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Las plazas de deportes y las trampas de la gobernanza

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Niño, deja ya de joder con la pelota,
Niño, que eso no se dice,
que eso no se hace,
que eso no se toca.
Estos locos bajitos. J.M. Serrat (1981)

Una vieja y querida Plaza de Deportes – Para la enorme mayoría de los uruguayos la Plaza de Deportes de su barrio, de su ciudad o de su pueblo está incorporada a las experiencias infantiles, juveniles y adultas. Las Plazas de Deportes, en si mismas son un fenómeno social entrañable que desde que se naturalizó, a fines del siglo XIX y principios del XX, en el marco de una democratización progresiva de la sociedad y del surgimiento del tiempo libre a resultas de los cambios en el mundo del trabajo, produjo un notable incremento por el gusto hacia las actividades deportivas y recreativas de tipo colectivo y popular.

Hay dos aspectos en que incluso las nuevas corrientes historiográficas recién empiezan a considerar 1. Por un lado las Plazas de Deportes, incluso los campitos que las precedieron, siempre fueron un lugar de aprendizaje vital de tipo informal; allí se aprendía convivencia, a ganar y a perder, a perseverar y a ilusionarse, a recuperar las libertades y capacidades del cuerpo que en otros ámbitos de la sociedad no eran permitidos sino eran francamente reprimidos, a conjugar la rivalidad con el compañerismo y a innovar en movimientos y sensaciones saludables.

Por otra parte, las investigaciones documentales suelen llamar la atención sobre las acciones formales, las decisiones de los poderes oficiales y es mucho más difícil percibir el grado en que la iniciativa popular, vecinal o barrial, tuvo en la concreción de las instituciones más significativas. No cabe duda respecto a las intenciones de José Batlle y Ordoñez cuando, en 1906, envió al Parlamento un proyecto para establecer periódicamente la celebración de “Juegos Atléticos No Profesionales” en todo el país.

La iniciativa de Don Pepe no tuvo andamiento en aquel momento pero hay numerosas evidencias de que buscaba respaldar y retroalimentarse con fenómenos que ya se producían a nivel barrial y local, encuentros de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que practicaban actividades “a su aire” en predios que había por doquier en la capital y sus suburbios, por ejemplo, y ya habían surgido los primeros cuadros de fútbol como expresión colectiva establecida del que se transformaría en el deporte nacional.

A algunos profesionales de la educación física les resulta poco menos que sacrílego que se les manifieste el importante papel original de la iniciativa popular y vecinal, de abajo a arriba, en el desarrollo de lo que dan en llamar “deporte comunitario”. Sin embargo, a poco que se estudie el origen de las Plazas de Deporte se percibe – en los registros, en la prensa de la época, en las memorias – que fueron comisiones barriales o locales las que tomaron la iniciativa para que las actividades que ya llevaban a cabo en “jardines públicos” fueran oficializadas por una flamante Comisión Nacional de Educación Física otorgándoles, primero en Montevideo, la asignación de un número, un reconocimiento y una ayuda material como Plaza de Deportes. Esto no le quita un ápice a la importancia de las políticas batllistas sino que confirma su pertinencia.

A poco de comenzar el segundo gobierno de Batlle y Ordóñez (1911 – 1915), la Ley Nº 3.439, del 7 de julio de 1911, creó la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) cuyos objetivos concretos eran la unificación de las instituciones deportivas, la publicación de material especializado, el fomento de la fundación de “plazas de juegos” (entonces comenzó la instalación oficial de las plazas de deporte), la búsqueda de recursos para el dictado de conferencias, la elaboración de un plan de educación física obligatorio para Educación Primaria y Secundaria y el combate de las causas de deterioro físico en la infancia y en la juventud. La Comisión emprendió su acción en tres direcciones principales: la educación física comunitaria – con la instalación de las plazas de deporte, que surgieron como se dijo merced a iniciativas tanto oficiales como comunitarias -, la educación física en el sistema educativo – cuya concreción demoró décadas – y el deporte.

El Prof. Gomensoro en la primera parte de la citada “Historia del deporte, la recreación y la educación física” establece una periodización de las actividades estudiadas. En su relato ubica un “periodo inicial” que se extiende entre 1840 y 1900; un “periodo fundacional” entre 1900 y 1930; uno de “desarrollo” entre 1930 y 1960, seguido de un “periodo de estancamiento” entre 1960 y el 2000 y uno “contemporáneo” del 2000 a la actualidad.

El Prof. Carlos Demasi al hacer la recensión del libro de Gomensoro 2 destaca que la periodización no solamente es necesaria sino que se trata de una construcción del historiador que pone de manifiesto la idea que este tiene del material sobre el que trabaja. Advierte Demasi que Gomensoro señala dos aspectos poco estudiados antes, por un lado una característica poco analizada del primer batllismo: la búsqueda de la cooperación de instituciones privadas, inclusive internacionales como la YMCA de los Estados Unidos, cuyo profesor Jess Hopkins fue un precursor de la formación en educación física y las plazas de deportes. Por otro lado se percibían las tendencias eugenésicas, en pos de un pueblo “sano y fuerte”, que fundamentaba el impulso de las expresiones atléticas.

En esa etapa fundacional se ubica entonces el establecimiento de las plazas de deportes, a partir del año 1913, primero en Montevideo (en 1918 había siete en la capital y 15 en todo el país; en 1929 ya había setenta y cinco). Los orígenes de la que llegó a ser y sigue siendo la mayor Plaza de Deportes de la capital, la Plaza de Deportes Nº7 del Paso del Molino3 parecen haber sido prototípicos. En efecto, en las actas de la Comisión Nacional de Educación Física figura una resolución del mes de enero de 1918 (la Nº 3.592) por la que el organismo respondía a una solicitud de la “Comisión Vecinal del Paso del Molino y el Pantanoso” que por nota del 10 de enero pedía se le asignase un número a la plaza de deportes instalada “en el Jardín Público de la localidad”. La respuesta de la CNEF fue positiva y se le asignó el Nº7.

Esta Plaza de Deportes fue el resultado de un verdadero proceso fundacional que dur{o muchos meses. En junio de 1918, la CNEF adoptó la resolución Nº 4.028 que señala “acéptase la proposición hecha por la Comisión Vecinal de Educación Física de Paso del Molino y el Pantanoso, en su nota del 3 de junio de 1918, para dotar a la Plaza de Deportes Nº7, de un sube y baja completo y un tobogán más, cuyo costo será pagado por mitad y otórgasele por una sola vez una asignación extraordinaria de $ 150 pagadera en cuotas de $ 25 mensuales, a fin de iniciar el funcionamiento de la citada plaza”.

En agosto de 1918, por Res. N.º 4252, la CNEF pasó “a Contaduría una nota de la Comisión Vecinal de Paso del Molino y el Pantanoso, de fecha 20 del corriente, agradeciendo la asignación extraordinaria de $ 150 que le otorgó la Comisión Nacional, pagadera en mensualidades de $ 25 para iniciar el funcionamiento de la Plaza de Deportes N.º 7, y solicitando la opinión de la Comisión Nacional, sobre si sería posible a la Vecinal, entregar en Tesorería, en pago de las cuotas que se vayan retirando, los recibos expedidos por el Guardián de la Plaza” (sic).

Estos intercambios demuestran que la Plaza Nº7 funcionaba precariamente desde antes de 1918. Los vecinos de varias poblaciones (Paso del Molino, Belvedere, Pueblo Victoria y La Teja entre otros barrios que se habían ido incorporando al entramado urbano de Montevideo durante el último cuarto del siglo XIX, jugaban y se recreaban en el “Jardín Público” que en los planos de la época aparece exento de edificios y arbolado, salvo algunas construcciones menores, tal vez viviendas precarias, sobre la calle Felipe Caballero.

Esos vecinos habían alcanzado un grado de organización suficiente para mantener un funcionamiento regular, para dotarse de los equipos elementales para deportes atléticos y actividades recreativas infantiles y juveniles (toboganes, sube y bajas, hamacas, etc.) que eran el equipamiento normal de todas aquellas primitivas Plazas de Deportes, para costear un Guardián de la Plaza que cuidara del predio y los aparatos y, lo que es más importante, para tomar la iniciativa de promover su centro deportivo y recreativo comunitario y para pedir ayuda a la CNEF para materializarlo.

Durante la etapa llamada de desarrollo no solamente se extendieron las plazas a todo el país, se desarrolló la formación de profesores de educación física (institucionalizada en 1939), se instalaron las primeras piletas de natación (y el pabellón flotante de natación en la bahía de Montevideo) sino que empezaron a manifestarse varios fenómenos típicos de las sociedades modernas, por ejemplo, la distinción entre deportistas y público, el desarrollo de los deportes de masas, el surgimiento de las hinchadas y la aparición de los dirigentes en la administración del deporte.

El deporte, en tanto fenómeno social, confirmaba su doble carácter: era una expresión específica de la evolución de la actividad física recreativa y al mismo tiempo ponía de manifiesto los movimientos y transformaciones sociales y políticas que se producían en la sociedad uruguaya 4. Así llegó la etapa del “estancamiento” que, desde el punto de vista de las plazas de deporte implicó la decadencia de las instalaciones, el deterioro de los equipamientos y de los edificios, la pérdida de eficiencia de los deportistas, el desinterés del público o su migración hacia otras actividades.

Demasi advierte que la de Gomensoro, como todas las periodizaciones históricas de los acontecimientos, puede ser ambivalente. De este modo durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) desde el gobierno se dio impulso a los juegos atléticos estudiantiles y se extendió la Educación Física a los liceos pero esto se hizo con fuertes connotaciones autoritarias, imposiciones, violencia, corrupción y arbitrariedades típicas de esos años, que también impregnaron los ámbitos del deporte con actitudes y gestos represivos, muchas veces duraderos y difíciles de erradicar.

Una nueva vida para las Plazas de Deportes – En el año 2000 se produjeron algunas transformaciones institucionales. Los proyectos renovadores para las Plazas empezaron a plasmarse años después. La CNEF adoptó un rango cuasi ministerial (como dependencia del Ministerio de Deporte y Juventud, primero y del Ministerio de Turismo y Deporte después) hasta que en el año 2015 tomó su forma e inserción actual como Secretaría Nacional del Deporte (SND), directamente dependiente de la Presidencia de la República.

En el año 2009, se produjo a nivel gubernamental una iniciativa, conocida como las “Plazas del siglo XXI” destinada a insuflarle nueva vida a las viejas Plazas de Deportes. En el 2012 se dio a conocer el Plan Nacional Integrado de Deporte (PNID), cuyo equipo redactor fue encabezado por Ernesto Irurueta (que fue titular de la Dirección Nacional de Deportes, antecedente inmediato de la SND) y por Miguel Blasco, Coordinador General del Plan.

La verdad es que el PNID despliega una panoplia impresionante de propuestas interesantes sobre el deporte y la educación física. También despliega esquemas administrativos y mucha terminología evocativa del llamado New Public Management y de las modas de gestión empresarial (por ejemplo el esquema diagnóstico FODA y las citas al dinosaurio de las teorías corporativas, el finado gurú Peter Drucker) pero apenas le dedica atención a las Plazas de Deportes salvo en relación con la categoría “deporte comunitario”.

Sería prolijo citar in extenso el texto del PNID, que además es un tanto reiterativo pero, de muestra, basta un párrafo que aparece bajo el acápite “Conclusiones del Diagnóstico”. En él se alude como fortaleza la tradición democrática del Uruguay y la consideración del deporte como un derecho humano en el que, “a través del Estado y la sociedad civil, inicialmente, y hacia fines del siglo XX desde los gobiernos departamentales, se fue construyendo un entramado de institucionalidad muy fuerte y extenso, con gran participación pública y con protagonismo de los clubes, federaciones, Comité Olímpico, con numeroso trabajo voluntario de liderazgo”. Llama la atención que las plazas de deportes no sean tenidas en cuenta aunque es de suponer que la enunciación no es taxativa.

Más adelante el documento sostiene lúcidamente que “llegados a este punto del siglo XXI, se evidencia la falta de un sistema deportivo definido – un modelo integrado y eficaz para el deporte, expresado en una norma jurídica moderna y didáctica, que distribuya claramente las competencias y responsabilidades entre el sector público y el sector privado, establezca los mecanismos formales de coordinación entre ambos, y donde cada institución tenga reconocido su lugar, su papel y su responsabilidad en la progresión de nuestro deporte”.

En julio del 2009, un asesor del entonces Director Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, afirmó que las plazas de deportes uruguayas cuentan con una infraestructura que data de principio del siglo pasado. Los elementos que se le han agregado no han sido bajo ningún orden lógico. “Hoy consideramos que la plaza como espacio de uso público debe tener una serie de condiciones que permitan el acceso, el disfrute y la realización de un montón de espectáculos que, si bien no tienen que ver con el deporte, si lo tienen con los intereses y las demandas que la sociedad registra hoy”.

Un grupo interdisciplinario en el cual se integró a técnicos propuestos por el gobierno y por la Asociación Cristiana de Jóvenes (arquitectos, sociólogos, asistentes sociales y creativos publicitarios) diseñaron las Plazas del Siglo XXI. A los espacios deportivos que forman parte de las plazas – dijo el vocero – se le sumarán una serie de nuevas actividades. Entre las cosas que se les pensaba incorporar había ollas de skate, piscinas de macro natación, canchas de bochas, locales para biblioteca, cibercafés, cantinas, locales de policlínicas y de redes de pago. “La intención es generar espacios de fuerte interacción público-privada, donde puedan confluir distintos servicios que el Estado brinda en forma desordenada”, señaló el asesor. La idea del proyecto es que todo esté concentrado en la plaza y se halle allí un espacio de apropiación para la gente.

La primera experiencia se llevó a cabo en Montevideo. Las tres primeras plazas que en el formato siglo XXI serán la número siete, “ubicada en la zona del Viaducto”; la plaza cinco, “situada en 8 de octubre y 20 de febrero”; y la plaza 11 del Cerro. “El proyecto más ambicioso es el de la plaza siete, ya que es una plaza muy grande y nos jugamos toda la batería”, dijo Fraga.

Esta gran inversión y extraordinario esfuerzo se llevó a cabo aunque la continuidad del proyecto parece haberse enlentecido. Específicamente la Plaza del Paso del Molino, con su renovada denominación como Centro Deportivo y Recreativo Plaza de Deportes Nº7, es una pujante institución con más de 3.500 usuarios regulares, con una presencia cotidiana de más de mil personas por día, mujeres y hombres de todas las edades, en todo tipo de disciplinas y actividades con una importante concentración de actividades en la pileta climatizada que se inauguró hace tres años. La gran significación como centro comunitario arroja guarismos sorprendentes: treinta grupos correspondientes a otras tantas escuelas primarias y numerosas ONGs que llevan a sus pupilos.

Como se dio desde sus orígenes, la identidad misma de las plazas de deportes requiere una conjunción entre los funcionarios públicos y los usuarios y/o vecinos que participan como Comisión de Apoyo (o como Comisión de Fomento). De hecho, sin estas comisiones honorarias el funcionamiento de las plazas de deportes sería sencillamente imposible porque, de hecho son responsables de la viabilidad económica de la institución y la expresión más acabada de la apropiación comunitaria de la institución, lo que garantiza su inserción local, la calidad de sus servicios, la pertinencia de sus actividades y su capacidad de mejora, de desarrollo y de crecimiento.

La aparición de la gobernanza – Los puntos de conjunción entre instituciones públicas y las comunidades u organizaciones de la sociedad civil plantea numerosos problemas; la articulación de lo público con lo privado, sobretodo si el ámbito de lo privado es una entidad ciudadana o personas físicas o jurídicas agrupadas en una comisión de vecinos, requiere conjugar en términos concretos ciertos conceptos muy repetidos, por ejemplo, la convivencia, la inclusión social, la participación ciudadana, la representación de las comunidades locales, la descentralización. En este entorno suele aparecer un concepto ambigüo y polémico: la gobernanza, el sistema de la gobernanza o la constelación de la gobernanza.

Esa articulación entre gobernantes o sus representantes y los gobernados o ciudadanos siempre supone una asimetría que debe ser tenida en cuenta para el desarrollo de las políticas públicas y todos los conceptos que se plantean como deseables, para una relación fluida entre unos y otros, para alcanzar consensos o acuerdos democráticos y por ende una sinergia positiva que, como es sabido, no puede conseguirse en forma profunda, productiva y duradera con la mera imposición burocrática o a través de la aplicación del principio de autoridad.

En materia de Plazas de Deportes dicha articulación esencial – pues de ella depende la vida misma de la institución – se da en la conjunción con una Comisión de Apoyo o Comisión de Fomento, o de Apoyo y de Fomento o como quiera llamársele que es, al mismo tiempo, la expresión del arraigo de la institución en su medio y la fuerza decisiva que los usuarios, es decir la comunidad, insufla a su Plaza de Deportes. Una Comisión de Apoyo, integrada en forma totalmente honoraria, provee no solamente un trabajo voluntario fundamental sino que aporta los medios económicos, la iniciativa y el control por parte de los usuarios que indica una efectiva participación de la sociedad en la vida de la Plaza.

La gobernanza – por su parte – es un concepto téorico aparecido en la última década del siglo pasado para designar la eficacia, calidad y la buena orientación de las intervenciones del Estado, que proporcionan la legitimidad a lo que a veces se define como “una nueva forma de gobernar” en el marco de la globalización neoliberal. El concepto tiene mucho que ver con las interacciones de los administradores públicos con el mercado y con las organizaciones privadas o con la sociedad civil (empresas, asociaciones patronales, sindicatos, asociaciones civiles) que no están jerárquicamente subordinadas al Estado.

El término es polisémico y polémico. Se utiliza en administración, en ciencias sociales y políticas, en organismos internacionales 5. Gobernanza no es sinónimo de gobernabilidad. Para la última edición del Diccionario de la Real Academia Española la gobernanza es “el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado”. Se trata de un concepto nacido bajo el utilitarismo económico que oculta, ciudadosamente, que la legitimidad no se consigue sólo con eficacia y eficiencia sino que es fundamental el elemento democrático en el que se conjugan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía en el manejo de la cosa pública.

Críticos menos benévolos de la gobernanza, como el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, José Estevez Araujo 6, sostienen que el neoliberalismo no sólo ha supuesto la desregulación y privatización de empresas públicas y no se ha limitado a disminuir el poder del Estado y a aumentar el del mercado, de modo que las contraposiciones regulación/desregulación y público/privado, son insuficientes para entender las transformaciones que han tenido lugar en el ámbito jurídico-político.

En un mundo en el que se trata de que los entes públicos actúen como privados y en el que los privados tienen el poder de evaluar y controlar la actividad de los públicos, los peligros para cualquier entidad estatal no es la privatización sino que se imponga gestionarlo con criterios de una empresa (eficiencia, rentabilidad, objetivos fijados desde fuera, pautas de calidad en función del “mercado” o sometimiento al control de empresas privadas).

La Comisión Europea, ya en el año 2001, sostenía que la via legislativa a menudo constituye solamente una parte de las soluciones más amplias en materia de relaciones entre el gobierno y la sociedad civil que combina normas formales y reglamentos con otros instrumentos no vinculantes, como recomendaciones, directrices e incluso instrumentos de autorregulación acordados conjuntamente y medidas adoptadas por los agentes más interesados sobre la base de su experiencia práctica. Al mismo tiempo enfatiza “la solución de problemas” como contrapuesta y negatoria de la “reclamación de derechos”.

Para descubrir la trampa de la gobernanza hay que distinguir entre su retórica y la forma real que se propone, en nombre de aquella, para la toma de decisiones. La clave está en la toma de decisiones y en la forma en que la sociedad civil, las asociaciones civiles, participan en ella. La retórica de la gobernanza se presenta como una forma de decidir, con participación de la sociedad civil, que consiste en una discusión racional entre los diferentes actores y entre estos y las autoridades. Se sustituye, dicen, las decisiones verticales, de arriba a abajo, por un “círculo virtuoso” de interacción con participación a todos los niveles, desde la definición de políticas hasta su aplicación. Bonita formulación.

Sin embargo, Estevez Araujo considera que la aparición de la gobernanza es consecuencia de los problemas no resueltos por la New Public Management (la Nueva Administración Pública) lanzada por el neoliberalismo desde los países anglosajones para encuadrar la administración pública en los procedimientos y los métodos de las grandes corporaciones transnacionales.

Bajo el sistema de la gobernanza, los encuentros entre funcionarios oficiales y los representantes de las asociaciones civiles, formales o informales, siempre se llevan a cabo en la fase preparatoria y no en las etapas en las que se toman resoluciones. En general los actores no pueden debatir frente a frente, interactuar comunicativamente con otros actores e intercambiar ideas con ellos para llegar a un acuerdo eventual en el que se puedan reflejar todos los puntos de vista.

Investigadores europeos 7 comprobaron que, en realidad, los promotores de la gobernanza no desean que se produzca un debate; las invitaciones se hacen con poca antelación; los documentos están ya cocinados; las consultas on line dan respuestas pre establecidas; las comunicaciones horizontales entre asociaciones civiles similares presentan trabas; los insumos para debatir no son entregados con la debida antelación y, lo que es más importante, no hay intención alguna de modificar lo que ya está decidido a nivel oficial.

Lo que les interesa a los promotores de la gobernanza es reunir elementos para mejorar sus propuestas, para hacerlas más presentables, sin ceder en cuanto a la modificación de contenidos que se han fijado. Es decir, buscan un “consenso preventivo” pues se procura que quienes participan en las “consultas” adquieran implícitamente el compromiso de respetar las prácticas de consulta de la gobernanza y las decisiones ya fijadas. De este modo, en Europa, los planteamientos más críticos fueron excluidos y se dejó el campo libre a posturas más cercanas a los planteamientos oficiales de corte neoliberal.

Está claro que la gobernanza no es un instrumento de cambio social, ni siquiera para autores reputados como progresistas, como Roberto Mangabeira Unger el brasileño profesor de Harvard. Un sociólogo eminente como el portugués Boaventura de Sousa Santos 8 dice que, en última instancia, lo que le importa a la gobernanza es el mantenimiento del capitalismo y no el fomento de la democracia.

Sin embargo, pese a que estos antecedentes de la gobernanza son bastante conocidos aparecen, en un proyecto de resolución que se aprestaría a adoptar el Secretario Nacional del Deporte, estableciendo el “Reglamento de Relacionamiento entre la Secretaría Nacional del Deporte y las Comisiones de Apoyo y Fomento de los Centros Recreativos Deportivos (Plazas de Deporte)” (sic).

Se trata de un texto articulado – posiblemente un borrador – en formato virtualmente definitivo, en cuyos considerandos se invocan conceptos importantes como “participación ciudadana” y “políticas de descentralización”, y refiriéndose a las Comisiones de Apoyo y Fomento, vitales para el funcionamiento y apropiación de las Plazas por la comunidad, se afirma que “representan a la comunidad local, participan en el sistema de gobernanza y colaboran activamente en el mejor funcionamiento de los Centros Deportivos y Recreativos, generando recursos y aportando trabajo voluntario”.

La norma que, según parece, se piensa imponer limita la participación de las asociaciones civiles en la toma de decisiones y en general reduce sus potestades a simples recaudadores de fondos, concentra el poder decisorio en los funcionarios públicos (Directores de las Plazas), quita derechos a los representantes de los usuarios y en cambio les endosa responsabilidades ignorando que no puede haber responsabilidad sin autoridad ni autoridad sin responsabilidad 9. En fin se trata de un verdadero engendro de la gobernanza que demuestra, en la práctica, que la retórica encubre el burocratismo anti democrático que esteriliza la participación popular y que reduce a las Comisiones de Apoyo a meras comparsas aquiescentes.

Ahora se impone que las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte tengan una reacción, acorde con el gran esfuerzo y el empeño que han puesto en pro del desarrollo deportivo y la recreación, sometan estos a una profunda revisión y especialmente a un proceso verdaderamente democrático, tanto de su discusión con las asociaciones civiles y agrupamientos de vecinos y usuarios que deberán ajustarse al Reglamento, como para garantizar la participación en un proceso sometido a controles estrictos de cogestión y de respeto por la autonomía y el aporte desinteresado de la comunidad.

 

Lic. Fernando Britos V.

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1Un aporte reciente y muy valioso pero primario es el que puede apreciarse en Gomensoro, Arnaldo (2015) “Historia del deporte, la recreación y la educación física en el Uruguay”. Montevideo, Instituto Universitario de las Asociación Cristiana de Jóvenes.

2Demasi Herrera, Carlos (2015) Recensión de un libro. En: Revista Universitaria de le Educación Física y el Deporte; N.º 272 (noviembre del 2015).

3La Plaza N.º 7 ocupa casi la totalidad del espacio circunscripto por la Avenida Agraciada, el Camino Castro, las calles Felipe Caballero y Marcelino Díaz y García y se instaló en 1918, antes de que este predio municipal fuera denominado como Plaza Melchor Pacheco y Obes por la Junta Económico Administrativa de Montevideo (el 28 de noviembre de 1919) y también antes de que se levantara el edificio de la agencia del BROU en Agraciada y Castro (en 1921).

4Cfr. Dogliotti Moro, Paola (2014) Educación del cuerpo y discursividades en torno a la formación en educación física en Uruguay (1879-1948). Udelar-CSIC, Montevideo.

5Típico es el “Libro Blanco de la Gobernanza Europea” al que se puede acceder en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf

6Cfr. Estevez Araujo, José A. (2010) Que no te den gobernanza por democracia. Asequible en : www.pensamientocritico.org/josest0510.pdf

7Kröger, Sandra (2008) Nothing but consulting: The Place of organised civil society in the EU policy-making across policies. University of Exeter.

8Sousa Santos, Boaventura (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Editorial Trilce.

9El proyecto de reglamento tiene abundantes defectos formales y algunos de fondo muy protuberantes; por ejemplo, no se define con claridad cuales son fondos públicos y los requisitos de controles ex ante y post facto de los mismos. Se atribuye a las Comisiones de Apoyo la recaudación pero su participación en la contratación de personal es nula aunque se les endosa después la responsabilidad de despedir al personal contratado. Se enfrenta directamente al modelo normativo de las asociaciones civiles sin fines de lucro que promueve el MEC estampando sobre las entidades con personería jurídica imposiciones impertinentes que vulneran las garantías democráticas de sus estatutos y pretende transformarlas en meros apéndices de los jerarcas estatales.

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