El término criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa “juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. El criterio, por lo tanto, es una especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor.
Una de las habilidades que debemos fortalecer en todas las personas es la capacidad de poder elaborar una opinión propia de cada hecho que sucede, recolectando información sólida y aportando argumentos válidos a las discusiones. Todos los puntos de vista son enriquecedores para iluminarnos en este camino de aprendizaje permanente.
Ahora bien, no quiero que se genere ningún tipo de pánico en la población, pero sí quizás un mínimo interés en saber que 
un hecho muy grave está por acontecer a la brevedad y que dejará muy mal parado a nuestro país en el escenario internacional.
Ustedes dirán, que señora tan exagerada, con todos los problemas que tenemos encima piensa que el traspaso de la presidencia pro témpore del MERCOSUR en manos de Uruguay a Venezuela puede afectarnos como país.
Bien, entonces no nos apuremos a sacar conclusiones, analicemos los hechos y declaraciones de quienes tienen a cargo la responsabilidad de conducir nuestra política exterior.
Consideremos las palabras del Canciller Rodolfo Nin Novoa al año 2015 respecto a Venezuela: “el país tiene una situación muy compleja desde hace mucho tiempo, casi endémica porque está aplicando un modelo que obviamente no da resultados”. “Ese control férreo de la economía por parte del estado no tienen ningún modelo que pueda mostrarse como exitoso”. “Venezuela va a transitar caminos muy peligrosos para la propia sociedad”.
Por otro lado, en base a palabras de legisladores venezolanos sabemos que además de la gravísima crisis económica y humanitaria, de salud, también se le niega la visa de ingreso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno venezolano no recibió a la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR y tampoco permitió el ingreso a las cárceles donde están confinados los presos políticos.
Si, leyó bien, en Venezuela hay presos políticos.
Y también lee bien cuando le digo que el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro amenazó con disolver la Asamblea Nacional.
Más allá de que algunos abogados constitucionalistas de ese país indicaron que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene facultades para disolver un órgano de los poderes públicos como es la Asamblea Nacional, el sólo hecho de mencionar una amenaza semejante es un peligro concreto y una falta de respeto a las instituciones.
En lo que involucra a la presidencia pro témpore del MERCOSUR, alfabéticamente a Uruguay le corresponde pasarle la presidencia a Venezuela, el tema es si consideramos que esto es lo adecuado dadas las circunstancias de vida en ese país, y por ende, dejamos planteada nuestra posición condenando o no la inexistencia de democracia real en Venezuela. Muchos líderes mundiales reconocidos han condenado duramente las medidas tomadas por Maduro.
Está claro que en este ámbito “lo jurídico está por encima de lo político”, pero como todo en la vida, lo que realmente debe primar es el sentido común.
El lugar donde se ubique Uruguay en este acontecimiento hace también a la imagen del bloque, y a su desempeño respecto a las negociaciones internacionales.
El Canciller mencionó públicamente que para él existe una democracia “autoritaria” en ese país, en mi caso considero que hay una “dictadura disfrazada de democracia”.
Uruguay está solo en el bloque, Brasil y Paraguay decidieron no asistir a la reunión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) para el traspaso de la presidencia del bloque a Venezuela que fue suspendida para el día 30 de julio, y en el caso de Argentina hubo discrepancias entre el Presidente y la Canciller.
Si tratamos de que prime lo jurídico por sobre lo político podemos acudir a lo que se estipula en el Protocolo de Ushuaia, donde se encuentran las herramientas jurídicas para sacar adelante esta crisis de criterios.
El Protocolo en sí resguarda “la plena vigencia de las instituciones democráticas” y además agrega que “es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes”, además contempla “la ruptura del orden democrático” como causal de aplicación del instrumento y del procedimiento establecido, el cual consiste en un sistema de consultas entre los Estados miembros como con el país en el cual se ha interrumpido el sistema democrático.
Podemos concluir que la cláusula democrática del MERCOSUR en el Protocolo de Ushuaia es un elemento jurídico comunitario de alto valor para el mantenimiento del orden social, político, económico y jurídico en forma armónica y libre, ya que se constituye en una garantía y medio de acción para revertir situaciones que podrían hacer peligrar el normal desarrollo de los países.
Es tan coherente aplicar el Protocolo de Ushuaia como traspasar la presidencia pro témpore, la cuestión es si están dadas las condiciones para que ese hecho ocurra.
¿Por qué no se le aplica a Venezuela la misma cláusula institucional que se le aplicó a Paraguay en el año 2012?
Dado este antecedente, el MERCOSUR corre serios riesgos de perder la poca credibilidad que tiene y nuestro país está quedando críticamente aislado, prestándole más atención a quien gobierna un país que a las medidas que corresponde tomar, como por ejemplo analizar seriamente y a conciencia si estamos frente a una hipótesis de ruptura del orden democrático.
Según una encuesta a junio de este año, el 63% de los venezolanos considera que la salida a la crisis es el revocatorio, en tanto que un 10% considera que el diálogo al que insta la Organización de Estados Americanos (OEA), es la mejor vía.
En tanto que un 23% no cree en el diálogo y un 4% se limitó a decir que el diálogo no es necesario. Esto se debe a que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, activó la Carta Democrática, en primera fase el Consejo Permanente dio unas recomendaciones impulsadas por México y Argentina donde dicen que se debe respetar el orden constitucional.
La crisis política que enfrenta el país, entre la Asamblea Nacional (con mayoría opositora y electa el 6 de diciembre), y el Gobierno de Nicolás Maduro, es evidente, ya que todas las medidas y leyes adoptadas por la AN son truncadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se suma el Estado de Excepción adoptado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tiene vigencia por un año, según una decisión del TSJ.
El año pasado el Canciller de nuestro país declaró: “A mí me parece que la propia Venezuela tiene en su Constitución la salida de todo esto. Me parece que la única manera que tienen para salir de esta situación es un referendo revocatorio. Se juntaron las firmas para la primera etapa que eran unas 250.000, juntaron más de un millón”.
Está a la vista y es muy obvio que en Venezuela no se respeta a los ciudadanos, a las mayorías en las urnas, no se da el lugar que corresponde a la oposición, y ya no hablamos de cuestiones ideológicas, ni institucionales, ni jurídicas, esto es un tema puramente moral de respeto y sentido común.
Para finalizar, y que cada lector pueda “madurar” su opinión y su criterio a la hora de valorar este acontecimiento, le pregunto: ¿considera usted estimado lector que en Venezuela existe un orden social, político, económico y jurídico en forma armónica y libre?
Lo que sí existe en Venezuela es un rotundo e indefendible conflicto de poderes que atenta contra cualquier orden social civilizado.
Por Lic. Gabriela Tambasco Ramos
Master en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales, Universidad de Barcelona. Master en Integración y Comercio Internacional, Universidad de Montevideo.
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