Confirmado; una cárcel para extranjeros

La futura instalación en la Argentina de una cárcel para extranjeros sospechosos –confirmada en un acuerdo rubricado dos semanas antes de la celebración del Día del Inmigrante-, remite a los tiempos del escritor Miguel Cané, nacido en Montevideo y muerto hace 111 años en la ciudad porteña, donde dio nacimiento a una ley que por más de medio siglo alentó la deportación sin juzgamiento de gringos incómodos para los poderosos.

El 5 de septiembre de 1905 murió en Buenos Aires el político y escritor Miguel Cané, más recordado por ser el autor de Juvenilia –una exitosa novela que recrea nostalgias estudiantiles y andanzas juveniles- que por haber redactado en 1902 la oprobiosa Ley de Residencia que permitió a varios gobiernos argentinos la expulsión sin juicio de inmigrantes, principalmente anarquistas y socialistas, y reprimir a las organizaciones sindicales.

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Miguel Cané

Paradójicamente, la fecha de la muerte de Cané se cumple al otro día de que en la Argentina se celebra el Día del Inmigrante, el 4 de septiembre de cada año, que recuerda la disposición dictada en 1812 por el Primer Triunvirato que ofreció “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.

Miguel Cané había nacido accidentalmente en Montevideo en 1851 -adonde se había afincado su familia descontenta con el gobierno de Juan Manuel de Rosas-, y en la Argentina fue diputado, senador, intendente de la ciudad de Buenos Aires, ministro de Relaciones Exteriores y embajador. La ley 4.144, conocida como Ley Cané o Ley de Residencia, fue reclamada al Poder Ejecutivo Nacional por la Unión Industrial Argentina (UIA), que quería amansar a los trabajadores y frenar sus reclamos de mejoras laborales, y que responsabilizaba de las huelgas a los inmigrantes europeos, considerados sus enemigos de clase porque habían introducido en el país “malsanas ideas foráneas y anarquistas”.

Fue Cané, abogado, quien se prestó a redactar el proyecto de ley que sería aprobado por el Congreso de la Nación en 1902 y que durante 56 años le sirvió a distintos gobiernos para perseguir a las clases populares, a los asalariados, y expulsar de la Argentina a inmigrantes sin juicio previo. Existieron criterios diversos en la aplicación de la ley, pero en principio se utilizó en el sentido buscado por la UIA, fundamentalmente para reprimir los movimientos de resistencia obrera.

La ciudad de Buenos Aires, con 300 mil habitantes en 1878, había pasado a tener un millón en 1905 y Gonzalo Zaragoza relata en su ensayo Anarquismo argentino que, hasta 1909, el 53,6% de los inmigrantes eran italianos y el 29.5% españoles, viajeros que llegaban a América en busca de trabajo y un destino mejor para sus familias. Desde fines del siglo XIX y comienzos del XX los gobiernos fueron conservadores, con economías liberales, y la oligarquía argentina sólo estaba preocupada por ensanchar sus ganancias principalmente provenientes de la exportación y la importación.

La Ley Cané fue derogada en 1958 por el presidente Arturo Frondizi.

Pero el temor al peligro de los inmigrantes ha regresado a la Argentina. En 2009, el entonces jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya había afirmado que, según su criterio, “la Argentina es un colador” donde resultaba imposible contener el ingreso sin control de personas foráneas. “Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera por su casa y se instala ¡pum! en cualquier lugar de la Argentina, preferentemente en el Conurbano o las villas de la Capital”, dijo entonces Macri. Y explicó que los inmigrantes, que utilizan los servicios de salud pública y educación gratuitos, han superpoblado la ciudad y han hecho proliferar “la droga y la delincuencia”

La solución hallada a esta supuesta situación de inmigración “sin control”, equiparable a un grave problema de seguridad que ha sido detectado por el gobierno de Cambiemos –integrado por el PRO y la Unión Cívica Radical-, parece ser la instalación de una cárcel para extranjeros. Para ese fin, el pasado viernes 19 de agosto los ministros de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, firmaron un acuerdo con el Director nacional de Migraciones, Horacio García, por el cual la Ciudad entrega una construcción ubicada en Pasaje Alfredo Colmo 3860 destinada a alojar a los infractores de la ley 25.871, referida a “la admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones”.

De esta manera, la disposición de 1812 del Primer Triunvirato, reservada a recibir con los brazos abiertos y proteger a los hombres y mujeres de todas las naciones que lleguen al territorio argentino, parece estar a punto de sufrir ahora un decepcionante retroceso, como si volvieran los tiempos de la Ley de Residencia.

 

Por William Puente

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