Cuestiones de comunicación

Una nota publicada en El Observador el pasado domingo 18 de diciembre, puso énfasis en cuestionamientos a la comunicación institucional referida -especialmente- al rol que la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República viene desempeñando. Un cuestionamiento que se concentra en el papel que juega una oficina creada desde el Poder Ejecutivo para informar sobre la gestión de gobierno y sus actores, a quienes “Juan Pueblo” les paga sus salarios… como también se los paga a los legisladores, quienes hacen uso y abuso -muchas veces- de sus prerrogativas para comunicar y criticar lo que hace o deja de hacer el Gobierno. Cuestionamientos -estos últimos- que no se hicieron eco del articulista.

Deber de informar
Se podrá estar de acuerdo o no con lo que hace o deja de hacer el Gobierno, pero informar sobre su gestión no es un derecho, es una obligación. Está obligado a informar en qué gasta los recursos de todos los uruguayos -los que lo votaron y los que no- porque solo así es posible conocer el rumbo y poder incidir desde la opinión pública.

Perro- lad.Esto último -la incidencia de la opinión pública- va dicho especialmente para un gobierno (el tercero) de una fuerza que siempre tuvo disponible la “marcha atrás”. Porque de eso se trata también gobernar, de escuchar al pueblo y corregir cuando toma decisiones cuestionadas por el soberano que lo puso en el poder. No hay expresión más pura de la democracia que ese ejercicio cívico de reconocer y corregir desde el poder cuando una dirección no es la que el pueblo eligió. Varios ejemplos hay de los tres gobiernos del FA en ese sentido.

Ahora bien, cuando el Gobierno informa debe -indefectiblemente- hacerlo a través de actores principales que son aquellos quienes ejecutan su mandato y efectivizan, en obras, la obligación asumida en la campaña electoral y comprometida en el programa de gobierno. Administrar los recursos para aplicar el programa que eligió el soberano hacen parte de ese trabajo que deben llevar adelante esos actores que serán protagonistas principales de la noticia oficial.

Es imposible ocultar el dato si ese dato es relevante a los efectos de dar la otra campana, más aún cuando no existe un órgano de prensa oficialista. ¿Cómo hacer, entonces, para informar los hechos desde la óptica de quien ejecuta el gasto y lleva adelante la gestión? ¿Debe acudirse entonces al informe que hagan otros actores, incluso políticos, pero despojados de la oficialidad de una Secretaría de Comunicación Institucional como la de Presidencia?

Las respuestas pueden ser varias y todas teñidas de subjetivismo según quien las brinde. Es tan válida la información de la oficina gubernamental con los testimonios de los actores de gobierno, como los que emita la oposición desde las investiduras -tan oficiales como la de la oficina- que ostente quien las de.

Ahora bien, en la nota en cuestión, (ya que de cuestionamientos se habla), se deslizan varias preguntas -entre ellas- la que se interroga sobre “¿Cuál debería ser el rol del aparato de comunicación del gobierno? ¿Cuál es la frontera entre la comunicación institucional y la comunicación partidaria desde el gobierno? ¿Cuáles son los límites que la Secretaría de Comunicación de Presidencia debería tener en cuenta a la hora de producir y publicar «noticias»?”

Planteadas así, la respuesta parece hasta obvia por cuanto no se trata de respuestas partidarias, aunque sus protagonistas sean miembros de un partido político. No responden en función de ello sino desde la investidura de gobierno que representan, aunque traten temas que rocen lo partidario. Los ejemplos expuestos son claros al respecto, y evitar cualquier referencia hubiera sido imperdonable en honor a la verdad que persigue toda información que se precie de tal.

Decir que un miembro de una barra brava integró las listas de tal o cual partido es un hecho objetivo, comprobable y -además- un dato público que luce en el registro de la Corte Electoral. Por si no bastare, se hizo público en medio de una interpelación a un Ministro de Estado. Recogerlo, por la oficina de prensa de Presidencia, no hace otra cosa que generar información de un actor principal del Ejecutivo que hizo referencia a esos hechos. ¿Por qué debería omitir esa información? ¿Un periodista -y los funcionarios de dicha Secretaría lo son- debe omitir el dato y censurarse no dando información que puede ser relevante para la ciudadanía?

El Uruguay de hoy está inmerso en una carrera electoral que se manifiesta todos los días a través de los medios de prensa que tienen un sesgo claramente opositor al Gobierno. No lo disimulan, sus espacios editoriales lo ratifican sin pudor y está bien que lo hagan, eso es parte del sistema democrático y del pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Como también es parte del sistema democrático de gobierno y del goce pleno a esa libertad de expresión que cada legislador -titular de un puesto público pagado por todos los uruguayos al igual que los miembros de la Secretaría de Comunicación de Presidencia- hagan uso pleno de ese derecho, emitiendo sus opiniones con absoluta independencia y libertad. Derecho que no puede ni debe ejercerse parcialmente como parece deslizar el articulista con sus interrogantes, pues eso sería absolutamente desigual.

Tengo claro que es un tema discutible, pero entendía pertinente hacer esta digresión por cuanto creo injusta la crítica hacia una agencia oficial de noticias que tiene el legítimo derecho de informar como lo hace -también legítimamente- cualquier medio de prensa.

Salvo que se entienda que los medios de prensa son parte de un ente superior que goza del criterio divino y exclusivo de informar a todos los uruguayos.

el hombre probaba la balanza
otro fiel hacía de perro…

 

Por Julio Fernando Gil Díaz – El Perro Gil

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