Crisis actual del socialismo y ‘gobernamentalidad’ según Foucault

A propósito del lanzamiento del libro “Democracia y poder Constituyente”, Arturo Fontaine analiza como el socialismo se ha vinculado con el poder en la historia. Siguiendo el análisis de Foulcault, sostiene que el socialismo no tiene una forma natural de poder, y puede acoplarse tanto a un Estado policíaco, como a un gobierno liberal. Mientras Venezuela sería un ejemplo del primer caso, un ejemplo del segundo es la socialdemocracia que, en el fondo, “es una variante del capitalismo”. La izquierda que domina hoy, afirma el autor, es más cercana al primer tipo: una izquierda tumultuosa, populista, que abomina de la socialdemocracia que “no tiene ni el tiempo ni la paciencia que requiere estudiar políticas públicas realistas”. Y remata Fontaine: “se trata de una izquierda apresurada, cuyo poder destructivo sólo es igual a su impotencia constructiva”.

Magnífico ensayo introductorio de Diego Sazo: rápido, nítido, inteligente. Oportuna e instructiva la idea del libro: conectar nuestra discusión constitucional con vertientes internacionales, lo que queda claro en el estudio de Gonzalo Bustamente. Hacia el final, su artículo hace una sugerencia luminosa que habría que desarrollar: quizás la discusión sobre el poder constituyente se parezca a la discusión entre católicos y protestantes acerca de la presencia real o simbólica de Cristo en la Eucaristía. Algo de esto reaparece en el provocativo estudio de Valentina Verbal, quienpone sobre el tapete la cuestión de cómo elegir a los representantes de los ciudadanos que compondrían la hipotética asamblea constituyente, de lo que depende críticamente la legitimidad de dicha asamblea (las pocas proposiciones que se han hecho incorporan la representación corporativa).

Valioso también el modo en que Renato Cristi potencia el plebiscito de 1989 que aprobó las reformas acordadas con la Concertación. Fernando Atria discrepa y plantea su célebre tesis sobre los cerrojos de la Constitución vigente y la necesidad de una nueva. El trabajo de Francisco Zúñiga examina procedimientos para llegare a una nueva Constitución. No trae el libro -y hay poca discusión pública sobre esto- proposiciones acerca de qué instituciones debiera contener la Nueva Constitución.

Pero quiero destacar del conjunto de estudios de este libro una determinada hebra crítica. Miguel Vatter tiene razón, me parece, cuando sitúa el problema medular en la relación entre el poder constituyente y el representante, y traza esto desde Carl Schmitt. La tesis de Schmitt es que “la voluntad constituyente del pueblo no puede ser representada sin que la democracia se transforme en aristocracia”.

Andreas Kalyvas (se publica una traducción de su artículo aparecido en Political Concepts) y Sandro Chignola, incluidos en el libro, son buenos conocedores de Foucault y absolutamente críticos de las constituciones democrático-representativas que conocemos. A mi juicio, dan la pauta de lo que es una cierta manera de entender el proceso constitucional y de entender la izquierda socialista que, paradójicamente a mi juicio, pasa por alto las enseñanzas del mismo Foucault.

Respecto de la Constitución de Estados Unidos, la opinión de Kalyvas es tajante: “Mientras que la recientemente fundada república reconoció la soberanía del pueblo como poder constituyente, también buscó congelarlo y neutralizarlo” (p. 55). Para Sandro Chignola, la Constitución italiana, vigente desde 1947, es “fundamentalmente un acto represivo” (p. 175).

Chignola hace la crítica de lo que llama el “fetichismo de la constitución y la legalidad” (p.186). Ideas como las de Marshall (el gran teórico de los derechos sociales y de la socialdemocracia) y el concepto mismo de la Constitución italiana, plantean para él la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los equilibrios que la constitución intenta conservar y preservar? ¿Cuáles son los tipos de relaciones que la constitución… intenta no tutelar, sino más bien capturar para inmunizarlos respecto de su virulencia revolucionaria?” (p. 174).

Según Chignola, en la post guerra, Italia experimenta un “boom” de crecimiento económico que neutraliza a los sindicatos. Pierden su poder revolucionario y se hacen reivindicativos. Luego viene  un período de mayor intervención del Estado en la economía, un rol orientador del mercado que se traduce en la captura del Estado por parte de las grandes empresas. Luego viene la transformación mundial que significan Thatcher y Reagan y se fortalecen los poderes técnico-administrativos de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. Estos saberes expertos dominan el mundo y constituyen el locus del poder real, de la soberanía real, no esa “ficción representativa de la voluntad general” (p.187).

Mientras algunos “expresan el propio placer a través del fetichismo de la constitución y la legalidad” (p.186), Chignola critica toda forma de institucionalización porque sería cooptación de las fuerzas revolucionarias. Con todo, esas fuerzas están en algún lugar indeterminado, ese sujeto revolucionario -si es que se me permite usar la palabra “sujeto”-, de alguna manera existe, es “un incomprensible y subversivo poder constituyente”. ¿Algo místico? ¿Gárgaras intelectuales? Porque ideas o propuestas respecto a cómo se debe organizar y limitar el poder no hay ninguna.

ARTURO FONTAINE BNQuien quizás faltó en el libro fue Chantal Mouffe, quien ha expandido la obra de su marido, Ernesto Laclau, el teórico que inspiró a “Podemos” y al Kichnerismo. Lo que hizo Laclau -dicho en pocas palabras- fue reinterpretar el populismo estilo Perón desde un ángulo neogramsciano. Una visión en la que la izquierda movilizada se parece peligrosamente al facismo. El sujeto revolucionario no se constituye desde la pertenencia a una clase explotada -el proletariado, pues la evolución del maldito capitalismo lo hace ya imposible-, sino que se configura a través de la retórica, concretamente a través de una demanda social metafórica que alude a demandas sectoriales y las encarna, que congrega diversas clases sociales y desata un proceso de movilización del pueblo, como podría llegar a serlo entre nosotros -piensan algunos- la lucha por una Nueva Constitución Política.

Foucalt, el liberalismo, los ordoliberales y la Escuela de Chicago – Foucault planteó, en su etapa final, la falta de lo que llamó gouvernementalité (“gobernamentalidad“) propia del socialismo“El socialismo carece de gobernamentalidad autónoma”, afirma. Kalyvas y Chignola ejemplifican, pienso, precisamente este problema. Es decir, el socialismo puede incorporar la gobernamentalidad liberal o la del Estado Policial o, si se prefiere, la dictadura del partido de gobierno, en buen romance, de su líder; pero no tiene -piensa Foucault- una racionalidad gubernamental intrínseca. La realidad del socialismo consiste en que o se acopla al mercado o al Estado Policial. En la Alemania de fines de los ‘70, el primer caso se daba en el socialismo de Helmut Shmidty el segundo, en el socialismo de Eric Honecker. Como paliativo se invoca la conformidad del socialismo real con uno o una serie de textos teóricos, pero ello solo acusa la laguna que significa “la ausencia de un arte socialista de gobierno”. Esta es la tesis de Foucault que me interesa plantear aquí.

La crítica de Foucault seguramente apunta a la izquierda francesa de su tiempo, pero creo que su planteamiento de entonces se aplica a la izquierda tipo “Podemos” de hoy en España, al chavismo en Venezuela y a otros tipos de populismo contemporáneo. Como todos sabemos, la izquierda que comienza a roncar fuerte hoy en Chile, es parecida a la de “Podemos”.

De lo que sostiene Foucault, se sigue que no existe tal cosa como una teoría económica socialista. Según plantea von Mises, lo que se llama “economía socialista” es, sencillamente, la generalización de la planificación propia de la economía de guerra. Von Mises tiene en mente sobre todo al socialismo con planificación central estilo soviético, pero también analiza otras formas de socialismo en las que se intenta crear una economía que “supere” la propiedad privada de los medios de producción y el mercado.

Lo que ocurre hoy en Venezuela es un buen ejemplo. Se avanza justamente a una especie de economía de guerra: 18 generales a cargo del racionamiento, uno a cargo del arroz, otro de los porotos, y así por cada producto. Esta escasez no era algo buscado, pero hay una lógica que conduce a este resultado. Y el resultado es tal que, como mostró Hayek, pone en marcha otra lógica que conduce a otro resultado no buscado: la dictadura.

El Estado Policial no es, por tanto, un objetivo, sino una consecuencia indeseada, pero virtualmente inevitable de prácticas reñidas con la gobernamentalidad que proporciona el enfoque que no ve en el mercado competitivo un criterio de validación o invalidación de las políticas económicas. A la larga, el socialismo de la pobreza involuntaria y el racionamiento queda fuera de la historia -salvo como gran utopía, es decir, como gran fracaso- y colapsa.

Por eso, Foucault celebra el momento en el que el Partido Socialista alemán, el partido de Marx, abandona el socialismo de Marx y su programa de expropiación de los medios de producción y reconoce que la propiedad privada de dichos medios debe ser protegida por el Estado (1959). Con ello, se inclina por reformar la economía social de mercado creada por los ordoliberales, por la Democracia Cristiana alemana; no por destruirla (no lo hizo por miedo a Hitler, restricciones constitucionales, espíritu transaccional o sumisión ante los poderes fácticos). Gracias a eso, dice Foucault, “entra al juego de la ‘gouvernamentalité’”. Si la izquierda no lo hace, es incapaz de ejercer de veras el poder para alterar la realidad, se condena a la irrelevancia, pues renuncia al “arte de gobernar”. Como pasa ahora en Venezuela, que se escurre hacia una dictadura, la que, pese a todo su poderío, es una modalidad que adopta la impotencia.

El socialismo socialdemócrata sí es posible, es una manera de participar en la gobernamentalidad. En el fondo, es una vertiente del capitalismo en la que, por ejemplo, en una de sus variantes, la educación y la salud son estatales y se financian con los impuestos que pagan las personas que trabajan y las empresas. En Singapur, la educación es estatal y es uno de los países capitalistas más pujantes. En Alemania, la salud y la educación son estatales y el “milagro alemán” de la postguerra es una de las grandes gestas del capitalismo y Alemania es hasta hoy uno de los baluartes del capitalismo en el mundo. En Holanda, en cambio, sólo un tercio de los alumnos va a escuelas públicas y el resto a colegios privados subsidiados por el Estado; y eso no hace a Holanda más capitalista que Singapur.

En fin… uno puede estar a favor o en contra. Yo, por ejemplo, soy absolutamente contrario a la estatización de la educación chilena, creo que eso rompería una tradición de pluralidad educacional que estimo valiosísima y que viene desde los comienzos de la República. En efecto, el subsidio estatal a las instituciones educacionales privadas es una antigua costumbre republicana profundamente arraigada en la sociedad chilena. Pero estatizar la educación es, en principio, una política social posible. Claro que concretar esa idea en un país como Chile puede resultar tan costoso como para hacerla en términos prácticos, inviable.

Como se sabe, Foucault en su curso del Collège de France de 1978-1979, publicado en 2004, exploró el ordoliberalismo alemán de EuckenRöpkeBöhmMüller-Armack y otros; y habló de la escuela austríaca -de von Mises, Shumpeter y Hayek- y de la Escuela de Chicago de FriedmanShultzStigler y Becker. También de la noción de sociedad civil en Ferguson. Lo hizo en términos más bien positivos, lo que incomoda a tantos de sus seguidores. Es la época en la que Foucault celebra el influyente libro Les Maîtres Penseurs (1977) de André Glucksmann, que viene a decir, en el fondo, que hay una vinculación profunda, no accidental, entre las teorías de Marx -planteadas como la última etapa del intento de manejar y modelar a la gente desde arriba por parte de las élites “racionales”, algo que comenzaría con Platón- y el Gulag. Es la época en la que Foucault mira con simpatía, por ejemplo, las empresas autogestionadas en el marco del mercado.

Lo que a Foucault le atrae del ordoliberalismo y, en particular de la Escuela de Chicago, me parece, es su capacidad de “conduire la conducte” (“conducir la conducta”) sin recurrir ni a la moral ni a la sabiduría del Príncipe, como en la Edad Media, ni a la razón de Estado que en el extremo llega a fundar el Estado Policial ni, como en el liberalismo jurídico clásico, a derechos naturales que se oponen al Estado y buscan contenerlo “desde fuera”.

Foucault cree en la facticidad del poder. Y lo que le atrae de este neoliberalismo contemporáneo es que controla al poder internamente, evaluando sus prácticas en función de criterios pragmáticos de éxito o fracaso. Si el liberalismo jurídico de Rousseau le dice al gobierno “no debes”, invocando derechos naturales; el liberalismo de Adam Smith y Hayek le dice “no debes”, porque no puedes, y no puedes porque no sabes ni puedes llegar a saber lo que necesitarías saber para anular ese “no debes”. Como Kant, Adam Smith (cercano a Hume), plantea límites al conocimiento posible.

A Foucault le atrae la forma de combatir el delito, según el utilitarismo de Gary Becker. La clave es aumentar la probabilidad del castigo. El delincuente deja de ser estigmatizado, deja de ser un anormal, alguien cuya interioridad subjetiva tiene una falla que habría que reformar, desaparece el criminal definido en función de características antropológicas, ser criminal ya no es una patología. Se lo ve como un homo economicus igual a cualquier otro. La intervención correctiva cambia su conducta sin exigir una subyugación interior. Y eso es lo que Foucault valora.

En términos generales, la gobernamentalidad del liberalismo económico se expresa, me parece, a través de las políticas públicas que propicia. Por ejemplo, Foucault mira con buenos ojos la idea del impuesto negativo propuesta por Milton Friedman.

Educación y desigualdad de ingresos

La conexión entre desigualdad de ingresos y educación es hoy, y con mucha razón, la cuestión fundamental para la izquierda. La verdad es que es una inquietud gene-ralizada. Los que defienden la economía de mercado la hacen suya, pues incide di-rectamente en que el mérito pueda ser reconocido y recompensado en oposición a la cuna. La fuerza del capitalismo radica en que da curso y potencia una convicción humana irrenunciable: dentro de lo que soy y de los diversos condicionamientos que me limitan, mi vida depende de mi esfuerzo y talento. Y también de la suerte. Es cierto que hay mucho que no depende de mí, pero también es cierto que hay mucho de lo que yo puedo y debo hacerme responsable. Quizás sea menos lo que yo puedo afectar con mi conducta voluntaria de lo que necesito creer. Con todo, hay una zona en la que si quiero, puedo. Y de esto último, de cómo me comporte en el campo en el que sí soy libre, depende cómo me juzgo en mi conciencia y cómo deben juzgarme los demás, lo que por supuesto recae luego en mí como reconocimiento.

Si la educación formal no existiera o si existiendo su aporte fuera igual a cero, el nivel educacional de la población correspondería exactamente al de las familias. En todos los países, la familia pesa en el rendimiento académico de los hijos. En promedio, un 12,9% de la variación de los resultados en la prueba de ciencias de Pisa 2015 se explica por el origen socioeconómico de los alumnos. Un caso paradigmático es Francia, según enseñó Bourdieu, y comprueba a nivel escolar el rendimiento de las pruebas Pisa. Francia tiene un sistema educacional estatal y gratuito y, por ejemplo, los resultados de la prueba de ciencia de Pisa 2015 dependen todavía más del origen socioeconómico de los alumnos que en Chile (20%). Perú, Argentina (zona de Buenos Aires), Hungría, la República Checa, Luxemburgo y China (ciertas zonas medidas en la prueba) son también más desiguales que Chile. En Singapur, hoy el primer país del mundo según Pisa, los resultados en ciencia están tan asociados al origen socioeconómico como en Chile (17%).

En la medida en que eso ocurre hay muchísimo talento que se desperdicia y, en general, el margen de lo que depende en la vida del talento y el esfuerzo individual se reduce. Pero no existe ni existirá jamás una sociedad absolutamente meritocrática. La utopía de Platón en La República sigue siendo eso, una utopía. Una sociedad rigurosamente meritocrática, como bien lo vio Platón, exige, entre otras muchas cosas, abolir la familia.

Con todo, la sociedad en Chile es mucho menos meritocrática de lo que podría y debería ser. El ingreso depende de la educación, pero mucho más de lo que debiera de la educación familiar que de la formal. Si eso ocurre, al momento de elegir un colegio, los padres, darán mucha importancia a las familias que pertenecen a él, pues buena parte de la formación provendrá de las familias. Poner a los hijos en una zona de irradiación de familias educadas y capaces de educar y de formar, es una manera de educar a esos hijos. Esto es particularmente significativo en materia de hábitos, motivaciones, normas de vida, creencias religiosas. Y, como indican los estudios de Heckman, los hábitos y “habilidades blandas” vinculadas al carácter, son más determinantes de la empleabilidad y los ingresos futuros que las destrezas cognitivas. No se trata, por tanto, de una expresión de arribismo, de un mero prejuicio irracional. Esta interpretación hecha desde arriba hacia abajo, desde la desdeñosa superioridad de las “almas bellas”, es la prejuiciada: ignora la racionalidad implícita en la conducta de los padres de toda condición. Es una respuesta a la debilidad educacional de la escuela. Y es esa debilidad la que hay que corregir.

Mejorar la educación en la escuela es tarea de largo plazo de la sociedad civil y del Estado. Lo primero, y de lejos lo más importante, es mejorar la formación del profesorado. Necesitamos profesores con talento, conocimientos, motivados y motivadores, y con vocación de maestros en un sentido integral. Necesitamos educadores de seres humanos. Y hay que tratar de que los mejores estén en contacto con los alumnos de padres menos educados. El talento está, pero hay que cultivarlo. Y para ello es condición necesaria -no suficiente- elevar sustancialmente los salarios de los profesores y premiar a los que trabajan en esas escuelas donde son más necesarios. Parece haber consenso en la materia y se ha avanzado en esta dirección, pero de manera tímida e insuficiente.

La educación tiene varias dimensiones y seguramente las más importantes no se vinculan a la productividad. La formación ética es una de ellas y está también la dimensión política: la formación de ciudadanos. La educación es un fin en sí misma. No todo en ella es instrumental ni dice relación con los ingresos. Pero la conexión estrictamente económica entre educación, ingresos futuros y desigualdad -que, por cierto, existe- no se hace inteligible desde la teoría del trabajo de Marx. Se comprende mejor a partir de la teoría del capital humano de Theodore Shultz, Gary Becker y otros.

Sólo desde el momento en que se mira la educación como una inversión del futuro trabajador para mejorar su productividad y, por ende, sus ingresos futuros, se puede plantear así la cuestión. Porque la educación, entonces, es parte del capital del trabajador y de ella derivará su flujo de ingresos (tal como del capital acumulado previamente se deriva una renta). Y sólo si el asunto se mira de este modo, se explica desde un punto de vista económico la desigualdad de ingresos como efecto de la desigualdad educacional. Si esto suena obvio, es solo porque la perspectiva de Becker y otros se ha naturalizado. ¿Para qué se esfuerzan los padres y las madres? Para que “mis hijos surjan”, dicen. En este enfoque, los padres son vistos así como si fuesen empresarios que “invierten” a fin de mejorar la productividad de sus hijos y puedan llegar a tener ingresos superiores a los de sus padres.

Quiero decir: quienes luchan por cambiar nuestro sistema educacional desde sus cimientos para corregir la desigualdad de ingresos, en el fondo, siguen, quiéranlo o no, pensando al interior del marco conceptual de la teoría del capital humano de la Escuela de Chicago.

El clima que vivimos

Las dificultades económicas que siguen a la crisis de 2008 pusieron en primer plano, en todo el mundo, la preocupación por la desigualdad. Si a eso, como en Chile, se suma una apretada seguidilla de ilegalidades escandalosas protagonizada por empresarios conspicuos -algunos de ellos involucran además a políticos de casi todos los colores-, la mesa está servida para la protesta. Me dijo hace un tiempo Marco Antonio de la Parra“No veo la rabia del revolucionario; veo la rabia del cliente estafado”. La protesta es una forma de reclamo.

Con todo, tamaño fracaso nos desorienta a todos y obliga a hacerse las preguntas fundamentales y a revisar supuestos, instituciones, orientaciones y políticas. Las crisis económicas explotan de manera inesperada y cambian bruscamente las expectativas. El presente se hace amargo y el futuro indeterminado. La frustración que se adueña de capas amplias de la población tiene efectos desestabilizadores. Los años previos parecen haber sido sólo ilusión y engaño, lo que alimenta la siempre latente pasión destructiva, las ganas de echar abajo lo que  existe y, a veces, el rencor. Pero así como el éxito anterior disimulaba muchos defectos, el fracaso oculta muchos logros. Están los estadounidenses con salarios estancados y, por otro lado, los millones de chinos que han salido velozmente de la pobreza.

El clima que vivimos tiene paralelos con los años posteriores a la crisis del ‘29. El fortalecimiento de diversas formas de movilización populista, la búsqueda de culpables externos de los males actuales, el nacionalismo (que se nutre de ello), el etnonacionalismo, el repudio a los poderes establecidos, los caudillismos carismáticos, la voluntad de ruptura, son algunos de los rasgos en común. Incluso, la influencia que tiene, sobre todo en la izquierda intelectual, el pensamiento de Carl Schmitt (el gran jurista del nacismo) y la desconfianza -a estas alturas incipiente- en la democracia representativa, dan que pensar.

El colapso financiero de 2008 y sus secuelas, puso una vez más de manifiesto que el capitalismo está sujeto a ciclos que no ha sabido controlar. Marx pensaba que los ciclos se harían cada vez más agudos. Veía en ellos un síntoma del fin del capitalismo como modo de producción. Han pasado más de cien años. Algunos imaginan que ahora sí, por fin, el capitalismo entró en agonía. Creo que es una tesis peregrina, solo la expresión de un deseo.

Las lecciones que la crisis ofrece van por el lado de mejorar las regulaciones del mercado financiero, de enfatizar el apoyo a los que el infortunio hizo nacer en condiciones adversas a fin de que puedan ponerse de pie y labrar por sí mismos su propio destino. Lo que se ha desmoronado -de nuevo, pero siempre resucita- es la fe, de estirpe hegeliana, en el determinismo histórico, en el progresismo, en el mañana como algo que tiene que ser mejor que el pasado. En otras palabras, en la visión escatológica de la historia. No sabemos leer el futuro y toda obra humana es precaria. Los mercados abiertos son frágiles, funcionan condicionados por instituciones. No surgen en virtud del determinismo de las fuerzas productivas, como sostenía Marx. Por lo tanto, el capitalismo competitivo es perfectamente reversible. Puede reaparecer, por ejemplo, con renovados bríos el viejo mercantilismo proteccionista.

Hay visiones discrepantes acerca de cómo recuperar el crecimiento económico. Es un tema en plena discusión. Con todo, pienso que no estamos ante una crisis terminal de las políticas públicas en pro del libre mercado como tal, sino que ante la necesidad de que ellas sean más sofisticadas, de que “salven”, como han escrito Rayan y Zingales, “al capitalismo de los capitalistas”. Porque, como lo vio ya Adam Smith y lo comprobamos con alarmante frecuencia, son muchos los empresarios que buscan modos de evitar la competencia. No se ha descubierto un método mejor para rebajar los márgenes de utilidad que la competencia. Y la falta de competencia equivale a falta de libertad. Y la liberación de la capacidad creativa de las personas es el secreto. Para decirlo en el lenguaje de Foucault, cualesquiera que sean las políticas económicas de los próximos años, “el mercado” debe “decir la verdad” (dire le vrai) con respecto a  esas prácticas gubernamentales. Porque lo que caracteriza la “racionalidad liberal” es que funda “el arte de gobernar en la racionalidad de aquellos que son gobernados”.

La concertación y su estrategia económica

Entonces, cuando renace en Chile la democracia, y la Concertación adopta y reforma el sistema económico “neoliberal” heredado de la dictadura en lugar de cambiarlo de cuajo, ¿lo hace solo por miedo a los militares?, ¿solo porque la Constitución lo impedía?, ¿solo por complacer a los grandes empresarios? ¿Por qué es un gobierno de la Concertación el que introduce el financiamiento compartido en la educación?, ¿será por alguno de los motivos anteriores? No lo creo. Ese es un engaño, a veces un autoengaño que circula por motivos de breve conveniencia política o por ingenuidad. Bueno, obviamente, los militares, la Constitución vigente, los grandes empresarios formaban parte de la realidad, pero la justificación principal de sus decisiones no tiene que ver con el miedo o la cooptación.

La principal razón política por la cual los gobiernos de la Concertación adoptan, transforman y consolidan ese sistema económico, es la misma por la cual -antes que ellos- los militares adoptaron esa economía de mercado: un sistema que iba a contrapelo con toda su formación que privilegia la disciplina, la verticalidad del mando y la centralización. Los militares necesitaban legitimarse como gobierno ante la población y un modo eficaz de lograrlo fue buscar el crecimiento económico, porque mejora los ingresos que la gente procura. La Concertación necesitaba legitimar y consolidar la democracia y legitimar su gobierno democrático ante la ciudadanía, y allí el crecimiento económico, porque mejora los ingresos que la gente procura, es un medio quizás indispensable para conseguirlo. El sistema económico “neoliberal” permitía producir rápidamente ese crecimiento. ¿Cuál era la alternativa?

El fracaso económico de la Concertación hubiera podido potenciar la nostalgia de los militares. Mal que mal, en el plebiscito del ‘88, el “Sí” a Pinochet obtuvo un 44% y el “No” un 56% de los votos. Un 7% de votantes del “No” que se arrepintiera bastaba para revertir la situación. Había que tener presente el caso del general Ibáñez, el ex dictador elegido por amplia votación después de varios gobiernos democráticos.

¿Se equivocó la Concertación? Por cierto, en muchas cosas. Pero, básicamente, su estrategia fue acertada. En 1990, el ingreso per cápita según el Banco Mundial, era de US$4.000; en 2015 llega a más de US$22.000. La pobreza en 1990 era de 38,6% (aproximado); en 2014 llegó al 7,8%. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se ha mantenido sin variaciones significativas, aunque con una leve mejoría: era 0,56 en 1990 y 0,52 en 2013. Desde entonces, ha mejorado algo más (cálculos de pobreza y desigualdad de Sergio Urzúa en base a encuestas Casen). Lo más importante es que la democracia se consolidó.

La gratuidad universitaria

El olvido de la gobernamentalidad se traduce en incapacidad de llevar a la práctica políticas públicas concretas. Un ejemplo lo tenemos en la Grecia de Alexis Tsipras, quien gana ampliamente las elecciones y refuerza su postura de abierto desafío a la política económica restrictiva que le exige la Unión Europea, con un referéndum que también gana abrumadoramente. Sus ideas no son muy diferentes a las de “Podemos” en España. Sin embargo, a poco andar, toda la rebelión retórica de Tsipras se esfuma ante la firmeza de la Unión Europea, liderada por Ángela Merkel, que le exige un ajuste duro. En definitiva, Tsipras no tiene alternativa: el peso de la realidad es mayor que el de los deseos.

Otro ejemplo de ello lo tenemos en Chile con la gratuidad universitaria. Los gobiernos de la Concertación, en general, se caracterizaron por su gobernamentalidad. Pero en el gobierno de la Nueva Mayoría, a veces, esa ya no es la tónica. Decalitros de tinta se derramaron para explicar que la educación es un derecho social y justificar, entonces, la necesidad de que la universidad sea gratis para todos, cualesquiera sean los ingresos de las familias de los alumnos. Llevamos años de años discutiendo el tema. Miles y miles de estudiantes de diversas generaciones, con el apoyo de gran parte de sus profesores y de muchas autoridades universitarias, han dejado los zapatos en la Alameda marchando para obtener la gratuidad universal, entendida como un derecho usurpado con la anuencia de los gobiernos de la Concertación. Cada año se han desperdiciado meses y meses de clases debido a paros estudiantiles destinados a conseguir la gratuidad. Finalmente, la idea se incorporó al programa de la Nueva Mayoría como una de sus vigas maestras. Y cuando en 2016, tras larga espera, en el tercer año de gobierno apareció el proyecto de ley que aterriza la idea, suscitó un repudio de todas las universidades, de los estudiantes, los profesores, virtualmente de todos los académicos y expertos en el tema.

El proyecto, como hemos escrito con Sergio Urzúa en un artículo que publicó El Mercurio, conlleva en los hechos el control por parte del gobierno de turno de virtualmente todos los medios económicos y, por esa vía, de todos los fines y proyectos de las universidades. No hay contrapesos institucionales, lo que limita la autonomía universitaria. En lugar de universidades críticas y creativas, habrá universidades dóciles y burocratizadas. Admisión, vacantes, aranceles, planes de estudio, creación de carreras y gobierno universitario real quedan, en última instancia, en manos de funcionarios de los ministerios de Educación y Hacienda. El superintendente de Educación Superior, funcionario de confianza del Presidente, encabeza “el órgano rector del sistema”, según dice el proyecto de ley. Las universidades del Estado son las que quedan más obligadas al servilismo respecto del gobierno de turno que pone el dinero: en sus consejos directivos 4 de 9 miembros los nombra directamente el Presidente de la República. Por si fuera poco, la gratuidad implica menos recursos, pues la contribución del Estado no alcanza a reemplazar lo que han estado aportando las familias.

Es decir, durante todos estos años los artículos, libros, mesas redondas, discursos, debates y reuniones -y marchas masivas y reiterados paros- se consagraron a ideas generales, pero su aterrizaje concreto no se estudió con rigor. Tanta invocación a principios éticos y derechos, tanto power point con datos escogidos para herir la sensibilidad moral, tanta denuncia de tanto “profeta desarmado” cuajada de números y citas, pero a la postre, insensata, fue relegando al olvido el estudio frío, tedioso, juicioso y pragmático de políticas públicas aplicables a nuestra realidad concreta. Entonces, cuando bajó del cielo a la tierra, la gratuidad universal mereció un rechazo universal. El gobierno se vio obligado a retirar el proyecto. Sigue presente como ideal, pero no se sabe cómo podría ser llevado a cabo. Por ahora, la gratuidad real es una política pública que amplía las becas, lo que queda sujeto a la ley de presupuesto de cada año.

Por las mismas razones, las universidades supuestamente sin fines de lucro, pero con lucro encubierto, las que sirven para triangular recursos hacia fines ajenos a la universidad, siguen operando como si nada. Porque pese a las movilizaciones, discursos y promesas, este grave asunto sigue siendo una tarea pendiente.

Todo esto es síntoma de desatención o desinterés por las políticas públicas reales. Esta falta de pragmatismo a la hora de gobernar no es ni casualidad ni mera negligencia. Es consecuencia de una actitud.

La izquierda tumultuosa

La izquierda que cunde hoy, la más visible, la populista, la que abomina de la socialdemocracia, creo que carece de eso que Foucault llama gobernamentalidad. Ese es su problema fundamental. Es una izquierda tumultuosa y asambleísta, entusiasta, arrojada, lírica, iconoclasta, pero profundamente melancólica (llora, comprensiblemente, con los que la destrucción creativa del capitalismo deja atrás), es milagrera, apocalíptica, profética y callejera, movilizada, gregaria. Es una izquierda que se quiere “nueva”, pero está por demostrar que lo sea. No tiene ni el tiempo ni la paciencia que requiere estudiar políticas públicas realistas. Es impetuosa, confiada y olvidadiza de que el demonio está en los detalles; siempre cree que adivina e interpreta los signos de los tiempos. Una izquierda moralista que espera la gran revolución como la Parusía después de la cual sobrevendrá una tierra y un cielo nuevos.

Una izquierda bien intencionada, generosa, libre, entretenida, justiciera, inteligente y provocativa, pero que entiende que la política es autoexpresión. La política, entonces, es un cauce para expresar la indignación moral, la rabia, el descontento, la frustración, los sueños. Sobre todo, los sueños. La historia se escribe marchando por las calles, llenando las plazas de sueños colectivos. Una izquierda que abandonó el materialismo histórico de Marx y se inscribe, más bien, en la tradición del socialismo utópico, de eso que Marx llamó el “socialismo frailuno”. En su penúltimo libro, Agamben, de algún modo, añora la pobreza de la Altíssima Povertà (así se llama su libro), la altísima pobreza franciscana…

Es decir, una izquierda apresurada, cuyo poder destructivo sólo es igual a su impotencia constructiva.

Es una izquierda que tiende al desorden sistemático, a la política palpitante y apasionada, que vive vertiginosamente desafiando todos los límites por amor a la justicia (fiat iustitia et pereat mundus, hágase justicia aunque perezca el mundo), que añora los estados de revolución constitucional permanente, o algo parecido, y que así va desatando desgraciadamente el temor a la anarquía. Pues como sugiriera Madison, la anarquía engendra la tiranía. Así la izquierda tumultuosa, sin quererlo ni pensarlo, corroe la democracia y desaprensivamente le abre las puertas al despotismo.

A grandes rasgos, el socialismo chileno puede optar entre la gobernamentalidad socialdemócrata, lo que implica aceptar y reformar la economía de mercado para perfeccionarla, no para destruirla; o alentar su reemplazo y terminar tomando, quizás involuntariamente, el rumbo del populismo, el de la sumisión a los espejismos. Este es el desafío que debe abordar el socialismo. Y para bien o para mal no puede sino hacerlo al menos cada vez que llega al poder. Su crisis actual es su creciente ambigüedad al respecto. Puesto en términos de Foucault, el problema del socialismo es la cuestión de la gobernamentalidad. Y con ello, a la larga, lo que se pone en juego son las instituciones de la democracia.

Porque el fantasma que hoy recorre el mundo no es el comunismo ni el totalitarismo ni la dictadura pura y dura. El fantasma de hoy es la autocracia disfrazada de democracia. Líderes carismáticos y populares que subvierten la democracia amparados en resquicios legales. Son déspotas ilustrados por juristas rebuscados, habilidosos, jesuíticos. Es lo que tienen en común los regímenes de Venezuela, Rusia (Putin es abogado), Hungría, Turquía, entre otros. Polonia se acerca a eso. Austria se libró recién por un pelo.

Kim Schepple habla de “golpes constitucionales” , porque “no hay ruptura de la legalidad”. Pueden ser gobiernos de derecha o de izquierda, pero lo que tienen en común es que respetan las formas de la democracia y desvirtúan su espíritu. Lo que destruyen es la democracia pluralista y lo que instituyen es el poder personal de un caudillo.

Estos regímenes tienden a licuar el poder de los tribunales constitucionales y a aprobar una nueva constitución o una reforma constitucional drástica que derriba los controles y contrapesos constitucionales en favor de la mayoría que refleja el partido de gobierno. Se trata de procesos institucionales de desinstitucionalización.

La Constitución que nos rige tiene un problema específico de legitimidad de origen que acompaña como una sombra su futuro. Por ello, un grupo de académicos, buscando evitar las invenciones ex nihilo de estilo jacobino, hemos planteado la conveniencia de que la Constitución futura sea una reforma que actualice y modernice la Constitución del 25. Pese a sus orígenes confusos, logró legitimarse -ambos bandos enfrentados el ‘73 la invocaron- y hoy es un símbolo que reafirma la vocación y el compromiso democrático de Chile.

El populismo, tarde o temprano, es inseparable del caudillismo. Y hoy la autocracia disimulada como democracia constitucional es el trasfondo internacional sobre el cual se recorta nuestro propio proceso. Hay que tenerlo presente sin candidez.

En suma, entonces, la opción de la izquierda es: o la poesía del pueblo que aspira al estado de movilización permanente o la prosa de las democracias reales que son representativas. Sin representación no hay democracia. Y cuando las democracias son reales prima lo que Foucault llamó gobernamentalidad, los saberes expertos, las políticas públicas y, asimismo, el tira y afloja, la negociación, el do ut des (doy para que me des) requerido para forjar acuerdos.

La democracia real es bastante latera. Nuestra utopía es que la política, aunque provechosa para el país, llegue a ser aburrida y las vidas privadas, entretenidas, ojalá. Ojalá. Propongo, entonces, la lata como utopía.

 

Por Arturo Fontaine

Fuente; Ciper Chile

(*) Notas de Arturo Fontaine a propósito del libro Democracia y poder constituyente (Fondo de Cultura Económica, 2016) de Gonzalo Bustamante y Diego Sazo (editores). Fontaine es novelista y profesor de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Diego Portales y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile.

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