Democracia y normas jurídicas

Impactado aún por la canallada jurídica que dejó a Brasil sin su primera mujer presidenta trato de ordenar alguna idea que me oriente en este complejo marco continental. Siempre recuerdo el comentario de un abogado amigo que alguna vez me dijo: -“primero el hecho luego el derecho”. Primero suceden las cosas y luego legislamos sobre ellas.

Tal vez podría completarse la idea con: – luego de legisladas, las normas son sometidas al tironeo a veces arbitrario, de las luchas políticas. No parece fácil encontrar el equilibrio entre la normativa jurídica de un país en un tiempo dado y los acontecimientos políticos que en ese mismo momento pasan en ese mismo lugar. Los cambios se suceden con un vértigo que exceden largamente la posibilidad de adaptar las normativas a todos los sucesos. A pesar que veneramos a la Constitución como la “carta magna” sin embargo nuestro gran texto rector de todo el derecho queda postergado en el tiempo sin actualización. En nuestro país hasta se da el absurdo “economicista” donde hay quienes argumentan que una Reforma Constitucional costaría demasiado dinero llevarla a cabo.

9 walter-200x230Quizás debamos remontarnos a la dictadura para encontrar una fuerte comunión entre nuestra Constitución y la sociedad. Luego de generar un marco jurídico arbitrario creando “Actas institucionales” que pretendían dar marco regulatorio a la arbitrariedad golpista, sometieron los dictadores a plebiscito dichas normas. Pretendieron incorporarlas a la Constitución. Se transformó en la gran batalla democrática librada por los uruguayos que le dijeron NO a la dictadura y con ello, evitamos “constitucionalizar” las normas regresivas.

Pudimos ver en Chile, donde sí se modificó su Constitución durante la dictadura de Pinochet, que modificar normas constitucionales no es nada fácil y tiene implicancias profundas. La Constitución Pinochetista fue una cuña clavada en la democracia recuperada. Mucho tiempo y batallas políticas y sociales ha costado irlas modificando. La década y más de gobiernos progresistas y de izquierda han revitalizado la democracia. Se afianzó en este período la continuidad democrática y pudo ver el continente un avance regional que no conocíamos. Vimos una activa participación presidencial buscando acuerdos y soluciones comunes a las dificultades políticas y económicas de América del Sur.

Tal vez parezca menor, pero en tiempos donde los muros pretenden limitar los procesos migratorios, en momentos donde miles se lanzan a la desesperada aventura de cruzar el mar escapando a la guerra, en el Mercosur, con el documento de Identidad emitido por cada país, todos los habitantes de esta parte del mundo vamos de aquí para allá sin más restricciones.

Lamentablemente no estamos debidamente protegidos constitucionalmente y legislativamente contra la inequidad económica. El poder, eso que no siempre podemos darle forma para visualizarlo, pero si podemos percibirlo en sus acciones, generan desde la supremacía económica hechos que condicionan la vida democrática.

Superamos la mirada neoliberal donde la política estaba al servicio de la economía. La política debe estar al servicio de toda la sociedad y la economía supeditada y regulada por ésta.

Lamentablemente largas batallas se deben librar para lograr avances donde se de forma jurídica a conquistas que luego de largas luchas, se transforman en derechos de los más vulnerables.

Pero desde la sombra un poder mediático poderosísimo acciona sobre la opinión pública de manera sistemática. Un verdadero ejército de comunicadores, economistas, abogados y políticos respaldados por el poder del dinero, trabajan incansables para influir sobre la sociedad y operando en todos los ámbitos para mantener privilegios burlándose de las normas, usándolas para sus intereses.

¿Cuánto podrá reprochársele a la normativa jurídica brasileña? Una presidenta electa por más de cincuenta millones de votos fue destituida. En el absurdo de la legalidad imperante hay quienes defienden la tesis que no fue un golpe porque siguió las normas vigentes.

Sin embargo, no solo destituyeron a Dilma, iniciaron un camino económico y político totalmente contrario al impulsado por ella. Nadie, ninguna norma jurídica autorizó al usurpador y al senado golpista a cambiar los lineamientos de gobierno. Allí están los millones de votos que respaldaron a Dilma y su política no a la derecha golpista. No convocaron al pueblo a elegir nuevos gobernantes y políticas a implementar simplemente cambiaron el rumbo a espaldas de la sociedad. Nos debe llamar a reflexión todo este cuadro continental. Nuestra sociedad está siendo jaqueada por indicadores permanentes de “inseguridad” ésos, que habilitan a pensar que las manos fuertes traen “orden y seguridad”.

Congregaciones religiosas irrumpen en la arena política promoviendo candidatos para influir en nuestro ordenamiento jurídico. Archivos escondidos ponen al desnudo servicios de inteligencia que no sabemos a quien responden.

Políticos de “nuevo tipo” desideologizados con la “doctrina de la eficiencia” como postulado fundamental, hacen carreras mediáticas que los posicionan. Todas son señales desestabilizadoras, el recorrido democrático debe fortalecerse en América, los contenidos que garanticen equidad y sobre todo contemplen a los más desprotegidos y a nuestras riquezas naturales deben ser fuente fundamental de nuestra preocupación. Los Golpes de Estado siempre son dolorosos para los pueblos, tenemos que desalentar todo intento regresivo. El avance democrático es la mejor defensa de los pueblos. Donde gobierna la derecha recrudece siempre la violencia, la represión y la inequidad.

 

Por Walter Martinez
Columnista uruguayo

La ONDA digital Nº 785 (Síganos en Twitter y facebook)

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