que conducen a formas de participación y cogestión que despiertan interés en la sociedad (por ejemplo las Comisiones de Apoyo de la Plazas de Deportes). Sin embargo, en el campo de la articulación entre actores públicos y actores sociales, especialmente en el ámbito del deporte y la recreación comunitarios, no existe demasiado conocimiento sistematizado porque las experiencias previas parecen no haber sido suficientemente consideradas, sin perjuicio de los importantes aportes históricos y contextualizadores que han realizado el Prof. Arnaldo Gomensoro y otros destacados docentes de educación física.

Ahora estamos enfrentando un desafío en que la gobernanza, un concepto ambigüo (generalmente intencionalmente ambigüo), ha tendido a confundirse con la gobernabilidad. Algunos autores consideran a la gobernanza como un modo de regulación social; otros, como Boaventura de Sousa Santos[i], señalan que “desde mediados de los años noventa, la gobernanza se ha convertido en la matriz política de la globalización neoliberal” (de Sousa Santos, 2007: 33).

Los promotores europeos de la gobernanza la presentan como procedimiento para las interacciones y la participación ciudadana plena en las decisiones políticas y sociales que permiten una mejor calidad de vida y el rescate de la dignidad humana. Teóricamente estas interacciones implican acciones cooperativas de redes públicas y privadas y se concretarían en acuerdos entre una variedad de actores políticos, económicos y sociales para “solucionar problemas” y construir la institucionalidad necesaria para forjar los cambios.

En la retórica de la gobernanza esta suele aparecer en relación con diferentes principios inobjetables, como participación,  transparencia, eficacia y rendición de cuentas. En particular, la participación política parece referirse al ejercicio de la ciudadanía en los asuntos públicos y a los mecanismos que buscan democratizar las instituciones públicas con la finalidad de incrementar la participación de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones que les afectan.

Las oportunidades de participación de la ciudadanía han sido abordadas por autores, como Jürgen Habermas con su propuesta de democracia deliberativa, Chantal Mouffe con el pluralismo democrático y David Held con la democracia asociativa, entre otros, que desarrollan discusiones sobre la redefinición de las representaciones, la política democrática, la ciudadanía, la sociedad y la participación [ii]. Pero es de Sousa Santos quien ha apuntado certeramente su crítica a la gobernanza al sostener que las interacciones entre agentes públicos y privados no pueden ser tratadas como si fuesen simples relaciones de colaboración totalmente despolitizadas. Lo que sucede – dice el sociólogo portugués – es que a “consecuencia de su concepción del poder y de su énfasis en la solución de problemas, el enfoque de la gobernanza tiende a ignorar las profundas asimetrías de poder entre actores” (de Sousa Santos, 2007: 33).

Las relaciones de poder implican posiciones de subordinación, en donde las asimetrías son muchas veces invisibilizadas y naturalizadas de modo que se vuelven fuentes de desigualdades. El diseño político de las organizaciones públicas suele permitir la participación ciudadana bajo esquemas jerárquicos que dejan espacios muy acotados para poder controlar la intromisión de agentes extraños en las decisiones del Estado. Distintos autores han estudiado los fenómenos de la participación ciudadana en América Latina y han llegado a la conclusión que los espacios de participación están delimitados en programas ya definidos centralmente y la convocatoria suele reducirse a congregar personas en apoyo a intereses institucionales pre establecidos por el poder central [iii].

La gobernanza siempre encuentra motivación en los procesos jerárquicos impuestos desde arriba y los actores sociales terminan incorporándose cuando el diseño institucional se ha completado totalmente, o simplemente no se incorporan, como afirma de Sousa Santos, pues aquella privilegia más el discurso que la realidad social aunque para lograr eficiencia política sea imprescindible el conocimiento local. Para de Sousa Santos, las instituciones creadas por el Estado para contribuir a descentralizar y democratizar, de alguna forma se constituyen en factores de asignación de poder puesto que devuelven la autoridad de decisión al nivel local.

Señala el portugués – citado por Daniel Rueda [iv] – que las asimetrías de poder entre actores sociales desconocen las desventajas de los desposeídos en las negociaciones, puesto que “los resultados de la deliberación no se encuentran predeterminados por las diferencias entre los recursos de los participantes”, y por la misma razón, al negarse a discutir la redistribución de recursos entre los participantes, el enfoque descarta las condiciones necesarias para la participación real de los actores en condición asimétrica. Es dicha participación real la que permitiría contrarrestar las asimetrías entre interesados.

Descentralización, autonomía y cogestión – En las Plazas de Deportes, los agentes locales (los directores, el personal  y sobre todo los usuarios, padres de usuarios y vecinos) suelen tener mejor información sobre las necesidades y capacidades que tiene un centro deportivo, recreativo y cultural que las mismas autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte o de las Direcciones Departamentales de Deportes.

Suele decirse que no hay nada más inequitativo que tratar de la misma forma a lo que es diferente y por lo tanto es la praxis, el mundo de lo concreto, lo que debería guiar los intentos para promover las formas de funcionamiento que hacen a la vida misma de las Plazas de Deportes, ya adentrados en este siglo XXI. Es precisamente en este mundo de lo concreto en que se vuelve imprescindible prototipar las acciones, efectuar ensayos acotados, ensayar, dado que la descentralización no puede aplicarse en todos los ámbitos al mismo tiempo ni con la misma profundidad so pena que junto con el aparato se nos queme el manual de instrucciones.

En términos generales, sin un incremento bien establecido en los grados de autonomía no hay descentralización. Establecer los aspectos y grados concretos de la autonomía es fundamental para conseguir los mayores niveles de inclusión social,  el desarrollo de las potencialidades de los usuarios, el intercambio y complementación con otras Plazas de Deportes y la gestión de proyectos integradores.

Va de suyo que la autonomía conjuga el otorgamiento de mayor responsabilidad y autoridad efectivamente delegada en los actores locales pero suele suceder que muchas veces quienes deben delegar pueden mantener temores anacrónicos, algo así como los de la física del aristotélica “que le tenía horror al vacío” (horror vacui). Temor o reticencias, por ejemplo, ante el descontrol, el uso indebido de la autonomía (“el libertinaje” o “el conflicto”), que ni siquiera los mejores manuales de negociación de la Escuela de Negocios de Harvard serían capaces de sofocar.

Hay terreno ignoto por el que se deberá transitar para hacer efectiva la descentralización de algo tan dinámico como el deporte comunitario. En general la estructura de las Plazas de Deportes es vetusta, en muchos casos. En otros se ha efectuado un gran esfuerzo, con logros espectaculares. Sin embargo, el desafío de la descentralización de autoridad y responsabilidad – sin que esto suponga apartamiento alguno de la legalidad – exige un grado de participación de los actores locales al que, en general, no estamos acostumbrados en el terreno del deporte o de la recreación. Basta pensar la distancia sideral que existe entre el poder de decisión de quienes dirigen los clubes deportivos, entre dirigentes y “la masa social” (y mucho más allá los hinchas o simples aficionados). El elitismo de muchas dirigencias que le tienen un miedo visceral a las muchedumbres, a “la tiranía de las mayorías” y otros tropos que, en su mayoría, son contemplados por la gobernanza.

Para descentralizar seriamente el tema de la participación democrática de los actores locales es decisivo. Así habrá que abordar el tema de los ámbitos de descentralización o ámbitos en los que la liberación de la potencialidad de las Plazas de Deportes requiere una mayor autonomía, una verdadera cogestión entre los actores públicos centrales y sobre todo locales (las Direcciones) y los actores comunitarios (las Comisiones de Apoyo).

Mencionaremos algunos de estos ámbitos sin que el ordenamiento dado signifique prelación o jerarquía:

  1. La autonomía en materia de gestión de recursos materiales (elaboración de presupuestos, planificación de ingresos y egresos, inversión en equipamiento, mejoras edilicias y de infraestructura, mantenimiento, fondos destinados a proyectos y actividades de la Plaza, etc.).
  2. La autonomía en la gestión del personal contratado por las Comisiones de Apoyo y Fomento (CAF) (contrataciones, selección y designación, capacitación, ascensos, formación continua, supervisión y control, despidos, etc.) y en general sobre la supervisión y para colaborar en la dirección de todos los funcionarios de la Plaza, sin perjuicio del debido procedimiento y la vinculación jerárquica de los funcionarios públicos o municipales que revistan en la misma.
  3. La autonomía en la planificación y ejecución de actividades y servicios – sin perjuicio de los planes y lineamientos generales establecidos por la SND o las Intendencias Municipales – es esencial para que la mejora y diversificación pueda concretarse.
  4. La autonomía en la promoción de nuevos usuarios (individuales e institucionales, por ejemplo escolares), determinación de los criterios de admisión, inclusión y preparación para el mejor disfrute de los servicios, etc.

De todos modos, otorgar mayor autonomía a las Plazas de Deportes no es una solución mágica porque la retórica debe ir acompañada de una cuidadosa puesta en práctica de ciertas condiciones esenciales, por ejemplo y primordialmente, mediante la participación de los usuarios a través de las Comisiones de Apoyo y Fomento. La mera descentralización de las decisiones puede llegar a ser contraproducente si solamente se trata de dar mayor autoridad y responsabilidad a los Directores de las Plazas u otros funcionarios intermedios del aparato público (SND, Intendencias Departamentales) porque acentuaría la asimetría del poder y vaciaría de contenido la participación.

Además, una descentralización concentradora puede acentuar las disparidades que existen entre las distintas Plazas, cuyas capacidades son muy distintas y cuyas Comisiones de Apoyo y/o Fomento, necesariamente honorarias, pueden encontrarse en una fase incipiente (aún si personería jurídica reconocida por el MEC) y por ende en inferioridad de condiciones para ejercer una cogestión eficiente o para asumir en forma colectiva y sostenida la autoridad y la responsabilidad incrementadas que trae aparejada la autonomía.

Cogestión, rendición de cuentas e información – La autonomía es factor y condición, al mismo tiempo, para que las decisiones que se adopten en acuerdo entre los Directores de las Plazas y la respectiva Comisión de Apoyo y/o Fomento en el marco de la cogestión, estén orientadas a mejorar el servicio, a desarrollar las prestaciones deportivas, recreativas y culturales de las Plazas como centro de esparcimiento,  convivencia, bienestar y salud de la comunidad.

Por otra parte, si la cogestión Dirección/CAF no funciona o si cualquiera de sus términos resulta débil o ineficaz, la autoridad y responsabilidad incrementadas pueden conducir a una agudización de las desigualdades. Por este motivo, el éxito de las reformas que aumentan la autonomía de los centros educativos depende en gran medida de que se vean acompañadas por la generación de mecanismos de control público y de rendición de cuentas.

Cuando se habla de rendición de cuentas se siente, muchas veces, el trotecito de uno de los caballitos de batalla del New Public Management, la llamada “explosión de la auditoría”. Pues bien, la rendición de cuentas a la que nos referimos no tiene nada que ver con la matraca neoliberal del utilitarismo y el beneficio económico a cualquier costo. No es un problema exclusivamente contable, auditable, sino esencialmente de control por parte de la comunidad que puede y debe efectuarse, en condiciones de transparencia, mediante la obtención y difusión de información pertinente, oportuna y completa acerca de lo que nos interesa.

En este caso se trata de la capacidad y posibilidades de cada Plaza de Deportes, de las necesidades y requerimientos de la población usuaria (de todas las categorías etarias, socioeconómicas y culturales), de las actividades y servicios que se prestan y que se podrían prestar, de su articulación con otras instituciones y organismos, de la situación objetiva, de los planes estratégicos, etc.

Tanto las Direcciones de las Plazas como las Comisiones de Apoyo,  actuando conjuntamente con una destacada responsabilidad compartida, deberían generar y divulgar información sobre los servicios que se prestan, la participación de los usuarios en cada una de las actividades, los desempeños del cuerpo docente y de los funcionarios que hacen posible el funcionamiento de la Plaza, las actividades formativas, las nuevas propuestas, los hábitos saludables y, desde luego, el destino de los fondos, el resultado de las campañas y competencias deportivas, etc. Esta información y estadísticas debe circular entre los usuarios en la forma más amplia y ser puesta de manifiesto por todos los medios posibles (impresos y electrónicos desde luego) como sustancia indispensable que hay que agregar a la que habitualmente se difunde sobre las actividades deportivas y recreativas.

La verdadera potencia de la información se percibe cuando la misma aumenta el poder de decisión de los usuarios. En los espacios de actuación de los actores locales – en lo fundamental a través de la interacción entre la Dirección de la Plaza y los órganos democráticos de las Comisiones de Apoyo y/o Fomento, sus asambleas – se propende a una mejora de la gestión, a la incorporación de sugerencias e iniciativas valiosas y al aporte en trabajo benévolo de cientos o miles de voluntarios. Todo esto mejora la inclusión social, combate las distintas formas de discriminación e impulsa la igualdad de género.

Lic. Fernando Britos V.

El haber agregado inicialmente en el titular principal de este artículo, «TERRORISMO DE ESTADO» fue un error de La ONDA digital, pedimos disculpas al autor.

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[i]Cfr.  de Sousa Santos, Boaventura (2007) Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas. En: “El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita”. Editores: Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez; México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana. Libros de la Revista Anthropos.

[ii] Habermas, Jürgen (1998), “Sobre el papel de la sociedad civil y de la opinión pública política”, En Facticidad y validez, Madrid: Trotta, pp. 407-468.

Held, David (1997), “Ciudadanía y autonomía”. En: La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad. Bar-

celona: Paidós, Octubre, pp. 41-67.

Mouffe, Chantal (1999) El retorno de lo Político, Paidós, Barcelona.

[iii] Pressacco, Carlos (2000) “Descentralización, municipio y participación ciudadana: Chile, Colombia y Guatemala”. Eds.: Carlos Pressaco et al. Santiago, Chile: Centro Editorial Javeriano. Pontificia Universidad Javeriana.

[iv] Rueda Araya, Daniel (2013) Gobernanza y subpolítica en la teoría política crítica de Boaventura de Sousa Santos. En: Perspectivas Rurales. Nueva época, Año 11, N° 21, ISSN: 1409-325; San José de Costa Rica. 

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