Del 4/12/00  al  17/12/00
Montevideo Uruguay


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El terror del "Investement grade"
De la crisis se sale con un modelo que
mejore la producción y el consumo

por Carlos Santiago

Mientras el gobierno tiene que resolver una difícil crisis social que parece crecer en el país, los funcionarios de Fondo Monetario Internacional (FMI), sumados a los de la banca extranjera y a las calificadoras de riego, literalmente “aterrorizan” a los funcionarios de Jorge Batlle, planteándoles “cataclismos” de diversa magnitud, los que se desencadenarían con la pérdida del dichoso “investement grade”

Esta situación determina que en el país se estén examinando escenas tan diferentes: por una parte las abstractas movidas de los funcionarios internacionales, tratando de imponer reformas con el solo objetivo de que el país cumpla con sus compromisos internacionales y por otra deteriorada situación social, caracterizada por la creciente pobreza, sin que veamos reacciones del gobierno para intentar poner fin a la misma.

Todo nos da idea de lo peligroso que resulta mezclar la política con la economía. La sofisticada economía global ha conectado a la gente y a las ganancias a través de fronteras, pero nuestro manejo casi provincial de las relaciones monetarias amenazan con socavar los formas de vida de la gente. Los cínicos se imaginan que el gobierno maneja ideas abstractas mientras el país de despuebla de jóvenes y las clases medias sé pauperizan cuando no se empobrecen abiertamente.

Los burócratas del Fondo no tienen toda la culpa de ser demasiado ambiciosos en el campo político y de lograr tan poco en el campo financiero. La culpa es más de los líderes mundiales que han abdicado su responsabilidad de reparar el sistema monetario internacional para que sirva las necesidades de una economía global abierta, dedicada a la libertad de mercado y al libre comercio.

La razón de ser del FMI desapareció cuando el sistema de cambios fijos dejó de existir en agosto de 1971. En lugar de desmantelarlo, las grandes naciones prefirieron dejar que sobreviviera, transformándolo en una agencia de cobranza internacional para sus bancos comerciales.

Hoy somos testigos del vergonzoso espectáculo de los líderes de los países desarrollados exhortando a países en desarrollo con economías devastadas a que acepten las duras recetas aperturistas del Fondo que no hacen nada por frenar la pauperización de la gente.

Además, la tenue posibilidad de estabilidad monetaria regional dejó de depender del FMI para descansar en la benevolencia de China en no devaluar su moneda. Los uruguayos no veamos solo lo que significaría la ruptura de la convertibilidad en la Argentina, sino que debemos valorar lo que significaría una devaluación en China, cuando hoy en nuestro puerto hay contenedores con zapatos de aquella procedencia a 50 centavos de dólar el par. ¿A que precio llegarían si China devaluara como temen algunos copitostes del mundo capitalista?.

Enlazar la estabilidad financiera con la política extranjera es muy peligroso. El futuro de la economía global no debe depender de frágiles relaciones diplomáticas porque ello conduce a arriesgar cosas como los derechos humanos, la transferencia de tecnología y la seguridad nacional. El Mercosur es un buen ejemplo.

Por ello la preocupación del gobierno, “aterrorizado” por esos funcionarios internacionales que pululan casi como en “su casa” en el Ministerio de Economía, donde tienen siempre las puertas abiertas, es distinta a la de la gente. Ellos son los que generan terror, hablan de déficit, tratan de acotar las partidas presupuestales. Quieren que se aplique un esquema que objetivamente impida el crecimiento equitativo del país y recurren a ello para avalar que se sigan cobrando tasas exorbitantes que debe pagar el Estado nacional por su deuda externa.

Lo que queda bien claro que el modelo que nos rige desde la dictadura hasta el presente está totalmente agotado y que es la causa de los problemas que hoy vive el país y su gente. Es un esquema de funcionamiento que niega lo nacional, en aras de una ficticia globalidad, que solo puede ser prologado en el tiempo mediante una mayor enajenación del patrimonio nacional (ya se fue el oro), ahora quieren liquidar al mejor postor a las empresas públicas. Con ello lograrían una mayor transferencia de ingresos de la gente a sectores concentrados de capital externo y, concomitantemente, un mayor deterioro de la de la producción nacional, del trabajo, cuestionando la existencia misma de nuestro país.

El gobierno en este camino fracasará, multiplicando la crisis social, aplicando ideas peregrinas si aceptara recomendaciones como las desregularizar el mercado del trabajo, es decir, echar a cientos o miles de funcionarios públicos, reduciendo los salarios de los privados, privatizar ANTEL y otros organismos estatales, arancelar la Universidad, ajustar los planes sociales y los presupuestos de los ministerios de Salud Pública y Educación, reducir más las jubilaciones y las pensiones.

Ya internacionalmente se ha visto que fue una enorme equivocación de los organismos internacionales, el exigir un mayor ajuste para restaurar la confianza de los inversores. El ejemplo de Uruguay es notable en ese sentido, ya que es el país de América Latina que recibe menos dinero de los capitalistas internacionales. Quizás los funcionarios del FMI y de las consultoras internacionales se alegren por el cumplimiento estricto que hace el gobierno de Batlle de todas sus indicaciones, pero en el país se sigue eludiendo un tema fundamental, quizás el más trascendente de todos, que es la endémica falta de competitividad, consecuencia de un tipo de cambio retrasado, situación que eclosionó luego de la devaluación en Brasil.

Admitimos el riesgo de una devaluación en una economía altamente dolarizada. La moneda sana y estable debe ser vista como un derecho humano fundamental. Mientras no se comprenda que devaluar es equivalente a hacerlo con el trabajo y la dignidad de los ciudadanos, continuaremos sufriendo embates de algunos sectores que quieren solucionar sus problemas en el cortícimo plazo, sin entender que ello sería catastrófico.

Pero es evidente que ante esta realidad, debemos intentar reducir los costos de producción. Pero en lugar de analizar la estructura tarifaria de los servicios (recordemos la imposición que tienen los combustibles) y el elevado costo financiero, una reforma impositiva que priorice a los sectores transables y al consumo, el gobierno habla de reformas laborales, con el fin de despedir empleados, de rebajar los salarios, del arancelamiento universitario, de los servicios de Salud Pública, etc. y de la venta de las empresas públicas y, por supuesto, de un nuevo incremento en los combustibles.

La sociedad en su conjunto, los productores agropecuarios, los comerciantes grandes y pequeños, los trabajadores y el propio gobierno deberían entender que de esta crisis salimos no con un modelo, como el actual, que estimula la miseria, sino por el contrario, con otro que sirva para multiplicar la producción y, por supuesto, el poder adquisitivo de la gente.

Eso está bien claro.LA ONDA® DIGITAL


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Diciembre 2000

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