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El garrote en España y la demokracia de Rajoy

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Las imágenes, tantas veces amañadas, fueron elocuentes el domingo 1º de octubre en Cataluña: los antidisturbios desencadenados emprendiéndola a garrotazos contra una multitud indefensa, ensañándose con las mujeres y los viejos, golpeando, pateando y saltando sobre los caídos con una sevicia bestial que es una marca infamante de la sociedad española. Policías encapuchados arrancando las urnas de las mesas electorales y golpeando a los funcionarios que levantan las manos.

Esto exige contextualizar lo que sucede, porque no se puede menos que comparar las imágenes de violencia en Cataluña con las que se muestran de Venezuela. En las calles de Caracas unas decenas de encapuchados, armados con cocteles molotov y armas de fuego, unas manifestaciones de gente paqueta en barrios exclusivos y los antidisturbios con carros lanza agua y gases. En Cataluña los mismos antidisturbios pero con balas de goma y garrotazos cuerpo a cuerpo con una multitud inerme, con el rostro descubierto, con niños en brazos. En Venezuela, un Almagro descarado incitador y articulador de la intervención extranjera en los asuntos de un país latinoamericano. En España, un Rajoy hipócrita y corrupto adulando al bravucón en su visita a Trump e instando a “sanciones” contra Venezuela. Difícil equiparar estas violencias.

Los “operadores políticos” pueden pensar lo que quieran acerca de Venezuela, su gobierno, sus problemas y sus crisis; podrán opinar como un Lacalle Herrera, el adulón de Franco, sobre la unidad de España o sobre el autonomismo catalán pero es indudable que los problemas de Venezuela deben decidirlos los venezolanos y los de Cataluña los catalanes.

Ahora más que nunca se imponen ciertos ejercicicos de memoria.

España: la patria del garrote
La pena de muerte en España fue abolida, recién en 1995. Antes en 1978 , la Constitución temblorosa que surgió de más de cuatro décadas de terror franquista y del reestablecimiento de la corrupta dinastía borbónica, estableció una primera abolición que dejaba a “las leyes penales militares en tiempos de guerra” la capacidad de arrancar la vida.

Franco, ya gagá y en su agonía firmó las últimas ejecuciones que se llevaron a cabo contra dos miembros de ETA político-militar y tres del FRAP, el 27 de setiembre de 1975. Pero estas últimas muertes fueron por fusilamiento apartándose del garrote vil, una máquina típicamente española que había sido empleada sin interrupción desde 1820 hasta 1978 para aplicar la pena capital.

La económica y bestial modalidad de la muerte por machacamiento del cráneo a garrotazos o bajo forma de estrangulamiento se remonta a la Roma antigua (se sabe que Publio Cornelio Léntulo fue agarrotado junto con otros conspiradores que participaron en la segunda rebelión de Catilina). En la Península Ibérica perfeccionaron el sistema durante la Edad Media. De hecho, el nombre garrote vil proviene de la escenificación de la ejecución que se hacía de acuerdo con los códigos estamentales de la sociedad medioeval. La forma de ejecutar a los miembros de la nobleza era la decapitación con espada. En cambio, para los plebeyos o villanos el medio mortal era el garrotazo.

El sistema perfeccionado era una especie de silla de respaldo alto contra la que se apoyaba la espalda del reo. En el cuello se le ajustaba un dogal de hierro que en la parte trasera, contra el respaldo, tenía un tornillo rematado en una bola (o en una punta en el caso del garrote que se usaba en Cataluña) que rompía las vértebras cervicales y lesionaba la médula espinal. Si la muerte no se producía por esta vía, ya fuera por la robustez de la musculatura del cuello del ajusticiado o por la poca fuerza del verdugo, el fin sobrevenía por estrangulamiento al aplastar la tráquea.

Carlos III de España, en 1775, prohibió la horca aduciendo que la muerte del reo resultaba en una agonía demasiado prolongada y la sustituyó por el garrote vil. Después los ingleses perfeccionaron el ahorcamiento, mediante patíbulo con trampilla y caída libre que provocaba el desnucamiento, hasta que el infame Fernando VII reestableció el garrote, en lo esencial porque como máquina era mucho más sencilla, portátil y podía ser confeccionada por cualquier herrero.

El garrote también fue utilizado, tanto en España como en Portugal y bastante en América Latina (durante la conquista el último emperador inca, Atahualpa, fue agarrotado en Cajamarca en 1533). En las posesiones españolas, después de las independencias que se produjeron a principios del siglo XIX, el garrote se siguió empleando en Cuba, en Puerto Rico y en Las Filipinas (en este último caso hasta bien entrado el siglo XX).

Las ilustraciones precedentes corresponden a: “Exécution d’un assassin a Barcelone” (un grabado de Gustave Doré), publicado en L’Espagne, 1874, y ejecución de anarquistas en Jerez de la Frontera, en 1892, publicado en Le Progrés Illustré. En ambos casos se ve la puesta en escena y el aparato mecánico del garrote vil en acción.

Sin embargo, durante el siglo XIX, cada tipo de ejecución presentaba una escenificación distinta, según el modo de conducir al condenado hasta el garrote: los condenados a garrote noble iban en caballo ensillado, los de garrote ordinario iban montados en mula o caballo y los de garrote vil en un burro y sentados mirando hacia atrás o arrastrados por el suelo.

Ejecuciones franquistas: el odio sigue vivo
El 20 de abril de 1963, Julián Grimau un dirigente comunista fue fusilado en el campo de tiro de los Cuarteles de Campamento, en las afueras de Madrid. Dos días antes, un Consejo de Guerra sumarísimo le había condenado por “rebelión militar continuada” presuntamente por delitos cometidos durante la Guerra Civil (1936 – 1939) .

El jefe de la Guardia Civil en Madrid se había negado a formar un pelotón de ejecución y los mandos militares dispusieron que fueran soldados conscriptos los que fusilaran a Grimau. Según su abogado defensor, el capitán Alejandro Rebollo, que fue obligado a presenciar la ejecución vestido de gala, los reclutas estaban muy nerviosos y dispararon 27 balas y era tal la agitación y la tensión que hizo falta que el oficial a cargo le rematara mediante tres tiros de gracia.

Julián Grimau había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911. Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada de Investigación Criminal (su padre había sido comisario de policía en Barcelona en los años veinte). Su actividad policial debió ser eficaz en Madrid porque fue ascendido y trasladado a Valencia. Más tarde llegó a Barcelona. En octubre de 1936 había ingresado en el PCE.

Al terminar la Guerra Civil cruzó la frontera hacia Francia y después vivió en varios países latinoamericanos. Fue elegido miembro del Comité Central del PCE en el congreso de Praga de 1954. Desde entonces, empezó a entrar clandestinamente en España, con estancias en Barcelona y Andalucía. Desde 1961 se instala definitivamente en la capital española como responsable del partido en el interior.

El 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones, Grimau se dirigió a una nueva cita con otro camarada, que le iba a proporcionar papel para hacer volantes. Grimau, ajeno a que disfrutaba sus últimos momentos de libertad, y desoyendo los consejos recibidos de desplazarse en taxi, tomó un omnibus donde sólo viajaban unos pocos policías. Cuando se dio cuenta era tarde.

Durante los interrogatorios a los que fue sometido cayó de cabeza desde una ventana del primer piso, en la parte posterior de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Grimau estuvo al borde la muerte, pero, con el cráneo, las muñecas y las piernas fracturadas, sobrevivió. El Gobierno se apresuró a indicar que había sido un intento de suicidio pero resultaba poco creíble. Tras recuperase de los traumatismos, Grimau no recordaba nada de lo que sucedió después de las primeras horas del brutal interrogatorio. No realizó ninguna denuncia, tampoco delató a nadie.

Un mes después de su detención, el 6 de diciembre de 1962, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne (el mentor de José María Aznar y de Mariano Rajoy), convocó una conferencia de prensa para responder a las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y anunciar “la publicación de un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete”.

A Grimau no sólo se le juzgó por sus actividades políticas en España durante los últimos años, sino por un delito durante la guerra. La petición del fiscal era de pena de muerte por delitos de rebelión militar continuada durante la Guerra Civil y treinta años de cárcel por alteración del orden público: reuniones ilegales, impresión y reparto de volantes, incitación a la huelga.

El juicio fue una farsa. No hubo testigos. Todas las declaraciones obtenidas durante los cinco meses de la instrucción se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que le identificaba erróneamente. El expediente establecía que Grimau, en su condición de comisario de la Brigada de Investigación Criminal, había torturado a fascistas. La defensa del militar y abogado asturiano, Alejandro Rebollo, que cuestionó la legalidad del delito de rebelión militar por haber pasado más de veinticinco años, fue infructuosa.

Un año más tarde, otra irregularidad se hizo pública. El comandante auditor y principal acusador, Manuel Fernández Martín, había falsificado su título de abogado, carrera de la que sólo había estado matriculado durante dos cursos en la Universidad de Sevilla.

Tanto las torturas sufridas durante su detención como su ejecución despertaron un enorme repudio. Durante los cinco meses en que estuvo detenido, el PCE y otros personalidades españolas –desde opositores provenientes del régimen hasta intelectuales – mediaron para salvar la vida de Grimau. Se recibieron miles de telegramas de todo el mundo solicitando el final del proceso que ya entonces se consideraba una farsa.

Tras la sentencia, pidieron clemencia, entre otros, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson y el arzobispo de Milán, cardenal Montini, que sería elegido Papa dos meses más tarde. Esta elección fue un duro golpe para el franquismo y el nacional-catolicismo español. “No hemos sido escuchados” dijo el cardenal. Ya como Pablo VI, dos décadas después, volvió a hacer gestiones para evitar la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich, pero Franco se negó a atender su llamada telefónica.

Ángeles Campillo, la viuda del dirigente comunista, residía en París. Tras la ejecución de Grimau comenzó una larga lucha para reivindicar su memoria y averiguar donde había sido enterrado su marido. En 1967, su abogado presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar lo que no fue admitido. En abril de 1968, exigió saber el lugar donde se encontraban los restos mortales de Grimau. En diciembre de 1972, solicitó la exhumación, reconocimiento y traslado de los restos de su marido al cementerio civil de Madrid.

En ese año volvió a solicitar su pasaporte para poder regresar a España, donde ya vivían sus hijas y su madre. La crueldad del régimen con la viuda fue implacable, no pudo volver hasta setiembre de 1976. A los veinticinco años de su fusilamiento, el 30 de noviembre de 1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Julián Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. En enero de 1990, fue denegada la revisión de la sentencia por “coherencia jurídica”. Tampoco vio cumplido su deseo, expresado a los cuatro días de la ejecución de su marido, de “que la sangre derramada por Julián Grimau sea la última”. En agosto del mismo año fueron ejecutados, por el método del garrote vil, los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados, condenados sin pruebas, en otro consejo de guerra sumarísimo, por la presunta colocación de bombas en edificios gubernamentales.

El garrote nuevamente en acción
Salvador Puig Antich (Barcelona, 1948-1974)) fue un anarquista y antifascista catalán, apodado “El Metge” (“El Médico” en castellano) que formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización anticapitalista que desarrollaba propaganda armada y fomentaba luchas populares. Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 y condenado a muerte por un Consejo de Guerra por el homicidio de un subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona, durante un tiroteo que se produjo durante el operativo de su detención junto a otros miembros del MIL. Murió ejecutado por garrote vil en la mañana del 2 de marzo de 1974. Fue la última persona ejecutada en España por este método.

El defensor de Puig Antich, Francisco A. de Condomines, sostuvo que la jurisdicción militar no era competente y destacó la falta de circunstancias agravantes: “Estaba acorralado y no podía escapar”, dijo el abogado que pedía una sentencia condenatoria de seis años y un día como cómplice y de seis meses y un día por homicidio en riña multitudinaria o con circunstancias atenuantes. La prensa española cubría el juicio como si se tratara de un asunto rutinario, anecdótico. No advertían que la dictadura franquista había preparado todo para aniquilar, en forma ejemplarizante a los jóvenes del MIL, una muchacha de 16, un muchacho de 17 y a Salvador, el mayor de los tres, de 25 años.

Los tres jóvenes se enfrentaban a un tribunal integrado por siete militares, hombres mayores en uniforme de gala, de guante blanco, pistola y sable, que habían sido instruídos para impartir un terror ejemplarizante y vengar la muerte del almirante Carrero Blanco que la ETA había hecho volar por los aires poco tiempo antes. Para la prensa extranjera el juicio no pasó desapercibido. El proceso fue descrito como un tribunal de excepción incomprensible en 1974 y violatorio de los derechos humanos.

El abogado suizo, Christian Grobet, que representaba a la Comisión Internacional de Juristas, auspiciada por las Naciones Unidas, dijo que el juicio era una farsa, que la acusación se basaba en pruebas policiales desprolijas, que no se había efectuado autopsia del fallecido, que no se había admitido testigos y no se habían tenido en cuenta las circunstanciass atenuantes (por ejemplo la falta de premeditación en el tiroteo). La transcripción de los interrogatorios que ahora se conocen dejan en claro que se trató efectivamente de una farsa llena de falsas incriminaciones.

A las seis de la tarde del 9 de enero de 1974, el presidente del Consejo de Guerra, coronel de ingenieros Carlos González de Pablos, manifestó: ‘El consejo seguirá en sesión secreta para la deliberación y pronunciamiento de la sentencia’. La suerte de Salvador estaba echada y se le condenó por la muerte de un funcionario público por razones políticas, a dos penas de muerte por dos supuestos delitos de terrorismo. Uno por un atraco a un banco y otro por la muerte del policía.

La promulgación de la sentencia generó un enorme movimiento de repudio, en España y en el exterior. Instituciones nacionales, entre las que se encontraban colegios profesionales y colectivos de intelectuales trataron de librar de la muerte a Salvador. El eco de la injusta condena adquirió gran relevancia: la Comisión Europea, altos mandatarios gubernamentales como el canciller alemán Willy Brandt, e incluso el Vaticano en la persona del Papa Pablo VI intentaron evitar la ejecución, al tiempo que multitudinarias manifestaciones hicieron demostraciones de repudio.

Al mediodía del 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich fue ejecutado mediante el garrote vil en la Cárcel Modelo de Madrid. Tenía solo 26 años. Con el correr de los años se verificó que la muerte de Puig Antich no solamente había sido aberrante por el método empleado, el garrote, sino por los enigmas que subsisten de lo que sucedió cuando fue detenido de modo que aparece claramente el papel de chivo expiatorio que asignó al joven el franquismo moribundo. Uno de los hechos que fueron ocultados es que el cuerpo del fallecido subinspector de policía presente durante el tiroteo en un zaguán, en el que fue herido Salvador de dos disparos, presentaba cinco heridas de bala. Puig Antich solamente había disparado tres veces por lo que es presumible que la muerte del policía hubiese sido causado por el “fuego amigo” de sus colegas.

En marzo del 2016, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau – muy vista ahora por sus declaraciones de repudio a la violencia desatada en Cataluña por el gobierno español – inauguró una plaza y un monumento en memoria de Salvador Puig Antich.

Revoleando el garrote: la matanza del 3 de marzo
La llamada Transición Española, el proceso por el que aquel país dejó atrás la dictadura de Francisco Franco y adoptó una democracia tartajeante bajo la monarquía borbónica que acunó el franquismo, sitúa el proceso entre el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que murió el dictador después de una larguísima agonía, y los primeras elecciones libres, desde las de 1936, en junio de 1977.

Quienes alaban este proceso tienden a ocultar la cantidad de crímenes, maniobras y latrocinios cometidos por la dictadura y naturalmente la ubican como un ejemplo de democracia cuando, en realidad, permitió y permite que la derecha más reaccionaria y sus paniaguados, comprendida una monarquía decadente y corrompida, siga defendiendo la indefendible, tanto en cuanto a lo sucedido en el siglo pasado, como a lo que perpetra ahora el gobierno de Rajoy, el PP y el PSOE, en los últimos años.

Uno de estos hechos de hace poco más de cuarenta años es el de “los sucesos de Vitoria”, también conocidos como “Matanza del 3 de marzo”, que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, capital de la provincia vasca de Álava, pocos meses después de la muerte del dictador, en plena Transición. A las cinco y diez de la tarde efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron la iglesia de San Francisco de Asís ubicada en un populoso barrio obrero situado al norte de la ciudad, donde 4.000 trabajadores en huelga estaban reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con munición letal y balas de goma a las personas que salían del recinto.

Cinco asambleistas murieron y más de ciento cincuenta fueron heridos de bala. Los fallecidos fueron:

  • Pedro María Martínez de 27 años de edad, trabajador de Forjas Alavesas, falleció en el mismo lugar de los hechos.
  • Francisco Aznar Clemente de 17 años de edad, estudiante y operario de panadería, falleció en el mismo lugar de los hechos.
  • Romualdo Barroso Chaparro de 19, gravemente herido murió poco después.
  • José Castillo de 32 años, trabajador de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, falleció posteriormente.
  • Bienvenido Pereda de 30 años, trabajador de grupos Diferenciales, falleció posteriormente.

Después, durante los actos de protesta que se produjeron en todo el país, murió en la localidad vizcaína de Basauri, Vicente Antonio Ferrero.

Fue una de las mayores matanzas que se produjeron en la llamada Transición española. Los hechos no fueron investigados y nadie fue llevado a juicio. En el año 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los “titulares de los ministerios actuantes en este conflicto”: Manuel Fraga Iribarne (1922 – 2012), entonces Ministro del Interior – en Alemania durante los sucesos, por lo que el encargado de asumir responsabilidades de los ausentes era Adolfo Suárez (1932 – 2014) -, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (nacido en 1934, sosbre quien pesa un pedido de captura internacional por estos crímenes de lesa humanidad dictado por la jueza argentina María Servini de Cubría) y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia (nacido en 1923, actualmente retirado es militante de base del PP y contra él pesa una orden de captura internacional similar a la de Rodolfo Martín Villa).

A continuación la transcripción de parte de las conversaciones entre las patrullas responsables del ataque a la iglesia, según las grabaciones existentes de la Banda de Radio de la Policía (cualquier similitud con atrocidades como las del 1º de octubre de 2017 no será mera coincidencia):

V-1 a Charlie. Cerca de la iglesia de San Francisco es donde más grupos se ven. Bien, enterados.
Charlie a J-1. Al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos? _ Si hay gente ¡a por ellos! ¡Vamos a por ellos!
J-1 a Charlie. Charlie, a ver si necesitas ahí a J-2. _ Envíalo para aquí para que cubra la espalda de la iglesia.
J-3 a J-1 Estamos en la iglesia. ¿Entramos o qué hacemos? Cambio.
…Entonces lo que te interesa es que los cojan por detrás. _Exacto.
J-1 a J-2 Haga lo que le había dicho (acudir en ayuda de Charlie a Zaramaga). _ Si me marcho de aquí, se me van a escapar de la iglesia. _Charlie a J-1. Oye, no interesa que se vayan de ahí, porque se nos escapan de la iglesia. …Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego. _Vamos a ver, ya envío para allí un Charlie. Entonces el Charlie que está, J-2 y J-3, desalojen la iglesia como sea. Cambio. _ No podemos desalojar, porque entonces, entonces ¡Está repleta de tíos! Repleta de tíos. Entonces por las afueras tenemos Rodeados de personal ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio. _ Gasead la iglesia. Cambio. _Interesa que vengan los Charlies, porque estamos rodeados de gente y al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a utilizar las armas seguro, además ¿eh? _Charlie a J-1. ¿Ha llegado ya la orden de desalojo a la iglesia? _Sí, sí la tiene J-3 y ya han procedido a desalojar porque tú no estabas allí. _Muy bien, enterado. Y lástima que no estaba yo allí.
Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. _ ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. _ ¿Cómo está por ahí el asunto? _ Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. _¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! _ Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. _ Aquí ha habido una masacre. Cambio. _De acuerdo, de acuerdo. _Pero de verdad una masacre.
 

Lic. Fernando Britos V.
La ONDA digital Nº 836 (Síganos en Twitter y facebook)

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