Habitar Montevideo demoliciones

Por el arquitecto Luis Fabre

¿Qué será de nosotros sin un pasado? Eternos inmigrantes en un mundo distinto, nuevo y seguramente ajeno. Desdeñar el pasado es desdecirse uno mismo, renegar de la construcción propia, de la autopoiesis al decir de Prigogine. ¿Cómo podré saber lo que soy sin comparar con lo que fui? ¿Cómo sabré si avancé o retrocedí en mis propósitos, mi vocación, mis afectos? De las incidencias vividas, ¿no extraje mejores conductas? Demolerlas en mente y materia es también dejar un pedazo de nosotros mismos, renegar de nuestra identidad, resquebrajar el arraigo.

Lo reseñado, fácilmente compartible por cada sujeto desde la subjetividad, es válido también para la construcción social que es la ciudad. Así que desde esos dos sujetos, la propia persona y la urbe de la que cada montevideano formamos parte, encaro un somero análisis sobre una preanunciada y otra realizada demolición de dos conocidos inmuebles. Y aunque la reflexión vale para el hecho consumado respecto al edificio Assimakos, prefiero aportar al que aún puede abordarse sin arrepentimientos posteriores.

La propiedad de algunos, la ciudad de todos.
La tradición uruguaya propietarista y liberal es restringida para buena parte de compatriotas por las limitaciones estructurales del capitalismo criollo. Para satisfacer ese derecho, respecto a la vivienda, se han instrumentado formas de acceso y tenencia junto a la adquisición de la misma por el financiada. De hecho en las últimas décadas se han probado todas, desde la propiedad plena hasta el comodato precario con resultados diversos. Fácil es caer en la simplificación de la crítica a cada una de ellas, como puede verse en los grandes medios. Basta con profundizar en un ejemplo; respecto a la morosidad: ¿está amparada en la impunidad que resulta de deberle a un Estado asistencialista o proviene de la misma limitación del sistema que impide al ocupante adquirir vivienda por sus propio medios?

Si como creo, esta última es la causa primordial, habría que reconocer que otorgar la propiedad plena es una buena forma de adjudicar también responsabilidad y obligaciones. Con limitaciones temporales para la venta, una vivienda otorgada por el Estado, que implica adoptar las reglas de juego del mercado; ¿no es incluir al beneficiario plenamente en la formalidad? Así, mantenerla, entre otras cosas, será cuidar un derecho satisfecho, extendiendo el mismo al uso a los años de vida posteriores al trabajo.

La tenencia sin goce de la propiedad es un acto puntual que pocas veces sigue sirviendo en el tiempo. Cambian las condiciones del ocupante, su familia, su ubicación en el territorio nacional o extranjero. La movilidad social conlleva la reubicación en el hábitat, el cambiar de lugar, de vivienda. Las condiciones propuestas por el Estado, beneficiosas en el comienzo se tornan obstáculos para un cambio, llámese cesión o traspaso, arriendo o un simple préstamo.

Dudas fundadas
Si bien he reconocido desde su inicio la recuperación del stock habitacional del Estado lograda por la Agencia Nacional de Vivienda, no comprendo la postura institucional en el caso del Conjunto realizado con el sistema PNV en los años 60 en la Rambla. Mientras en el Estado se trabaja para construir viviendas, ¿simultáneamente demuele las ya construidas?

Tentado estoy de opinar sobre el edificio en cuestión; conozco el sistema, participé en la licitación para el retiro de los tapajuntas de hormigón de fachadas. Sabido es que en la mayoría de los sistemas de prefabricados el problema esencial son las juntas. Si bien su falta de estanqueidad puede afectar el uso interior y la estabilidad de la construcción, no parece ser éste el caso. La declaración de «ruinoso» por la Junta Departamental; ¿implica demolición o puede considerarse un desalojo masivo y recuperación? La postura de los ocupantes legales, ¿puede igualarse a la de ilegales en los «asentamientos» a cuyo realojo ponen, sin embargo, condiciones basadas en el arraigo?

De cualquier manera, surge una controversia que supera el marco normativo entre varios actores urbanos pertenecientes y no al edificio. En un plano superior, el de la «ciudad» son actores legitimados, representan en una u otra forma a la «ciudadanía» y deben, amén de los ocupantes, ser escuchados. Las asociaciones profesionales deberían dar su opinión antes de otro hecho consumado e irreversible. En particular creo que la facultad de arquitectura debería preservar uno de los pocos ejemples de sistemas de prefabricación de vivienda autóctonos, justificada su presencia como referencia técnica y de innovación en el siglo pasado. De la Comisión de Patrimonio, cuya competencia incluye la rambla, quisiera saber su opinión, su postura.

Quién lauda en este conflicto
Como defiendo desde hace tiempo que la ciudad democrática debe construirse entre todos, sostengo que también entre todos debería destruirse. Pero alguien tiene que decidir en la contienda. La justicia, llamada en la actualidad para asuntos triviales, tiene aquí un campo significativo en el cual actuar. Trascienden a la acción de los hombres sus obras. En este caso una no menor, colectiva: la ciudad capital.

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