La reunión de UNASUR en las Galápagos

Más allá de una serie de detalles folklóricos (que veremos al final) la reunión efectuada por los cancilleres de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas, integrada por los 12 países de la región) durante los días 22 y 23 de mayo en las islas Galápagos, Ecuador, reviste extraordinaria importancia. Uno de los puntos clave considerados se refiere a la situación de Venezuela, que contaba con antecedentes significativos, ya que tres cancilleres del grupo, los de Colombia, Brasil y Ecuador, participaron activamente, junto con el representante del Vaticano, en los diálogos de paz entre el gobierno y la oposición de ese país, que han quedado trancados por culpa de la oposición. Los cancilleres votaron por unanimidad una declaración de condena a las actitudes injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela, agravadas por la amenaza latente de sanciones unilaterales contra este país, según fue expuesto en un documento contundente por el canciller de la República bolivariana, Elías Jaua.

Previamente, los cancilleres adoptaron decisiones sobre otros temas relevantes. Uno está referido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA. Se señaló una vez más, como en muchas ocasiones anteriores, la incongruencia de que la sede del organismo esté ubicada en Washington, capital de un país que no ha adherido a la Convención internacional respectiva, y se propuso llevar a cabo sesiones del organismo en países que sean parte del mismo, a lo que se ofreció Uruguay. Este tema será tratado en un grupo de trabajo coordinado por Uruguay, que asumirá la presidencia de turno de UNASUR a mediados de año, y al que desean unirse Argentina, Chile y Ecuador.

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El otro tema es el Banco del Sur. Los ministros de Finanzas de UNASUR y el Consejo de Administración dispondrán de un plazo hasta julio para constituir la autoridad financiera, que arrancará con un presupuesto de 7.000 millones de dólares, y para designar sus autoridades. A tales efectos, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, países que conforman la banca regional, se reunirán las próximas semanas en Caracas.

La designación de las autoridades del Banco del Sur se concretará de forma paralela a una reunión del Consejo Económico de UNASUR que tendrá lugar en Buenos Aires los días 24 y 25 de julio.

Un tercer tema es la conformación, el reglamento y la sede de la Escuela Suramericana de Defensa (Esude). Según acordaron los representantes de los 12 países integrantes de UNASUR en una reunión efectuada el mes pasado en la capital ecuatoriana, Quito será la sede de la Escuela. Al inaugurar esa cita, el viceministro ecuatoriano de Defensa, Carlos Larrea, dijo que la iniciativa era un paso clave para el desarrollo de una visión compartida de la defensa nacional. La Escuela, cuya creación había sido acordada previamente por el Consejo de Defensa Sudamericano, deberá funcionar como un centro de formación de civiles y militares en defensa y seguridad regional. La Escuela se perfila como una alternativa a la influencia que EEUU ha ejercido durante décadas en la formación de oficiales latinoamericanos. Varios países han venido cuestionando la instrucción que recibieron sus militares en la desaparecida Escuela de las Américas, creada en la época de la “guerra fría” y en las que se impartían tácticas de espionaje y contrainsurgencia. La Escuela operó entre los años 1946 y 2000, y después de ser expulsada de su sede en una de las bases norteamericanas en el Canal de Panamá (Forth Clayton), fue rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, con nueva sede en Georgia, sur de los Estados Unidos. El ministro brasileño de Defensa, Celso Amorim, señaló que la fundación de la Escuela Suramericana de Defensa es una de las maneras de crear un pensamiento suramericano de defensa que respete las necesidades de la región, alejada de los antiguos conflictos de la “guerra fría”.

De esta manera se está consolidando la institucionalidad de la UNASUR en varios aspectos fundamentales.

Venezuela denuncia la injerencia de EEUU
El punto clave de la reunión fue la denuncia efectuada por el canciller venezolano Elías Jaua de la injerencia múltiple de Estados Unidos contra su país, así como la amenaza de sanciones en su contra. Los 12 cancilleres votaron por unanimidad una resolución que condena la injerencia yanki y rechaza la amenaza de sanciones a Venezuela. El mismo viernes 23, apenas finalizada la reunión en Ecuador, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó: “Yo quiero agradecer a la Unión de Naciones Suramericanas por la declaración de respaldo a la independencia, a la estabilidad política y la paz en Venezuela que se aprobó por unanimidad de los doce gobiernos de Suramérica”. Y agregó: “Creo que el presidente Obama tiene que escuchar la voz de América del Sur, que acaba de decir por unanimidad que rechaza todas las amenazas de sanciones contra el pueblo de Venezuela”.

La decisión se adoptó en base a un documento presentado por el canciller Elías Jaua, que es un modelo de precisión en su fundamentación jurídica y en la defensa acendrada del principio básico de no intervención. El documento lleva por título: “Contra la injerencia sistemática del gobierno de Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y las sanciones ilegales, unilaterales e injustificadas desarrolladas por parte del Senado estadounidense”. El primer párrafo se refiere a la situación de su país “tras las jornadas de violencia armada registradas desde el pasado 12 de febrero, impulsadas por grupos de la oposición venezolana que pretenden derrocar al gobierno constitucional; y promovidas por intereses de gobiernos y funcionarios de gobiernos extranjeros, quebrantando el ordenamiento jurídico internacional reconocido por los Estados independientes y soberanos”. Para que no quepa ninguna duda, precisa que “el gobierno de Estados Unidos de América desde febrero de 2014, recién iniciadas las acciones violentas que han subvertido el orden público con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional y democrático del presidente Nicolás Maduro en algunas ciudades de Venezuela, ha desarrollado abierta y públicamente una campaña sistemática de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, contrariando los principios del ordenamiento jurídico internacional así como los valores fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

Estas afirmaciones se demuestran palmariamente citando las disposiciones de la legislación internacional violadas por los actos de injerencia de EEUU, a saber: el numeral 7 artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas y los artículos 3 (e) y 19 de la Carta de la OEA, que consagran el principio de no intervención, reafirmado en la Cumbre de la CELAC (“mecanismo político e integracionista de mayor representatividad americana”) efectuada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre de 2011, y también por decisiones de UNASUR adoptadas el 16 de diciembre 2008 y el 28 de agosto 2009, tendientes a consolidar a Sudamérica como zona de paz.

El documento menciona luego las declaraciones de voceros del gobierno de EEUU y resoluciones de sus órganos legislativos contra las decisiones del gobierno venezolano que enfrentaron las acciones vandálicas y delictivas ejecutadas por grupos armados de la oposición, y la amenaza de establecer una legislación que sancione unilateralmente al Estado venezolano. Se destacan en este sentido: declaraciones del Departamento de Estado en defensa de Leopoldo López, del grupo oposicionista Voluntad Popular, que llamó directamente a derrocar al gobierno de Maduro; declaraciones del Secretario de Estado John Kerry y de los voceros de la Casa Blanca Jay Carney y del Departamento de Estado Jan Psaki, a lo que se sumó luego un llamado del propio presidente Barack Obama reclamando la liberación de los manifestantes que fueron detenidos in fraganti cometiendo actos vandálicos y homicidios en algunos casos. Luego la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental Roberta Jacobson y el citado John Kerry declararon la plena disposición de aplicar sanciones unilaterales contra Venezuela, al tiempo que la primera declaró sin ambages ante el Senado que mantenía comunicación continua con la oposición venezolana.

El canciller venezolano establece en el documento que el 13 de marzo de este año fue presentado en el Congreso estadounidense la “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela”, la cual fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores y remitida al plenario el pasado 19 de mayo, y la califica como “un instrumento de eminente carácter intervencionista” en los asuntos internos de Venezuela. Expresa además que el proyecto actualmente en trámite ante el Congreso refleja el apoyo directo y el financiamiento de ese gobierno a las pretensiones de la oposición venezolana, en particular a los grupos que ejercen violencia armada y vandálica, asignándoles un monto de 15 millones de dólares en un nuevo financiamiento”. Esta decisión de nuevo financiamiento directo del gobierno de EEUU a la oposición venezolana ha tenido amplísima repercusión internacional. Ya lo había denunciado el presidente Maduro en un artículo publicado en The New York Times el pasado 1º de abril.

Concluye el documento: “La intención del gobierno estadounidense de aplicar sanciones contra el Estado venezolano, no es otra cosa sino un mecanismo de coacción en contra de nuestro país que igualmente viola la Carta de las Naciones Unidas, y esta actitud no es más que el reflejo de su pretensión hegemónica e imperialista, por lo cual la Comunidad Internacional debe rechazar y condenar enérgicamente este tipo de acciones”, reiterando que constituye la violación abierta del principio de no intervención. Por lo mismo, demanda que “los organismos internacionales competentes soliciten al gobierno de EEUU que respete el derecho internacional vigente y cese su injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”.

Esa es precisamente la actitud que acaban de adoptar todos los cancilleres de los países de la UNASUR, sin distinción, lo que motivó el reconocimiento del presidente Maduro. Éste había declarado en reciente entrevista al periódico británico The Guardian que Venezuela está enfrentando un tipo “de guerra no convencional que Estados Unidos ha perfeccionado a lo largo de décadas” y que el gobierno de Washington pretende utilizar las protestas callejeras en Venezuela para orquestar un golpe “a cámara lenta” al estilo de Ucrania contra su gobierno y “echar mano al petróleo venezolano”. Señaló que la revolución bolivariana en Venezuela está más profundamente asentada ahora que cuando rechazó el golpe de estado respaldado por EEUU contra Chávez en el año 2002.

Bicicletas y tortugas
El primer aspecto folklórico es que los cancilleres llegaron en bicicleta a la reunión del jueves 22 que se efectuó en Puerto Ayora, capital de la isla de Santa Cruz, una de las cuatro principales y la más poblada del archipiélago ecuatoriano de las Galápagos. Sin saco ni corbata, sudorosos bajo una temperatura superior a 30 grados, estacionaron sus bicicletas a las puertas del Centro de Desarrollo Humano, registrando las cámaras la llegada del canciller locatario Ricardo Patiño junto a su homólogo boliviano David Choquehuanca. Patiño es un firme defensor de esa modalidad de transporte y la practica asiduamente, señalando que ella forma parte de la sociedad del “buen vivir” y de la defensa del medio ambiente, filosofía que impregna en buena medida la política del gobierno de Rafael Correa. Este medio de locomoción es usado habitualmente por los 16 mil habitantes de Puerto Ayora, que cuentan a esos efectos con ciclovías en toda la ciudad.

Otra actividad peculiar y motivo de distensión, fuera de programa, fue el apadrinamiento de las autóctonas tortugas que dan nombre al archipiélago, que ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Todo se juntó en este fructífero encuentro de la UNASUR.

Por Niko Schvarz
Columnista uruguayo

La ONDA digital Nº 673 

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